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Es deplorable tener que subrayar, una y otra vez, que los bienes públicos no deben estar a disposición particular de las autoridades de turno o de las agrupaciones que ellas integran. Empero, resulta necesario incurrir en dicha obviedad, porque quienes ejercen algún poder en el Estado, en una Gobernación o en una Municipalidad, siguen creyendo que es natural usar el patrimonio de todos en beneficio propio o de una organización política, aberración esta última que suele evidenciarse, sobre todo, durante las prematuras campañas electorales, incluso en las de carácter interno. Una buena muestra de esta práctica bastarda acaba de ofrecerla el intendente de Colonia Independencia, José Resquín (ANR, abdista), al organizar un mitin en el salón auditorio de la Municipalidad, donde resaltaba el eslogan “En Independencia somos Fuerza Republicana”.
La ciudadanía puede tomar nota de que todos los pobladores de la ciudad guaireña serían no solo paraguayos o colorados, sino además seguidores de cierto movimiento liderado por el propio presidente de la República, Mario Abdo Benítez, el mismo que, siendo precandidato al cargo que ocupa había fustigado al cartismo por el empleo de recursos humanos y materiales de la administración pública, en beneficio de la precandidatura de Santiago Peña. Aspirando ahora –inconstitucionalmente– a presidir su partido, creyó conveniente asistir a un acto de campaña electoral realizado en un inmueble afectado a un servicio público. Una bofetada para los contribuyentes de todos los demás partidos, así como para los no afiliados, que participaron o participan de la construcción y mantenimiento de la sede municipal. Con su repudiable asistencia, el jefe de Estado aprobó que sea puesto al servicio de un sector político-partidario, esto es, que sea desviado hacia una finalidad impropia, lo que hace temer que hechos similares estén ocurriendo o vayan a ocurrir hasta el 18 de diciembre y luego hasta el 30 de abril de 2023.
Si se prohibió el acceso a los medios de prensa –otra repudiable decisión– fue, quizá, porque el distinguido invitado sintió que algo no estaba bien, que el escenario del mitin, preparado por funcionarios municipales y teñido de rojo, era de algún modo vergonzante. Sin embargo, esa eventual pizca de recato no lo exculparía de haber tolerado que el salón auditorio de la Municipalidad se haya convertido, de hecho, en el de una Seccional Colorada más. En adelante, no tendría mucha autoridad moral para criticar que un intendente cartista destine un bien público al fortalecimiento de las chances electorales de Honor Colorado. Sí la tendrían, en cambio, los ciudadanos honestos que tengan la conciencia clara de que el patrimonio estatal, departamental o municipal no debe atender los intereses de ningún partido o movimiento.
El Presidente de la República y el intendente antes citado sabían que la Ley N° 1626/00 prohíbe al funcionario utilizar personal para fines ajenos a los previstos para el organismo donde trabaja “y, en especial, ejercer cualquier actividad política partidaria dentro del mismo”, así como “usar la autoridad que provenga de su cargo para influir o afectar el resultado de alguna elección, cualquiera sea su naturaleza”. Ni siquiera pueden vestir o cargar insignias o uniformes proselitistas dentro de las instalaciones públicas. Pero, para estas autoridades indignas, la ley es letra muerta.
Otra variante de la perversión comentada es la de regalar bienes estatales en el marco de la campaña electoral interna, tal como lo ha hecho el gobernador del Alto Paraguay, José Domingo Adorno (ANR, abdista), precandidato a diputado, quien en compañía de su esposa, Silvana Fretes, precandidata a gobernadora, y de funcionarios ministeriales, entregó a indígenas maskoy alimentos balanceados y equipos de trabajo proveídos por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
Estas indignantes prácticas muestran que la mentalidad de nuestros políticos no ha evolucionado un milímetro. Los ciudadanos deben impedir que castas voraces sigan manejando como propias instituciones que pertenecen a todos, y para el efecto deben repudiarlos negándoles sus votos a quienes, en vez de ser sus servidores, se comportan como sus verdugos.