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La libertad de prensa es inherente al sistema democrático, siendo inadmisible que sea coartada mediante resoluciones administrativas o judiciales. Al decir del tercer presidente norteamericano, Thomas Jefferson, “la prensa es el mejor instrumento para instruir la mente del hombre, y para mejorarle como ser racional, moral y social”. Su cometido de opinar e informar en beneficio de la sociedad presupone que esté libre de las trabas o amenazas de quienes ejercieron o ejercen una función pública: si ellas son brutales bajo una dictadura, pueden ser “civilizadas” en un Estado de Derecho, siempre que la judicatura no preserve su independencia por falta de honestidad o de valor cívico.
En verdad, resulta perverso el reiterado intento de utilizar las querellas por calumnia, difamación o injuria para practicar la censura a posteriori, en defensa del supuesto buen nombre mancillado por las revelaciones de las fechorías del ofendido. Intentar valerse del Poder Judicial para “matar al mensajero” implica la pretensión de desvirtuarlo para que la arbitrariedad o el peculado ni siquiera tengan una condena moral, así como ignorar que el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión comprende el de “buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole”, según la Convención Interamericana de Derechos Humanos. En otras palabras, están en juego derechos correlativos del periodista y del ciudadano, que deben ser respetados mal que les pese a quienes creen que pueden ser hechos punibles las noticias y las críticas sobre las acciones de un funcionario.
Al respecto, en el fallo absolutorio dictado el último 12 de septiembre en la causa “Natalia María Zuccolillo Pappalardo y otro s/ calumnia y otros”, el juez Juan Carlos Zárate Pastor sentó una postura digna de ser recordada en defensa de la libertad de prensa, cuando es aviesamente atacada en sede judicial. Aparte de señalar que ciertas publicaciones de este diario referidas a la exviceministra de Tributación Marta González Ayala fueron veraces, el juez sostuvo que el denunciante de un intento de despojo “solo ha hecho uso de su derecho de expresión como garantía fundamental que asegura el Estado de Derecho”.
El sentenciador agregó que en la legislación nacional la prensa goza de una seguridad fundada en “el reconocimiento de que la libertad de prensa es uno de los grandes baluartes de la libertad y nunca puede ser restringida sino por sistemas despóticos”. Por lo demás, el derecho a informarse no solo protegería un interés individual, sino que también garantizaría una “opinión pública libre, propia de los Estados democráticos y republicanos”. El serio problema, cabe añadir, es que también en ellos hay quienes, ocupando o habiendo ocupado un cargo público, pretenden que se desconozcan ciertos asuntos de interés público o que, en todo caso, no se opine sobre ellos, sobre todo cuando aparecen involucrados.
Es demasiado valioso lo que la prensa libre presta a una sociedad. Las investigaciones solo molestan a quienes tienen algo que esconder. Nuestro diario, a través de sus notas e investigaciones –tal como lo hicieron o hacen otros medios de comunicación–, ha contribuido desde su aparición a defender el patrimonio público, a denunciar las injusticias, ha salido en defensa de los más débiles y ha desenmascarado aberrantes casos de corrupción o la manipulación de las instituciones públicas por personas o grupos de poder. Uno de los más emblemáticos ha sido, en los últimos tiempos, el cuasi apoderamiento de la Justicia por parte del clan González Daher, mediante la indignante utilización de fiscales y jueces para sus fines particulares.
La judicatura no debe estar al servicio de los intolerantes y de los que tienen algo que ocultar. Estos sempiternos enemigos de la libertad de expresión e información se abstienen hoy de recurrir a la Policía, pero no por ello son menos perversos: preferirían, desde luego, una dictadura como la que clausuró este diario en 1984, mediante una resolución administrativa, pero no cejan en su empeño de acallar las voces que les incomodan, aunque más no sea en el ámbito tribunalicio.
Quede claro que, por su parte, este diario seguirá bregando por la vigencia de la libertad y por el cultivo de la probidad en la administración del dinero de todos, sin arredrarse ante los ataques de quienes no se destacan precisamente por honrar esos valores.