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Durante los recientes días de intenso frío en nuestro país, alumnos de una localidad del departamento de San Pedro tuvieron que dar clases en un tinglado, soportando los fuertes vientos, porque las aulas de la escuela estaban a punto de derrumbarse. Para contrarrestar las bajas temperaturas, recolectaron virutas y leña para hacer fogatas. Mientras tanto, todo indica que los legisladores se preparan para rechazar el veto del presidente Mario Abdo Benítez al regalo de casi 1.000 millones de dólares que pretenden hacer a extrabajadores de Itaipú, que ni siquiera estuvieron en relación de dependencia laboral con el Estado paraguayo. Pero, para una mayoría de legisladores estas cuestiones no importan, con tal de repartir la plata de todos para que ellos consigan sus fines populistas y electoralistas.
En efecto, el Poder Ejecutivo hizo lo correcto al vetar íntegramente el proyecto de ley que, ignorando la Constitución, unas notas reversales aprobadas por ley, el Código del Trabajo, un fallo de la Corte Suprema de Justicia y, no por último, el bien común, obliga a Itaipú Binacional a una supuesta “compensación histórica”, consistente en el pago de unos 940 millones de dólares a 16.180 “extrabajadores” de las empresas contratistas y subcontratistas de obras realizadas en la usina entre 1974 y 2002, en la margen derecha del río Paraná.
En una conferencia de prensa realizada en la sede de la entidad injustamente obligada, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, alegó que semejante decisión legislativa es inconstitucional, porque según el tratado, que prevalece sobre la ley, debería tomarse de común acuerdo con el Brasil. Además, conllevaría un costo “muy elevado”, del cual “nosotros no podemos ser responsables”. Sin embargo, paradójicamente arrugó e increíblemente afirmó que lo exigido por los “extrabajadores”, entre quienes figuran politicastros y altos funcionarios de la entidad binacional, “puede ser justo” y que su Gobierno sigue predispuesto a “tener una mesa de diálogo para poder buscar juntos una alternativa que pueda permitir una solución a estos reclamos de contratistas y subcontratistas de Itaipú”. En otras palabras, pese a reconocer la inconstitucionalidad, y la injusticia de que Itaipú, que los legisladores gustan considerar como patrimonio de todos, se haga cargo de una deuda que no le corresponde, Marito abre una vez más las puertas –como suele ocurrir en casos de reclamos de campesinos violentos, transportistas y otros grupos de presión– para “bajarse los pantalones”, como se dice, y dejar contenta a la clientela, más aún en época electoral.
Desde luego, los reclamos no provinieron de los antiguos empleadores, cuyas deudas, por lo demás prescritas, no tienen por qué ser asumidas por una corporación pública, que nunca tuvo una relación laboral con sus dependientes: no “puede ser justo” lo que implicaría, en última instancia, que toda la población se haga cargo de obligaciones contraídas por los “barones de Itaipú”, de tan triste memoria.
Resulta extraño que el jefe de Estado crea que pueda ser “justa” una exigencia de cuya satisfacción no quiere responsabilizarse. De esta manera, está demostrando que no se atreve a sostener la medida adoptada y abre la puerta para socavarla de hecho mediante alguna “alternativa” que supondría, de algún modo, el uso de fondos públicos tal vez por un menor monto al de la suma total pretendida. De hecho, estaría dispuesto a borrar con el codo el bien fundado decreto de objeción total, que firmó con la mano. Una actuación propia de gobernantes pusilánimes, que quieren estar bien con Dios y con el diablo. Por supuesto, sin perder tiempo ante el resquicio abierto, el día siguiente del ofrecimiento presidencial, la Unión Nacional de Extrabajadores de Itaipú Binacional pidió que se instale cuanto antes la “mesa técnica negociadora” y, dirigiéndose al magnánimo jefe de Estado, aprovechó la ocasión para elogiar su “sensibilidad humana y patriotismo”. Pero, repetimos, no puede ser objeto de negociación alguna por parte de autoridades nacionales, comprometiendo fondos públicos, todo lo que no esté conforme con la Constitución y las leyes. Quienes así no lo entiendan pueden ser considerados traidores a la Patria.
El proyecto de ley para el pago referido fue presentado por los senadores Enrique Riera (ANR, cartista), Gilberto Apuril (ex Hagamos), Abel González (PLRA) y Miguel Fulgencio Rodríguez (Frente Guasu). Algunos de ellos suelen exhibir supuestas muestras de patriotismo defendiendo de boca para afuera los intereses paraguayos en Itaipú, pero no dudan en utilizar un episodio ocurrido en la construcción de dicha represa para tratar de infligir una puñalada por la espalda a todo el país. Aunque no debería extrañar una actitud semejante por lo menos en el caso del senador Enrique Riera, quien en unas campañas proselitistas anteriores, y siendo ministro de Educación, instó –palabra que desde su posición de poder puede equivaler a “obligó”– a maestros a ponerse la camiseta colorada y votar por los candidatos de ese partido. Indignante.
A juzgar por el ambiente electoral que condiciona las decisiones de los Poderes del Estado, poco es lo que se puede esperar de una mayoría de senadores y diputados que aparentemente están dispuestos a asaltar las arcas del Estado con tal de encontrar recursos y satisfacer a la clientela. Hay una alta probabilidad de que el veto presidencial a la descabellada ley sea ignorada y que el dinero que pertenece a todos sea destinado a la clientela. Aquí no se trata de que quienes apoyan la iniciativa no entiendan la cuestión, que está sobradamente clara, sino de que unos legisladores siguen dispuestos a pisotear la Constitución y las leyes con tal de conseguir su despreciable propósito, que puede tener la grave consecuencia de empujar al país hacia el default. En consecuencia, más que nunca se impone que la ciudadanía decente, hombres y mujeres que todos los días ponen el hombro para sacar adelante al país, encaren públicamente, dentro de la ley, a los oportunistas que quieren rifar los recursos que pertenecen a todos, haciéndoles conocer su repudio en los lugares en donde se los encuentre. No pueden seguir disponiendo del país a su antojo.