Dolorosa bofetada del Gobierno al pueblo paraguayo

Al permitir que los restos del criminal Osvaldo Villalba sean llevados para ser despedidos por su hermana, de igual calaña, Carmen Villalba, en la cárcel de mujeres de Asunción, el Gobierno nacional infligió una gran bofetada a toda la ciudadanía y, en particular, a los familiares de las víctimas de una banda criminal que atenta contra la vida, la libertad y los bienes de las personas, desde hace varias décadas. Para mayor escarnio, el ataúd del occiso fue portado por agentes penitenciarios y policiales, camaradas estos últimos de varias víctimas mortales del grupo. Corresponde ahora que el presidente Mario Abdo Benítez pida disculpas por lo acontecido.

Cargando...

Al permitir que los restos del criminal Osvaldo Villalba sean llevados para ser despedidos por su hermana, de igual calaña, Carmen Villalba, en la cárcel de mujeres de Asunción, el Gobierno nacional infligió una gran bofetada a toda la ciudadanía y, en particular, a los familiares de las víctimas de una banda criminal que atenta contra la vida, la libertad y los bienes de las personas, desde hace varias décadas. El Presidente de la República tuvo la “gentileza” de pedir la renuncia del principal responsable de la canallesca afrenta, el efímero ministro de Justicia Édgar Taboada, cuando lo que debió haber hecho era destituirlo lisa y llanamente, por su necedad y cobardía imperdonables. En efecto, temiendo un amotinamiento incitado por la citada Carmen Villalba, permitió que en el recinto carcelario se realice un homenaje aberrante, que aparte de insultar la memoria de los muertos, agudizó el dolor de los parientes cercanos de Edelio Morínigo, Félix Urbieta y Óscar Denis, que siguen en manos de sus raptores. Se estima que bajo el mando de Osvaldo Villalba el grupo de sanguinarios malechores que se autodenomina Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) realizó al menos 145 ataques, ocasionó la muerte de 43 civiles, 18 policías y 14 militares.

Para mayor escarnio, el ataúd del occiso fue portado por agentes penitenciarios y policiales, camaradas estos últimos de las víctimas mortales mencionadas del grupo. Se habría pensado que cargaban los restos de uno de los suyos, pero lo que hacían era contribuir a dar el postrero adiós al desalmado cabecilla, protagonizando así uno de los más bochornosos y ofensivos espectáculos de nuestra historia contemporánea. Corresponde ahora que el presidente Mario Abdo Benítez pida disculpas por lo acontecido y por el grave error que cometió, de entrada, al nombrar a un ministro aún más vergonzoso que su antecesor Édgar Olmedo, el mismo que al asumir el cargo confesó que no tenía experiencia en materia de seguridad, afirmando que iba a “aprender por el camino”; Taboada no tuvo tiempo de aprender, porque debió irse a las ocho horas, sentando probablemente un récord de fugacidad, difícil de ser superado.

El jefe del Poder Ejecutivo debe asumir la responsabilidad de haber confiado la cartera de Justicia a un abogado inepto y timorato, que llegó a ser viceministro pero que, con toda evidencia, carece de sensibilidad hacia los damnificados por el terrorismo y de conocimientos acerca del régimen penitenciario. En efecto, entre los derechos de los internos, el Código de Ejecución Penal no incluye el de recibir el féretro de un allegado; solo permite, bajo ciertas condiciones, que se les otorgue permisos de salida en caso de fallecimiento de un familiar cercano, entre otros. Otro criminal, como Alcides Oviedo Brítez, no podría, pues, invocar este escandaloso antecedente para reclamar, dado el caso, un trato similar al dispensado a su exesposa Carmen Villalba. Empero, queda en pie que el EPP obtuvo un fenomenal triunfo político que puso en ridículo al Gobierno, por culpa de este y no tanto por méritos propios. Está visto que el Presidente de la República no tiene buen tino a la hora elegir a sus colaboradores, quizá porque prioriza el amiguismo o el internismo, en detrimento de la idoneidad y del carácter apropiado para el cargo.

Habrá que tener mucho más cuidado a la hora de designar a un ministro: aunque la Constitución no exige que sea competente como debe serlo todo funcionario, según la ley, convendría que tenga al menos el llamado sentido común. No resulta menos importante que esté en verdad convencido de que el Estado debe proteger la vida, la libertad y los bienes de las personas, constantemente amenazadas por una banda criminal que se alza en armas contra las autoridades legítimamente constituidas. También debería saber que los familiares de sus víctimas merecen el respeto que no les mostró el Gobierno, con su reciente actuación ignominiosa. ¿Qué pensarían Edelio Morínigo, Félix Urbieta y Óscar Denis si se enteraran de lo ocurrido en tan mala hora? Que fueron vilmente traicionados.

La indignación de la ciudadanía ha sido muy grande en esta ocasión. Por eso, la opinión pública estará atenta a las próximas palabras de consuelo y de aliento que el Presidente de la República tenga a bien dirigir a sus compungidos familiares. Por de pronto, se espera que, luego de las últimas experiencias, tan deplorables, tenga mejor suerte en la designación de quien vaya a dirigir en adelante el Ministerio de Justicia, aunque la campaña electoral en curso le distraiga bastante.

Enlance copiado
Content ...
Cargando...Cargando ...