Cargando...
Pues bien, la Ley N° 2523/04 castiga con hasta cinco años de cárcel a quien reciba dinero para influir ante un magistrado o un fiscal con el fin de “obtener la emisión, demora u omisión de una resolución o fallo en asuntos sometidos a su consideración”. Ahora, salta la información de que el abogado Amílcar Alfredo Fretes, hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Antonio Fretes, habría recibido 368.000 dólares para evitar la extradición a los Estados Unidos del brasileño-libanés Kassem Mohamad Hijazi, acusado de lavado de dinero. Según informaciones a las que accedió nuestro diario, la copia de ese contrato estaba en el celular de Hijazi que fue requisado por el fiscal Lorenzo Lezcano.
Pese a que el tráfico de influencias es un delito de acción penal pública, la Fiscalía General del Estado no dispuso la apertura inmediata de una carpeta fiscal. El fiscal Lezcano dijo que informó de dicho contenido a la fiscala general Sandra Quiñónez, siendo desmentido por esta, lo que vuelve a evidenciar la pésima gestión de ese organismo aparentemente teledirigido. Hijazi fue extraditado el último 8 de julio. Doce días más tarde, el ministro Fretes afirmó sugestivamente, en una sesión plenaria de la CSJ, que su nombre no podía ser invocado ni aun por sus propios hijos; ahora dice que acaba de informarse del escándalo a través de la prensa. Es obvio que las actuaciones “profesionales” de su hijo no lo involucran necesariamente, ya que este podría haberse limitado a estafar a Hijazi, sin hablar con su progenitor sobre el objeto del contrato firmado. Convendría, empero, que quien preside la máxima autoridad judicial le dé un buen uso al tiempo que pidió a la prensa para pensar en su renuncia.
La putrefacción que afecta en gran medida al Poder Judicial y al Ministerio Público quedó más que nunca evidenciada cuando el tribunal presidido por Claudia Criscioni, que condenó a quince años de prisión a Ramón González Daher, pidió disculpas a las 156 víctimas del gran usurero, lavador de dinero y autor de denuncias falsas, porque unos treinta jueces y fiscales habrían cometido la indignidad de estar a su servicio, mientras su hermano Óscar, condenado por tráfico de influencias, dirigía el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Hasta hoy, ninguno de los cómplices señalados por el tribunal ha sido tan siquiera imputado, como si sus respectivas actuaciones hubieran sido propias de quienes deben impartir justicia o buscar el castigo de los facinerosos.
Al exministro de la CSJ José Altamirano no le sorprendió demasiado este último escándalo, pues se trataría de “un mecanismo normal (...): se acercan a los ministros y a los que tienen una miserable cuota de poder y así se afianzan para el tráfico”. Agregó que “es tiempo de que la sociedad diga que con este mecanismo no podemos seguir”.
En verdad, está visto que quienes manejan los hilos del poder solo reaccionan cuando los ciudadanos se manifiestan públicamente, de manera decidida y continua, o cuando les demuestran su repudio en los lugares donde los encuentren. Pues bien, deben comenzar una cruzada en tal sentido, dentro de lo que permite la ley, para recuperar las instituciones fundamentales de la República.