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Si la crítica de las leyes es libre, también lo es la de las sentencias, de modo que tanto los legisladores como los jueces pueden ser criticados por las normativas o los fallos que dicten en el ejercicio de sus respectivas funciones. No lo estiman así, en lo que a estos últimos atañe, los indignados jueces del grupo de WhatsApp, reunidos bajo el sugestivo título “Sentencia capital” y encabezados por Elio Ovelar, a la hora de abroquelarse en defensa de su colega Wilfrido Peralta, autor de una inicua condena contra la directora de este diario, Natalia Zuccolillo, y del periodista Juan Carlos Lezcano.
El juez Ovelar, denunciado en 2021 por enriquecimiento ilícito y a quien la Cámara de Apelaciones apartó del caso aludido tras ser recusado por la defensa debido a su parcialidad, inició la andanada en pro del verdugo de la libertad de prensa, exhibiendo la portada de ABC Color que destacaba el rechazo unánime a la sentencia y agregando este comentario, transcrito literalmente, aunque cueste creerlo: “Apriete para la camara de apelaciones se llama esto ojo todos lodias van a sacar en tapa”. Agregó, siempre violando despiadadamente la ortografía y la sintaxis castellanas: “Libertad de prensa Asi mismo vamos a ver que dice la camara ñembo dueños de la ley” (¿se referirá a los camaristas?) y “Se creen estos de abc”. Terminó su vibrante intervención con este mensaje: “Felicidades dr wilfrido peralta tenes huevo hno para hacer lo que corresponde nomas y acordate de mi la unica felicitaciones que vas a recibir en este grupo porque asi somos”. Si el maltrato al idioma fuera un delito, este juez sería condenado.
Por su parte, la jueza Elsa García quiso elevar tan pedestre nivel, incursionando en la lógica jurídica: “Resulta que la prensa instala una posverdad y eso también está mal. Si tiene un sigolismo (¿silogismo?) y cumple los requisitos no hay porque instalar argumentos ad homine” (sic). También su colega Darío Báez creyó oportuno intervenir con estas señeras palabras, fielmente reproducidas aquí: “Si un juez fue justo y valiente para resolver confirme a derecho (sabiendo lo que le esperaba por parte del 4to poder), ojala sirva de ejemplo para que Camara tome ese coraje de ejemplo y no se deje manipular”. Este parecer tendiente a influir en la decisión de segunda instancia fue compartido por una tal “Mafe” (¿María Fernanda García de Zúñiga?), Elsa García y Ovelar, el mismo que sobreseyó definitivamente al diputado Carlos Núñez Salinas (ANR) en un proceso por declaración falsa para evadir impuestos.
Al día siguiente, la jueza Laura Ocampos se molestó por haber publicado este diario que ciertos magistrados negaron haber hecho una visita de apoyo a Wilfrido Peralta; palabras literales: “Pregunto al grupo esto esta bien?”, “Hay un hecho punible denominado coacción a un órgano del estado” y, por si los contertulios lo ignoraban, “Nosotros formamos parte de un órgano del estado que es el poder judicial. Porq yo no voy a permitir que violencia mi conciencia”. Valga observar que cuando los artículos 286 y 287 del Código Penal tipifican la coacción a órganos constitucionales, así como al Presidente de la República y a los miembros de dichos órganos, respectivamente, usan la expresión “el que mediante la fuerza o amenaza de fuerza coaccionara”; por lo visto, la jueza cree que informar o criticar implica recurrir a la violencia o a la amenaza de su empleo.
Las opiniones y el castellano de estos juzgadores dan vergüenza ajena: asusta constatar que los justiciables estén en manos de personas prejuiciosas y autoritarias de marca mayor. En especial, estremece que puedan ser periodistas o directores de medios de prensa. Estos señores vulneraron las normas del Código de Ética Judicial relativas a sus relaciones con los medios de comunicación y la sociedad. En efecto, el juzgador tiene que “velar para que su conducta y sus expresiones se caractericen por la objetividad, mesura, respeto, equilibrio, prudencia y sensatez, evitando manifestaciones que pudieran comprometer su independencia, imparcialidad y decoro”. Además, le está prohibido “polemizar sobre procesos judiciales, arbitrales o de mediación, finiquitados o en trámite, sean o no de su competencia” y, aunque puede opinar sobre fallos o asuntos de interés ciudadano o jurídico, debe hacerlo, cabe subrayar, “con criterios científicos y en foros adecuados”.
En efecto, estas disposiciones han sido vulneradas por el grupo “Sentencia capital”, en el que imperan la subjetividad, la desmesura, el irrespeto, el desequilibrio, la imprudencia y la insensatez, esto es, todo lo contrario de lo que debería distinguir los dichos de un juez. Sus miembros se convirtieron en los paladines del nefasto corporativismo judicial, que se traduce en aquello de “hoy por ti, mañana por mí”. Es sabido que los sinvergüenzas que prevarican suelen protegerse unos a unos en defensa de su “independencia”, rasgándose las vestiduras cuando sus miserias salen a la luz. La prensa libre puede y debe vigilarlos. Tienen que aceptarlo, aunque sea comprensible que solo quieran ser controlados por un órgano que hasta no hace mucho fue presidido por Óscar González Daher (+), condenado por tráfico de influencias, hermano de otro, Ramón González Daher, que lo fue por usura y lavado de dinero, actividades en las que contó con la colaboración de más de un juez. La ciudadanía espera ahora con ansias que el grupo de marras manifieste su calificada voz de aliento al ministro Antonio Fretes.