Cargando...
Sin duda, entre las leyes más violadas en este país figura la de la función pública, en teórica vigencia desde el 28 de diciembre de 2000. En efecto, se la ignora rutinariamente en beneficio de la clientela política y en detrimento del erario. Tanto los concursos públicos de oposición como las contrataciones temporarias de personas físicas muestran que la ilicitud es la regla en nuestro deplorable servicio civil: los primeros no pasan de ser una farsa, en el caso de ser realizados, y las segundas son el resultado de la arbitrariedad lisa y llana, pues la enorme mayoría de los más de 50.000 contratos actuales no responden a las siguientes “necesidades temporales de excepcional interés para la comunidad”: combatir epidemias, realizar censos, encuestas o eventos electorales, atender casos de emergencia pública y ejecutar servicios profesionales especializados. Siendo así, esos contratos son absolutamente nulos y la autoridad firmante cometió una falta grave, que conlleva su destitución, algo que hasta hoy jamás ha ocurrido.
Desde luego, la persona contratada –que tiene que ser por corto tiempo, y no en forma “provisoria eterna”, como se dice– debe cumplir con sus obligaciones, entre ellas la de asistir regularmente a su lugar de “trabajo”, so pena de rescisión del acuerdo: una medida infrecuente, lo que hace que el “planillerismo” impune sea una costumbre bien arraigada en la función pública. Empero, a veces el contrato es dejado sin efecto por esa razón, sin perjuicio de que también haya existido otra ligada a la pérdida de poder político del respectivo “padrino”, por ejemplo. Aparentemente debido a ello, el último 29 de septiembre, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, fundado en un dictamen de su Asesoría Jurídica, prescindió de los servicios que la exmodelo Lourdes Navila Ibarra no habría prestado un solo día en lo que va del año; en los últimos tres años, solo habría hecho acto de presencia durante unos seis meses. Notificada de la resolución del ministro, la hoy abogada creyó oportuno aparecer en su antiguo lugar de “trabajo”, con el presunto respaldo de fuertes patrocinadores políticos. La misma fue nombrada en el Ministerio de Agricultura durante la gestión del ministro cartista Juan Carlos Baruja, y según algunas publicaciones, en su contratación intervino fuertemente el “clan Samaniego”, liderado por Arnaldo Samaniego.
Quizá abriendo el paraguas por si la presión fuera irresistible, el ministro Moisés Santiago Bertoni declaró luego que la descontratación no es jurídicamente tan fácil, porque la afectada no habría cobrado en 2022: “En realidad, no cobró nada, solo figuraba en la planilla”, dijo. Aunque su profesión sea la de botánico, el simple sentido común debería indicarle al ministro que las ausencias injustificadas son causales suficientes para rescindir un contrato, con independencia de que se haya percibido o no una remuneración. Sería ridículo, además de ilegal, que un empleado pueda tomar en cualquier momento unas “vacaciones” no retribuidas durante el tiempo que se le antoje, para luego volver orondamente a su oficina, dispuesto a reanudar las tareas interrumpidas durante semanas, meses o años.
El asunto no es nada “complejo”, como opina el ministro. Seguramente creyendo contar con el padrinazgo adecuado, Navila Ibarra hizo lo que le dio la gana, sin importarle en absoluto lo estipulado en el documento que firmó, muy probablemente nulo desde un principio, por la inexistencia de los motivos de contratación previstos en la Ley de la Función Pública. Alega que sufre una “persecución inmisericorde”, tal como adujo también Aníbal Saucedo Rodas, el padre de Fátima Saucedo, con otras palabras, al ser esta destituida de la Entidad Binacional Yacyretá, el 27 de julio. Se habría limitado a marcar su entrada, aparte de justificar 47 días de ausencia con certificados de reposo médico por las mismas dolencias, habiendo usado el tiempo libre así logrado para asistir a mitines políticos del precandidato cartista Santiago Peña. Como otro ejemplo de las influencias políticas en muchas contrataciones –la mayoría de las veces innecesarias–, hace unos días, una jueza en lo laboral ordenó a la misma entidad hidroeléctrica que reponga de inmediato en el cargo a Ricardo Torres Alliana, también removido por presunto “planillerismo”. Nada de particular: el mismo es primo del diputado Pedro Alliana (ANR, cartista), titular del Partido Colorado. Estos ejemplos bastan para ilustrar que el descontrol reina en la burocracia nacional cuando los “trabajadores del Estado” gozan del suficiente respaldo político. Total, el dinero de Juan Pueblo aguanta todo.
El 1 de septiembre de 2020, el Poder Ejecutivo presentó a la Comisión Bicameral de Reordenamiento de la Estructura del Estado el proyecto de ley “De la función pública”. Pasaron más de dos años y ni siquiera se cuenta con un dictamen, lo que demuestra qué tan necesaria resulta, para los legisladores, una mejor regulación en la materia. Su indolencia resulta comprensible, ya que los defectos de la ley vigente no incomodan en absoluto a los politicastros ni a sus respectivas clientelas. El compadrazgo y su correlato el prebendarismo pesan más que cualquier regulación bienintencionada, por lo que las planillas estatales se siguen llenando de zánganos.
Está visto que mientras no se sancione a los responsables de vulnerar las leyes para ubicar en la nómina de funcionarios públicos a los recomendados políticos, el Presupuesto nacional se irá desangrando y el país se irá endeudando para pagarlos sus sueldos. Como parece que ya nada se puede esperar de la Justicia en estos casos, lo que resta es que los ciudadanos honestos y trabajadores repudien en los lugares públicos a conocidos planilleros y sus padrinos, que viven de su esfuerzo.