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Tal como se temía en el año electoral, el Congreso no para de aumentar el gasto público corriente, con subas salariales indiscriminadas y contratación de más personal sin depuración previa de las planillas, ignorando el serio deterioro macroeconómico y el peligro que corre la sostenibilidad fiscal. Esta semana el Senado inicia la última ronda del tratamiento del proyecto de Presupuesto 2023 y todo indica que se terminará de echar por tierra la promesa de reducir el déficit hasta volver a una situación de relativo equilibrio que pueda reencaminar el país por la senda del crecimiento real, la reducción de la pobreza y el desarrollo.
Pareciera que una mayoría parlamentaria ya olvidó, o directamente no le importa, que hubo una pandemia y una prolongada situación de emergencia, con un dispendio sin precedentes de fondos públicos, lo cual provocó un descalabro de las cuentas nacionales, un desborde del déficit, del endeudamiento y de los agregados monetarios, disparada de la inflación y del tipo de cambio, con un impacto directo sobre el bolsillo y la calidad de vida de la gente.
Pese al agotamiento del margen fiscal y los encarecidos ruegos del Ministerio de Hacienda, primero la Comisión Bicameral de Presupuesto y luego la Cámara de Diputados decidieron elevar los gastos fijos por encima de la verdadera capacidad de financiamiento del Estado, con la típica artimaña de inflar la estimación de ingresos, es decir, con la expectativa de exprimir todavía más a los contribuyentes y a la economía formal.
Esta es una fórmula tan engañosa como peligrosa, porque los ingresos no van a ser mayores por arte de magia o porque a los congresistas les dé la gana, pero los gastos fijos no se pueden dejar de ejecutar. La consecuencia es que, a la hora de la verdad, habrá para pagar los salarios de los funcionarios, pero faltará para todo lo demás, se tendrán que hacer recortes a programas sociales, a inversiones públicas y mantenimiento, escasearán remedios e insumos en los hospitales, las escuelas seguirán viniéndose abajo, y en general habrá un deterioro de las contraprestaciones estatales a la ciudadanía.
Para mayor incongruencia, por un lado el Poder Legislativo eleva la estimación de ingresos, pero por el otro corta fuentes de recaudaciones, como con la reciente sanción de la ley que permite deducir el 100% del IVA por compras en supermercados, con un impacto en el fisco de 110 millones de dólares al año.
Más allá del debate doctrinario sobre la naturaleza del IVA y otras consideraciones acerca de si dicha ley es o no pertinente, en principio cualquier alivio tributario puede tener un efecto positivo en el consumo, la inversión y la reactivación económica. Pero para poder reducir impuestos hay que reducir gastos, y sin embargo se hace todo lo contrario.
Los aumentos en el presupuesto del año que viene son solo parte de una seguidilla de leyes que han estado aprobándose en el mismo sentido, muchas vetadas por el Poder Ejecutivo, algunas de ellas ratificadas y otras en proceso de serlo.
Son ampliaciones presupuestarias para creación de cargos, ajustes salariales, remuneraciones extraordinarias, y otras todavía más insólitas, como la que otorga una “compensación histórica” a supuestos 16.000 extrabajadores de contratistas y subcontratistas de Itaipú, por casi 1.000 millones de dólares a costa del patrimonio de los paraguayos, por relaciones laborales de hace 20 a 50 años, pese a que esas personas nunca estuvieron en relación de dependencia con el Estado, ni directamente con la entidad binacional.
Otro proyecto vetado que habría significado un durísimo golpe sobre las finanzas públicas es el que equiparaba los haberes jubilatorios de los funcionarios públicos retirados con las remuneraciones de los funcionarios activos. El veto finalmente se aceptó, pero el peligro sigue latente, porque nada en absoluto se está haciendo para controlar el déficit de la Caja Fiscal, el cual, según cálculos oficiales, ascendería a 2.500 millones de dólares al año ya durante el próximo período presidencial.
Esta tendencia en el manejo de la cosa pública es absolutamente insostenible. De continuar, el efecto ineludible será la suba de impuestos y aún más inflación, todo a costilla de la mayoría de la gente. La Cámara de Senadores tiene hasta fin de mes para definir el Presupuesto 2023. Distintos grupos de funcionarios, que increíblemente hasta tendrán asueto para ello, como en el caso de la UNA, se preparan para manifestarse y presionar por los incrementos. Aunque la clase política no da mucho espacio para la esperanza, ojalá prime el interés del resto de la sociedad, la que no vive del Estado pero contribuye para mantenerlo, que es más del 80% de la población.