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Una mayoría parlamentaria absolutamente irresponsable y antipatriota, a la que evidentemente le importan un comino el país y el bienestar de la mayoría, no le está dejando al Paraguay levantar cabeza y tratar de recuperarse después del durísimo golpe socioeconómico que significó la pandemia, seguida de una de las peores sequías de las que se tengan registros. Nada les importa, solo repartir el dinero de la ciudadanía, a la que cínicamente dicen representar, para beneficio de su clientela política, de intereses sectoriales de grupos de presión y de sus propios bolsillos, con el único objetivo de seguir disfrutando de sus privilegios solventados por los contribuyentes.
Desoyendo las advertencias de los estamentos técnicos del Gobierno, de las fuerzas vivas, de los analistas independientes, y seguramente también de las de sus propios movimientos y facciones, siguen aprobando aumentos de gastos corrientes fijos y permanentes que repercutirán sobre las deterioradas finanzas públicas, que ya están al límite, al borde del punto de inflexión, con posibilidades ciertas de un colapso que sería catastrófico para todos los habitantes de la República.
Lo último fue la aprobación en el Senado de un aumento indiscriminado de entre 7 y 10 millones de guaraníes en los sueldos de 363 funcionarios del Ministerio del Ambiente, sin ninguna justificación, sin evaluación de desempeño, desechando una propuesta de que alcance solo a los guardiaparques. Quisiéramos saber si esos senadores que votaron a favor son tan dadivosos con los empleados de sus empresas y negocios particulares como para triplicarles sus salarios sin distinción. Demuestran un completo desprecio por el manejo de la cosa pública.
En el Congreso hay proyectos en vías de sanción, incluyendo intentos de levantar vetos del Poder Ejecutivo de leyes que no se pueden financiar, con un impacto potencial en el fisco de 1.800 millones de dólares para lo que resta del año, un monto que por sí solo equivale al 70% de toda la asignación presupuestaria anual de los ministerios de Educación y de Salud combinados. Además, apenas comenzó el estudio parlamentario del Presupuesto 2023 y ya se incorporaron incrementos por 400 millones de dólares para el año que viene.
Aquellos que piensan que esto no les afecta ni tiene que ver con ellos están muy equivocados. Hay al menos cuatro áreas en las que el excesivo gasto público y el alto déficit fiscal impactan directamente en el bolsillo y la calidad de vida de la población.
El primero es la inflación. Es cierto que hay algunos factores que son exógenos y no dependen de Paraguay, como el de los combustibles, pero la suba generalizada de precios que viene experimentando el país en los últimos años, especialmente desde mediados de 2021, es un fenómeno con un altísimo componente monetario. Prueba de ello es que los “billetes y monedas en circulación” (M0) pasaron de 13 billones de guaraníes en enero de 2020 a 16 billones de guaraníes en la actualidad, con picos de 18 billones a principios de este año, cuando el Banco Central comenzó a intervenir más activamente para controlar el flujo.
La moneda no es más que un medio de cambio. El que haya más dinero en la economía no significa que haya más riqueza. Si hay más dinero que el necesario para acompañar la producción de bienes y servicios, inmediatamente se desvaloriza. Y aquí lo que ha ocurrido es que en los últimos tres años los agregados monetarios han crecido casi 25% frente a un crecimiento económico acumulado en el mismo período de 3,5%. Con estos números es lógico que haya inflación, producto de la emisión inorgánica para financiar el déficit.
La inflación golpea más a los que menos tienen, porque estos gastan todo lo que les ingresa. Peor aún, en Paraguay la suba de precios está más concentrada en la canasta básica de consumo, principalmente en alimentos (15%), que es donde los más pobres utilizan la mayor parte de su dinero. Para tener una idea, con una inflación de dos dígitos un trabajador de sueldo mínimo pierde más de un salario completo en el año.
El segundo aspecto que impactará en el bolsillo de la gente es la probable suba de impuestos, porque de alguna manera habrá que financiar los gastos fijos que se acumulan. Esto recaerá sobre los contribuyentes, sean directos o indirectos, y finalmente también se reflejará de una u otra manera en los precios pagados por todos los consumidores.
El tercer impacto es en la tasa de interés, primero porque la misma indefectiblemente recogerá la expectativa de inflación y segundo porque el Banco Central, tal como ha estado ocurriendo, obligado a retirar circulante para cumplir su función constitucional, tiene que elevar la remuneración de sus letras de regulación monetaria, lo que a su vez eleva la tasa básica que cobran los bancos y financieras por costo de oportunidad.
Y, finalmente, todo lo anterior disuade tanto el consumo como la inversión, lo que impacta en la economía real y en el crecimiento, lo cual afecta a la ciudadanía en términos de reducción de fuentes de trabajo y oportunidades de negocios, y aumento de la pobreza.
Pero nada de esto le importa a esta mayoría de parlamentarios. La única defensa que queda a los ciudadanos es escracharlos, dentro de lo que manda la ley, hacerles saber su repudio, abuchearlos en los lugares públicos, como por ejemplo los restaurantes. Ellos quieren votos con el dinero ajeno, con la plata de todos los paraguayos. Hay que exponerlos para que no los voten ni sus madres.