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La problemática de los pueblos autóctonos sigue tan insoluble como siempre, y hasta puede suponerse que va de mal en peor, pese a que de ella se ocupan –o deberían hacerlo– numerosas entidades públicas y privadas, aglutinadas estas últimas en la impresionante Articulación Nacional Indígena por una Vida Digna. En las recientes tres jornadas de protesta realizadas en Asunción, los representantes de los 122.000 aborígenes que se calcula viven en el país plantearon treinta y cinco demandas, centradas en la tierra, la salud, la educación y hasta la alimentación. Se entiende que así sea, pues casi todos ellos viven en la pobreza o en la extrema pobreza, demostrando el rotundo fracaso de las políticas públicas de un país cuyos habitantes se enorgullecen de su “sangre guaraní”. Si la Ley 904/81, que establece el “estatuto indígena”, tuviera vigencia efectiva, ellas estarían social y culturalmente preservadas, su patrimonio y sus tradiciones serían defendidos, sus condiciones económicas mejorarían, participarían en el desarrollo nacional y tendrían garantizados la propiedad del suelo y otros recursos productivos.
Nada de lo antedicho se cumple, empezando por la cuestión de la tierra. En efecto, en teoría, las comunidades indígenas ocupan unas 900.000 hectáreas; en la práctica, gran parte de ellas son dadas en arriendo para la explotación agropecuaria y forestal, pese a que la Carta Magna lo prohíbe. Si a ello se suma que también son invadidas por los “campesinos sin tierra” de siempre, resulta que el derecho de los pueblos originarios “a preservar y a desarrollar su identidad étnica en el respectivo hábitat” es la mera expresión de un deseo incumplido de los convencionales de 1992. Claro que no basta con poseer la tierra, pues también hay que saber cultivarla y comercializar lo producido con eficiencia, para lo cual se impone el asesoramiento del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Sería de una hipocresía cruel postular que hoy conserven sus métodos arcaicos para mantener sus viejas tradiciones.
En su enorme mayoría, los asentamientos autóctonos no son autosuficientes, lo que es posible, como lo consiguen los mbya guaraní de Juan Eulogio Estigarribia, que venden bananas en el Mercado de Abasto asunceno, con el apoyo de la Gobernación de Caaguazú y de la organización no gubernamental Oguasu. Lo hacen con tanto éxito que aspiran a comercializar la fruta incluso en el extranjero. También los indígenas aché de Puerto Barra (Alto Paraná) –asesorados por la Cooperativa de Producción Agropecuaria Naranjal– se muestran productivos, ya que logran cosechar hasta cuatro mil kilos de soja por hectárea, 250 hectáreas de cuyos cultivos se hallan mecanizadas.
Estos casos excepcionales, en los que la intervención de entidades privadas fue decisiva, enseñan que los indígenas pueden prosperar en sus respectivos terruños, siempre que no sean abandonados a su suerte. No necesitan el asistencialismo degradante, que por lo general solo supone distribuir limosnas para paliar el hambre, con la intervención nada altruista de “caciques” y de grupos de avivados, como el célebre “clan Domínguez”, así como de politicastros de diverso pelaje.
Con los ejemplos mencionados se puede señalar que emigrar a las ciudades no debe seguir siendo una alternativa para su supervivencia, entre otros motivos porque sus consecuencias suelen ser lesivas para la dignidad humana y la seguridad pública: la mendicidad, la drogadicción y la prostitución, incluso de niños y de adolescentes indígenas, ya son parte del paisaje urbano de la Gran Asunción. Las alarmantes imágenes en tal sentido dadas a conocer en los últimos días por la investigación periodística de un medio colega en Mariano Roque Alonso no pueden ser más explícitas. Allí, el consumo de drogas y el tráfico sexual de niños y niñas, de día y de noche, está a la vista de todos, menos de las autoridades policiales, de los fiscales y de las mencionadas diversas instituciones supuestamente dedicadas a la problemática indígena. Tampoco puede excluirse de esta responsabilidad a la Municipalidad, a la Secretaría Nacional Antidrogas y al Ministerio de la Niñez y la Adolescencia. Esos menores degradados son vidas destrozadas por culpa, en última instancia, de un Estado corrupto e incompetente, que ignora las normas constitucionales y legales concebidas en su beneficio. Les tienen sin cuidado a las autoridades que, llegado el momento, se llenan la boca con asquerosas palabras de encomio hacia sus propias víctimas, por acción u omisión.
Para no ir más lejos, en plena ciudad capital, en la avenida Artigas, los automovilistas y peatones son testigos diarios de una situación denigrante, al observar las condiciones inhumanas en que vive un grupo numeroso de indígenas, que han hecho su hogar de una parte de esa arteria, sin que a nadie también le importe. Solo cabe preguntar: ¿hasta cuándo? De repente, son arreados a otro lugar cuando hay visitantes extranjeros, al igual que supuestos damnificados que toman plazas y otros lugares públicos, para volver al poco tiempo a ubicarse donde les importa.
La humillante entrega de víveres para librarse de ellos por cierto tiempo o el miserable apoyo logístico a sus reclamos, con el fin de lograr sus votos por si la compra o el “arreo” no bastaran, es la práctica habitual. Estos miserables procedimientos dicen mucho de la calaña de los que mandan y de su desinterés, reflejado el último 10 de febrero en el nombramiento del exconcejal capitalino Omar Pico, como presidente del Indi. El mismo admitió con todo desparpajo que carecía de toda experiencia en materia indígena, que nunca antes había trabajado ni con temas relacionados. Está visto que a estas alturas aún tiene mucho que aprender, como, al menos, tomar nota cuanto antes de lo que acontece no muy lejos de su despacho: el envilecimiento de los aborígenes, desde su temprana edad, como secuela de la negligencia culposa de sucesivos Gobiernos.