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Es de suponer que los agentes policiales están para proteger a la población y no para ocasionar víctimas inocentes, debido a lo que parece una impericia u otras causas. Que esto último ocurra una vez, ya es motivo de preocupación, pero que situaciones similares se repitan una y otra vez, ya es motivo de gran alarma y se deben buscar con urgencia las medidas correctivas. De hecho, para el cumplimiento de su misión, los agentes pueden apelar al recurso del uso de armas, cuando la ocasión así lo amerite, pero bajo reglas claramente establecidas.
En efecto, la Ley Orgánica de la Policía Nacional (PN) permite a su personal “emplear sus armas cuando fuere motivado por la exigencia del servicio, luego de realizadas las persuasiones y prevenciones reglamentarias”, en tanto que su Manual de Uso de la Fuerza le prohíbe “disparar desde o hacia vehículos en movimiento”, salvo que, de no hacerlo, sea claro que él mismo o terceros inocentes resultarían gravemente heridos, “y no haya otra alternativa”. El personal también tiene vedado “disparar hacia un objetivo no muy definido a través de ventanas...”. Ninguna de estas previsiones habría sido atendida por once agentes policiales del Departamento de Investigaciones y del Grupo Especial de Operaciones del Alto Paraná, que intervinieron en el operativo que en la noche del sábado concluyó con la muerte del conductor de un vehículo y con graves heridas de su acompañante.
Se efectuaron al menos 23 disparos contra el vehículo del occiso, confundiéndoselo con el de un prófugo con orden de captura: no se habría detenido ante una barrera policial, pese a que este procedimiento ya habría sido prohibido para evitar incidentes, pero resulta que “no es tan fácil cambiar la mente de un grupo de 35.000 personas”, según lo afirmado por el comandante de la PN, comisario general Gilberto Fleitas. Este también sostuvo que “el policía no puede estar efectuando disparos haciendo persecución” y que es necesario “auditar la gestión de los colegas” del Alto Paraná, pues un hecho similar ocurrió en julio de este año, cuando siete agentes policiales de Ciudad del Este ultimaron a un inocente automovilista, creyendo que había matado a uno de los suyos en el asalto a una bodega. En otro episodio, en agosto de 2021, uno de ellos disparó durante una persecución vehicular, matando a un hombre sentado en una acera.
En realidad, la auditoría debe extenderse a todo el país, pues en los últimos tiempos se dieron varios casos de uso irracional de armas de fuego por parte de quienes deben proteger la vida de las personas, en vez de acabar con ella o ponerla en peligro. En mayo de 2020, un niño fue herido en San Lorenzo por tres disparos policiales contra el vehículo en que viajaba y que había eludido una barrera; en noviembre, agentes del Grupo Lince hirieron a una niña en una intervención en un barrio marginal asunceno; en abril de este año, un agente policial de Nueva Esperanza (Canindeyú) hirió mortalmente a un adolescente, mediante un disparo “intimidatorio”, al proceder contra una carrera clandestina de motocicletas; en julio, un joven recibió en una estación de servicios de la capital un tiro de escopeta, hecho por un agente de la Comisaría N° 13. Este breve recuento de hechos sangrientos, protagonizados por la PN en perjuicio de personas inocentes, revela una pavorosa falta de formación y de entrenamiento de su personal.
El comandante Fleitas afirma que quien ignore que el policía no debe disparar en el curso de una persecución “no es policía”. Se plantea así la pregunta de qué están haciendo la Academia Nacional de Policía y el Instituto Superior de Educación Policial para que los alumnos lo sepan o transmitan esa prohibición a sus subordinados. ¿Cómo es que algunos llegaron a egresar de dichas unidades académicas sin haber aprendido una cuestión tan básica, en general, que el uso de armas de fuego solo es permisible cuando “no haya otra alternativa”? Hay suficientes motivos para impugnar la calidad de la enseñanza impartida y la seriedad de los exámenes psicotécnicos de admisión en la Academia, en cuyo portal se lee que “ofrece a los cadetes, una formación profesional básica, de alto nivel técnico-científico y táctico, proporcionándoles conocimientos, actitudes, valores, habilidades y destrezas, requeridas para el desempeño del policía”.
El historial de la PN desmiente esa pretensión, pues hay uniformados que son un verdadero peligro para la sociedad. Aparte de que desconocen las exigencias de la función policial, carecen del equilibrio anímico indispensable para su ejercicio: la institución que integran está minada no solo por la corruptela, sino también por la ineptitud intelectual o psicológica. El proyecto de ley “de reforma y modernización de la PN”, en estudio, debería atender esta trágica realidad: de poco valdrá regular el mecanismo de ascensos, el método de asignación de cargos, el régimen disciplinario, la estructura organizativa y el sistema jubilatorio, si las personas pueden temer que una intervención policial afecte su vida o su integridad física.
El hecho de que la frase “gatillo fácil” sea aplicada a policías y no a delincuentes, debe ser motivo no solo de preocupación sino de vergüenza para la fuerza.