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La Secretaría de la Función Pública (SFP), dependiente de la Presidencia de la República, está encargada de vigilar el cumplimiento de la Ley N° 1626/00, según la cual el ingreso y la promoción en la función pública requiere un concurso público de oposición, para medir los conocimientos, las experiencias y la idoneidad del candidato, según el reglamento preparado por esa misma dependencia. La idoneidad implica aquí poseer los saberes adecuados para el ejercicio de un determinado cargo. Por ejemplo, un abogado podría supervisar un sumario administrativo, pero no así las tareas propias del “personal de blanco”. Y bien, el 11 de octubre de 2022, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, nombró a la radióloga Delia Raquel Molinas como funcionaria de la SFP, con el cargo de jefa de Departamento. Se diría que la profesión de la funcionaria, antes vinculada al Instituto de Previsión Social, es más adecuada para que preste servicios en un hospital público y no en un órgano que debe velar por la eficiencia y la legalidad del aparato estatal, sin ocuparse necesariamente de la salud de sus miembros.
Pero el caso no ha terminado allí, pues, ocho días más tarde, la ministra secretaria ejecutiva de la SFP, Cristina Bogado, dio un paso más hacia la irracionalidad administrativa al designar a la radióloga como jefa del Departamento de Seguimiento de Procedimientos Judiciales de la Dirección de Sumarios, que forma parte de la Dirección General de Asuntos Jurídicos. Cuesta creer que tenga conocimientos y experiencias en cuanto al régimen disciplinario y al sumario administrativo, esto es, la competencia necesaria para juzgar el desempeño de los jueces instructores, abogados de las diversas entidades estatales, que actúan en dependencia jerárquica de la SFP. El hecho de que un cargo de confianza, como lo es una jefatura de Departamento en la Presidencia de la República, sea de “libre disposición”, no debe conllevar que pueda ser ejercido por alguien que carezca de la idoneidad necesaria, más aún en un organismo que regula el concurso público de oposición y vela por su cumplimiento.
Paradójicamente, en la reciente entrega del proyecto de ley “De la Función Pública y la Carrera Civil”, el jefe del Poder Ejecutivo afirmó que entre los principios rectores de la función pública figura el “mérito” y que la iniciativa “apuesta por la meritocracia como herramienta fundamental para garantizar a la ciudadanía la prestación de servicios oportunos y de calidad”. ¿Fue consecuente con ese principio rector y con esa “apuesta” el nombramiento de la radióloga? En la fundamentación también se sostuvo que las normas y los procedimientos previstos se basan, entre otras cosas, en la “idoneidad”. ¿Es idónea Delia Raquel Molinas para ocupar el cargo?
Para más, el proyecto de ley pretende “ahondar en el profesionalismo por parte de los jueces instructores”, que serán “abogados especializados” en la realización de sumarios administrativos, “con dedicación exclusiva”. Si así fuera, estarían subordinados a una radióloga, sobre cuyas cualidades para el cargo al que fue destinada nadie aclaró. En estas condiciones, seguramente el lector se preguntará el motivo de sus nombramientos, primero como funcionaria de la SFP y luego como “jefa del Departamento de Seguimiento de Procedimientos Judiciales”. Ante el silencio de las autoridades competentes, es posible pensar que la respuesta tendría que ver con que la agraciada es candidata a convencional por la Seccional Colorada N° 23, en tanto que el jefe de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, Máximo Medina, aspira a presidir esa organización política de base.
Las escandalosas designaciones mencionadas dicen mucho acerca de la seriedad de la Presidencia de la República en cuanto al proyecto de ley referido. Esta normativa podrá ser impecable, desde el punto de vista técnico-jurídico, pero, como siempre ocurre, es de temer que, si fuera aprobada, la voluntad política de cumplir y hacer cumplir sus cláusulas sea prácticamente nula, tanto por parte del actual Gobierno como del sucesor. Resulta que el clientelismo, el amiguismo y el nepotismo, entre otros vicios, están muy arraigados en nuestra cultura político-administrativa.
El hecho comentado es solo un ejemplo patético de la arbitrariedad reinante en la función pública, donde el profesionalismo brilla por su ausencia y la carrera está llena de trampas. Que en la propia SFP se desprecie la idoneidad dice mucho acerca de qué tan seria es la pretensión de prestar “servicios oportunos y de calidad”, mediante la “apuesta por la meritocracia”, pues todo indica que sigue siendo más importante servirse del dinero de los contribuyentes para financiar la politiquería.