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El agente fiscal Rodrigo Estigarribia cumplió con su deber en vísperas de vencer el segundo plazo para presentar la acusación y, en consecuencia, el exgobernador de Central Hugo Javier González afrontaría un juicio oral y público. En efecto, el Ministerio Público halló motivos suficientes para creerlo culpable de los hechos punibles de lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal. Según los antecedentes, el daño causado al erario mediante la emisión de facturas falsas (“clonadas”), con la presunta complicidad de varios funcionarios de la Gobernación y de la Fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), llegaría a nada menos que 5.105.600.000 guaraníes del Fondo de Reactivación Económica, destinados a obras sociales a ser realizadas en el departamento Central en el marco de la emergencia sanitaria.
De comprobarse estas acusaciones, estaríamos frente al repudiable hecho de que, mientras miles de víctimas que produjo el covid sufrían lo indecible hacinadas hasta en los pasillos de los hospitales, y sus familiares realizaban polladas para recaudar fondos y afrontar los gastos, un grupo de sinvergüenzas se agavillaban para utilizar fondos públicos destinados a realizar obras que aliviaran las consecuencias de la pandemia. Según las investigaciones, los recursos se habrían “invertido” en “obras fantasma”, por las que se habrían pagado religiosamente, utilizando para ello documentos clonados.
De ser ciertas las averiguaciones fiscales, hay que ser un desalmado de marca mayor para malversar el dinero público destinado a reactivar la economía, mediante la construcción de obras sociales que también iban a servir para crear fuentes de trabajo que permitieran paliar la desocupación causada por las medidas adoptadas para frenar la difusión del covid. El presunto cabecilla del repugnante contubernio, el exanimador de fiestas Hugo Javier, o “El número dos”, devenido gobernador de la mano de Horacio Cartes, trató de aferrarse al cargo que, así como parece, deshonró aprovechando la gravísima crisis sanitaria: llegó al extremo de pretender ejercerlo mientras cumplía un arresto domiciliario desde el último 12 de abril, quizá para intentar borrar las huellas de las operaciones delictivas que le atribuye el agente fiscal, basado en una investigación en la que colaboró la Subsecretaría de Estado de Tributación, la Auditoría General del Poder Ejecutivo y la Secretaría Nacional Anticorrupción.
Los hechos punibles que Hugo Javier y otros siete acusados, funcionarios de la Gobernación, habrían perpetrado, fueron canallescos; el presidente del CIAP, Tadeo Álvarez, resultó favorecido con la suspensión condicional del procedimiento, no solo por haber admitido los delitos que se le imputaron, lo que supuso una implícita acusación contra los otros partícipes de la trama montada, sino también por haber demostrado su voluntad de reparar el daño producido.
Vale apuntar que quienes delinquen cargan no solo con la responsabilidad penal, sino también con la civil, de modo que, si fueran condenados, el exgobernador y los coencausados deben restituir al erario la gruesa suma que habrían defraudado con toda vileza. Los hechos que se les abribuyen dan para pensar que los politiqueros de siempre no tienen el monopolio del latrocinio, pues también los advenedizos que gozan de cierta popularidad fuera de la función pública se ven tentados por el enriquecimiento ilícito.
La Justicia debe esmerarse al máximo en este caso emblemático, para limpiar el nombre de Hugo Javier y los coencausados en caso de hallarlos inocentes, o para aplicarles ejemplarmente las penas que les corresponden, para que sirvan de ejemplo a los sinvergüenzas de siempre acostumbrados a medrar con el dinero destinado a atender las necesidades de la gente, y a los nuevos que quieren también llenarse los bolsillos con el dinero de Juan Pueblo.