Cargando...
El drama sanitario y financiero del Instituto de Previsión Social (IPS) sigue agravándose, ante la incomprensible inacción del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, quien mantiene a sus máximas autoridades a pesar de sus reiteradas incompetencias. Lo que antecede puede afirmarse a juzgar por las carencias de medicamentos, el pésimo servicio, las presuntas negligencias médicas, las aparentes turbias concesiones licitatorias, las deudas que crecen como hongos y parecen impagables, entre otras cosas.
Solo en los últimos días se ha sabido que los pacientes con enfermedades raras se ven forzados a desembolsos millonarios para comprar medicamentos, que quienes necesitan estudios “urgentes”, como el de resonancia magnética, deben aguardar tres meses o más para ser atendidos, y que algunos proveedores de remedios, insumos y reactivos han iniciado el procedimiento de ley para que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) les permita cortar el suministro. Según la Cámara de Industrias Farmacéuticas del Paraguay, si en agosto el IPS adeudaba a sus miembros unos 142 millones de dólares, hoy les debe alrededor de 240 millones, lo que implica que la crisis se va agudizando con el paso de los meses y que, si la DNCP autorizara la suspensión del abastecimiento, las carencias de productos vitales serían aún mayores.
A estas alturas, la situación resulta insostenible, tanto para el deudor y los acreedores como para los 700.000 asegurados y sus familiares directos, sometidos a maltratos, expuestos a la mala praxis y obligados a desembolsos adicionales. Desde luego, el calamitoso estado de cosas no surgió de la noche a la mañana: son décadas de corrupción y de ineficiencia, en las que se llegó al extremo, según se comentaba en su época, de que el entonces presidente del Consejo de Administración del IPS, Gral. Hugo De Jesús Araujo (1978), haya nutrido a sus cerdos con alimentos derivados del Hospital Central. La malversación fue grotesca, calificativo que también merece el hecho de que, recientemente, se llegó al colmo de que, según publicaciones, trabajadores de una firma de limpieza, Potî SA, contratada por el instituto, no hayan sido atendidos porque el empleador estaba en mora en el pago del aporte obrero-patronal. Por cierto, la evasión del aporte a la seguridad social llega al 60%, pese a tratarse de un delito castigado desde 2016 con penas de cárcel, lo que indica que el IPS ni siquiera es eficiente para cobrar lo que le deben.
Ciertamente, el IPS necesita reformas estructurales que deben ser encaradas cuanto antes, con la seriedad debida: los asegurados no deben seguir sufriendo el calvario de no hallar remedios, médicos especialistas ni atención oportuna, mientras el Consejo de Administración derrocha ingentes sumas en el cuidado de jardines y los acreedores pierden la paciencia. Las soluciones de fondo no podrán ser inmediatas, pero entretanto, al menos se impone que el presidente de dicho órgano, Vicente Bataglia, sea removido del cargo, al no haber aportado soluciones y en vista de que el IPS ha ido rumbeando cada vez más hacia el fondo. En este sentido, no puede dejar de mencionarse también la gran responsabilidad que corresponde a los miembros de dicho Consejo: Ricardo Oviedo (Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social), Ludia Silvera (Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social), Miguel Ángel Doldán (empleadores), Gustavo Arias (trabajadores) y Roberto Brítez (jubilados y pensionados). A tal punto han llegado las cosas que los indefensos asegurados hayan creído necesario crear, con buen criterio, una asociación para defender sus intereses no precautelados por “sus” consejeros, cuya remuneración de 30.650.000 guaraníes mensuales debería ser un estímulo suficiente para un buen desempeño. Empero, la complicidad, la indiferencia o la cobardía moral serían más fuertes.
Desde ya, las víctimas deben recibir el claro mensaje de que el Poder Ejecutivo no está dispuesto a seguir conviviendo con la corrupción, la ineptitud y la indolencia, toleradas por los representantes del sector privado, con el tácito consentimiento de sus respectivas organizaciones. El derrumbe del IPS no debería aplastar aún más a sus aportantes: urge una señal de que habrá un golpe de timón, tanto en lo que atañe a su dirección como al modelo mismo de la seguridad social, cuya desmonopolización está permitida por la Ley Suprema. Es preciso tomar medidas de fondo para poner fin a esta ya insoportable calamidad sanitaria y financiera.