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El 10 de octubre de 2021, ciudadanos paraguayos y extranjeros eligieron a 261 intendentes y a 2.781 concejales municipales para que ejerzan durante cuatro años sus respectivos cargos, que asumieron el 9 de diciembre del mismo año; hoy al menos 22 de los primeros y 16 de los segundos –que podrían ser más– competirán en las elecciones internas simultáneas del 18 de diciembre para ser candidatos a legislador, a gobernador o a concejal departamental en los comicios generales del 23 de abril de 2023. Salta a la vista que hace un año engañaron miserablemente a sus electores, que les confiaron un cargo electivo para que lo ocupen durante el lapso referido y no para que lo hayan abandonado de hecho desde ya hace varios meses, embarcados como están en una campaña electoral extemporánea a la que dedican tiempo y dinero, en detrimento de sus funciones.
Cuando el año pasado prometieron, seguramente, que se ocuparían del bienestar de los vecinos, ya tenían en vista el cargo nacional o departamental a ser disputado en 2023: se valdrían del municipal para conquistarlo, sin necesidad de renunciar a su ejercicio por lo menos noventa días antes de los comicios, de modo que si no lograran su bastardo propósito, tendrían bien cubierta la retirada. Por de pronto, es de temer que esos ávidos “municipalistas” estén empleando no solo sus horas de trabajo y su patrimonio, sino también los recursos humanos y materiales de la entidad comunal para ampliar su horizonte político, menos con el fin de dar más alas a su vocación de servicio que con el de obtener mayores ingresos, aparte de la inmunidad, en el caso de quienes aspiran a ocupar una banca en el Congreso.
La Constitución dice que los senadores y diputados solo pueden aceptar cargos de ministro o de diplomático y que, para desempeñarlos, deben pedir permiso a la cámara respectiva, a la cual pueden reincorporarse al terminar aquellas funciones. Habría sido preferible que, para cumplir con el mandato popular, no tuvieran dicha posibilidad; empero, parece claro que se pretende que el legislador ejerza su mandato durante los cinco años. Desde luego, puede renunciar por algún motivo, dado que no se trata de una carga pública; es lo que al menos tendrían que haber hecho los intendentes y los ediles lanzados de pronto al ruedo nacional o departamental si tuvieran una pizca de decoro. Conste que la renuncia del intendente puede ser rechazada por la Junta Municipal, lo que sugiere que la Ley Orgánica Municipal busca que culmine el periodo para el cual fue elegido y no que se marche con antelación.
Tres meses antes de los últimos comicios municipales en los que fue elegido, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, cartista) dejó la Intendencia que ejercía en reemplazo de Mario Ferreiro, no sin antes haber montado un eficiente aparato que le habría permitido sostener su campaña electoral presumiblemente también con recursos públicos, antecedente este que sugiere la conveniencia de prohibir la reelección de los intendentes. Por cierto, los 38 precandidatos municipales de 2022 no son los primeros que nadan y guardan la ropa, ya que también lo han hecho antes, entre otros, los exconcejales de Asunción y hoy diputados Martín Arévalo (ANR), Hugo Ramírez (ANR), Tony Apuril (ex-Hagamos) y Sebastián Villarejo (PPQ), ahora precandidato a la Presidencia de la República.
La aconsejable “carrera de los honores” supone que se acumulen experiencias y saberes en el ejercicio de la función pública electiva, escalando posiciones a partir de una concejalía municipal, por ejemplo. El problema es que hay personas muy apresuradas, que tratan de abreviar la carrera dando notables saltos, sin siquiera haber aprendido lo suficiente en el cargo desempeñado: la intendente de Isla Pucú, Sonia Fleitas (PLRA), ya habría aprendido y hecho más de lo necesario, pues ahora quiere integrar nada menos que la Cámara Alta. Claro que lo ideal es que los candidatos sean aptos para ejercer el puesto que anhelan, en vez de verse obligados a aprender por el camino, en el mejor de los casos.
Desde luego, un mínimo sentido de lealtad hacia los conciudadanos exige que los elegidos no abandonen su mandato antes de tiempo, para abocarse a lograr uno distinto. Si prometieron ocupar sus cargos por el periodo completo de tiempo y luego los abandonan por el camino, mienten descaradamente a los electores. Este evidente “fraude electoral” no debería ser retribuido una vez más con el voto de ciudadanos dignos, que no aceptan ser tomados por idiotas y creen que la mentira debe ser castigada en las urnas. La estafa o tomadura de pelo no debe quedar impune.