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Desde hace al menos medio siglo, se ha gastado un montón de dinero en materia de convenios de cooperación, seminarios, cursos, venida de expertos del exterior, viaje de funcionarios y técnicos paraguayos, entre otros conceptos, para mejorar las condiciones del lago Ypacaraí, que ha venido presentando un paulatino deterioro al punto de que actualmente sus aguas con frecuencia no pueden ser utilizadas para fines recreativos. Es increíble que, en todo este tiempo, no se haya podido hacer nada apreciable para mejorar la situación de este importantísimo pulmón ecológico y recurso turístico de nuestro país.
En efecto, como cada año, el lago Ypacaraí vuelve a los titulares en vísperas de la estación veraniega y no precisamente porque vaya a solazar a sus visitantes, sino por la aparición de algas que le dan un repulsivo aspecto. Sigue siendo uno de los problemas insolubles de este país pese a las múltiples consultorías y a la existencia, desde 2018, del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), sucesora de la Secretaría del Ambiente (Seam), encargado de aplicar la ley de los recursos hídricos del Paraguay. Por si fuera poco, dos años más tarde surgió la Comisión Nacional de Gestión y Manejo del Lago Ypacaraí y su Cuenca (Conalaypa), dependiente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) e integrada por su máxima autoridad, así como por la del Mades, la del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, la de la Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales del Congreso, la de las Gobernaciones de los Departamentos Central y de la Cordillera, la de las siete Municipalidades de la cuenca, dos senadores y dos diputados. Por si fuera poco, también forman parte como asesores “en las materias de sus respectivas competencias e intereses”, representantes de las Municipalidades de la cuenca y otros designados por organizaciones no gubernamentales.
Hasta la fecha, esta imponente estructura institucional, en la que se conjugan dos Poderes del Estado, tres niveles político-administrativos y la sociedad civil, no ha servido para mucho más que instalar “geobolsas” en la desembocadura en el río Salado y tildar de ilícito el relleno de un sector de los humedales del lago, autorizado por la Corte Suprema de Justicia. Y bien, su director, Renato Máas, acaba de informar que el laboratorio del Mades ha constatado –¡qué novedad!– que la masa de agua no es apta para el baño y que ninguna de las playas municipales se halla aún habilitada para servir de balneario, agregando como consuelo que las algas detectadas en octubre no son tóxicas.
Como se ve, la deplorable historia se repite, pese a los constantes y aparatosos gestos legislativos, burocráticos e intelectuales, incluso con asistencia extranjera: está visto que sirve para hacer creer que la vieja problemática se encara con la seriedad debida, pero también que la superposición de funciones, la ineptitud y la negligencia se imponen una y otra vez. La heterogénea composición de la Conalaypa conspira contra la aplicación de su propia ley orgánica, de la referida a la evaluación de impacto ambiental y de la que declara área silvestre protegida el lago Ypacaraí y los humedales adyacentes.
Su ley de creación, promulgada el 9 de enero de 2020, dispone que ella debe promover, coordinar, articular y ejecutar las acciones, obras o emprendimientos necesarios para lograr cuanto sigue “en el plazo de tres años computados a partir de la promulgación”: 1. el control y la disminución de los impactos ambientales negativos que alteran el equilibrio del lago Ypacaraí y su cuenca; 2. la recomposición del lago; 3. “un sistema interinstitucionalmente coordinado de control y monitoreo que permita prever su conservación sostenible”. Se puede tener la certeza de que el 9 de enero de 2023, el lago estará tan contaminado como siempre y que, por ende, la ley referida y su órgano de ejecución habrán fracasado rotundamente. Por suerte, la misma ley establece que la Conalaypa solo durará cinco años, de modo que no seguiría existiendo ni siquiera en el papel, consumiendo fondos sin ningún provecho para el país. Ojalá nos equivoquemos, pero lo más probable es que habrá muerto con más pena que gloria, salvo, desde luego, que se halle el consabido pretexto para que continúe desangrando el Presupuesto.
Resulta claro que los legisladores y el Presidente de la República fueron demasiado optimistas, como si no conocieran su propia idiosincrasia ni la de los intendentes de la cuenca, incapaces de contribuir a evitar la polución del lago mediante el control y el tratamiento adecuado de los residuos sólidos y de las aguas servidas, provenientes en un 80% de los hogares y en un 20% de las curtiembres, los lavaderos, los servicentros, la horticultura convencional y hasta de las instalaciones municipales. Es de lamentar también que, según publicaciones, camiones de la propia Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap) han arrojado residuos en el lago. Es decir, se conoce la causa principal que está matando sus aguas, pero nada se hace, se sigue andando por las ramas. Por ejemplo, el mercado de Luque, una de las ciudades de la cuenca, arroja aguas sucias a la calle como si fuera lo más natural del mundo. Por cierto, el 18 de marzo de 2011, la Essap abrió los sobres del llamado para actualizar el plan maestro del alcantarillado sanitario, sin que desde entonces se tengan noticias de los avances respectivos, como tampoco de la construcción de la primera planta de tratamiento de residuos cloacales de esa empresa del Estado, para ir descontaminando el lago, que debía concluir tres años más tarde.
Todo indica que la degradación de este importantísimo espejo de agua continuará pese a tantas leyes, entidades y consultorías. Es tan lamentable que los veraneantes no puedan disfrutar de sus aguas. Siendo así, solo resta que la ciudadanía, en especial de las localidades circundantes, se movilicen con firmeza, dentro de la ley, por esta “causa nacional”, como alguna vez fue calificada oficialmente, para exigir que sus autoridades dejen atrás el palabrerío y encaren acciones con resultados medibles, para recuperar este invalorable recurso hídrico.