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El Senado postergó el tratamiento de un proyecto de ley que suspende por cinco años la habilitación de nuevas carreras de medicina en todo el país, presentado por sus miembros Enrique Riera (ANR), Ramón Retamozo (ANR), Blanca Ovelar (ANR), Hermelinda Alvarenga (PLRA) y Esperanza Martínez (FG). El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social había señalado tal necesidad al Cones, dada la existencia de nada menos que 32 Facultades de Medicina, de las cuales solo 15 están acreditadas por la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes), encargada de evaluar y certificar la calidad académica de carreras, programas e instituciones. Por lo demás, ya estaría saturada la capacidad de las regiones sanitarias para brindar a los estudiantes una adecuada formación práctica.
La plausible iniciativa –apoyada por el Círculo Paraguayo de Médicos– responde a la exigencia de mejorar la calidad de la enseñanza médica, cuya pobreza se refleja en los frecuentes casos de malas praxis denunciadas, no pocas veces con resultados mortales. Es indudable que el país requiere más médicos, pues solo tiene unos 12.000, en su mayoría concentrados en al área metropolitana de Asunción. La relación de 1,5 cada mil habitantes resulta ser la menor del Cono Sur. Pero no todo guarda relación con la cantidad de profesionales, sino también con su calidad, más aún cuando de ellos depende la salud de la gente. Y bien, las universidades empezaron a proliferar en 2004, gracias a una ley que permitió al Congreso crearlas, sin atender el dictamen del Consejo de Universidades. Hoy existen 54, de las cuales 47 son privadas, con “sucursales” hasta en pequeñas localidades. La Argentina, con una población seis veces mayor, solo tiene 97.
El referido proceso, que se convirtió en un gran negociado en el que presuntamente participaron varios legisladores, conllevó un serio deterioro de la excelencia educativa. En el caso de las “universidades de garaje”, lo que importaba era que los unos ganaran dinero y los otros compraran de hecho un título académico para engrosar el currículum vitae o lograr una bonificación como funcionario, de modo que el saber era absolutamente secundario. Se llegó al colmo increíble, denunciado por la senadora Ovelar, de que en Vallemí se habilitó una carrera de Derecho, bajo la dirección de un alumno del segundo año de la carrera. La masificación fue impulsada desde el Congreso, sin ningún disimulo: una de las universidades fue creada mediante una ley que votó su propio dueño, el exdiputado Dionisio Ortega, esposo de la mencionada senadora Alvarenga, la vicerrectora que no percibe el conflicto de intereses entre su condición de tal y la de firmante del proyecto en cuestión.
El abuso comentado fue contenido cuando la Ley Nº 4995/13 dispuso que la creación legislativa de una universidad presupone el dictamen favorable del Cones. También ordenó que para 2016, al menos el 30% del total del plantel docente de cada institución de educación superior esté integrado por profesores de tiempo completo, un objetivo que aún hoy está muy lejos de haber sido alcanzado; parece difícil hablar de excelencia si los estudiantes y los docentes se dedican a sus respectivas funciones solo durante unas pocas horas diarias. Desde luego, también en las Facultades de Medicina se refleja la miseria de la educación superior. El hecho de que en las privadas abunden estudiantes oriundos de los países vecinos no es atribuible al excelente nivel de la enseñanza, sino más bien a que en nuestro país los costos y las exigencias académicas son menores: a este paso, en la región, doctorarse en el Paraguay terminaría siendo señal de incompetencia.
No solo se impone suspender la habilitación de nuevas carreras médicas, sino también clausurar las existentes, previo examen de los programas de estudio y de la carga horaria efectiva, de la idoneidad de los catedráticos, de la funcionalidad de las instalaciones y de la suficiencia del equipamiento. El Cones, que teme que las universidades recurran a acciones de amparo para que las carreras de medicina sean habilitadas, puede y debe hacerlo en defensa de la salud pública, amenazada por la impericia resultante de una pésima enseñanza. Se necesitan más médicos, pero también que sean idóneos y diligentes: hace unos días, el Instituto de Previsión Social y dos de sus médicas fueron obligados, al cabo de un juicio de 16 años (!), a pagar una indemnización de casi mil millones de guaraníes, más intereses, a una joven a la que dejaron ciega poco después de haber nacido, por culpa de una negligencia.
La educación superior no debe consistir en expedir títulos tras el cumplimiento de ciertas formalidades, sino en la transmisión de conocimientos a ser empleados con toda responsabilidad. Es intolerable que de las Facultades de Medicina del Paraguay egresen profesionales ineptos o indolentes.