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Sin embargo, se hace todo lo contrario. En coincidencia con la época electoral, el Congreso ha aprobado una larga seguidilla de leyes que incrementan de manera insostenible el gasto público sin considerar la efectiva capacidad de financiamiento del Estado, no digamos ya la pertinencia de las mismas y su consonancia con las verdaderas prioridades del país. Casi todas han tenido que ser vetadas por el Poder Ejecutivo ya ni siquiera por simple recomendación, sino por ruego desesperado del Ministerio de Hacienda, que se ve en figurillas para cubrir el cada vez más inflado costo fijo de la administración pública.
Por suerte, hasta el momento, por lo general, en las cámaras no se han reunido los dos tercios necesarios para rechazar esos vetos y ratificar esas leyes, porque de otro modo el panorama habría sido sumamente sombrío. Ello indica que hay todavía parlamentarios conscientes y sensatos que están logrando frenar la alarmante irresponsabilidad de una mayoría a la que, evidentemente, le importa un comino el país y solo se preocupa por satisfacer a su clientela, transar con los grupos de presión y llenarse sus propios bolsillos.
El último caso fue la correcta aceptación del veto total al proyecto que pretendía otorgarle una ampliación presupuestaria a la fiscalía para la creación de 577 cargos adicionales, aunque no se pudo atajar el aumento salarial a funcionarios del Congreso ni las remuneraciones extraordinarias, bonificaciones y contratación de personal en la Contraloría General de la República.
Los demás proyectos cuyos vetos esperan definición son los aumentos salariales para actuarios judiciales y para funcionarios de la Secretaría Nacional de Cultura, la Universidad Nacional de Asunción y el Ministerio del Ambiente. Y el más grave de todos, el que otorga una insólita “compensación histórica” a supuestos 16.000 extrabajadores de contratistas y subcontratistas de Itaipú por casi 1.000 millones de dólares, por relaciones laborales de hace 20 a 50 años, pese a que esas personas nunca estuvieron en relación de dependencia con el Estado paraguayo, ni directamente con Itaipú. Si les quedara algo por reclamar, en todo caso deberían hacerlo a sus expatrones, que hicieron grandes fortunas con contratos en la binacional. La insistencia en este proyecto levanta la fundada sospecha de que hay unos cuantos codiciando quedarse con la parte del león y enriquecerse a costa del patrimonio de los paraguayos.
Otro proyecto vetado que habría significado un durísimo golpe sobre las finanzas públicas es el que equiparaba los haberes jubilatorios de los funcionarios públicos retirados con las remuneraciones de los funcionarios activos. El veto finalmente se aceptó, pero el peligro sigue latente, porque nada en absoluto se está haciendo para controlar el déficit de la Caja Fiscal, el cual, según estimaciones oficiales, ascendería a 2.500 millones de dólares al año ya durante el próximo período presidencial. Si no se realizan profundas reformas, antes que reducir el IVA habrá que triplicarlo solamente para solventar las jubilaciones del sector público.
Todos son gastos y más gastos. En estas condiciones no es realista pensar en pagar menos impuestos. Por el contrario, la ciudadanía en general, y los agentes económicos en particular, deben saber que, si no se revierte la tendencia, más temprano que tarde no habrá forma de evitar un incremento sustancial de la presión tributaria, porque los contribuyentes, los de hoy y los de mañana, los hijos y nietos que tendrán que pagar las deudas y lidiar con el país que les dejemos, son la única y exclusiva fuente de financiamiento que tiene el Estado.