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Estas disposiciones no disuaden a los corruptos, sabedores de que, en este país, la impunidad es habitual y la penalización extraordinaria. Así, según grabaciones que transcendieron recién ahora, el 30 de marzo de 2021, no disuadieron, por ejemplo, a los aduaneros Virgilio Ferreira, Luciano Florenciano, Eusebio Santacruz, Antonio Oporto y Pedro Báez, ni a los suboficiales de la Armada Claudio Orrego y Jacinto Blanco, fueron detenidos porque en el puesto de control del Puente de la Amistad habrían montado una trama que esa noche sirvió para cobrar “coimas” de entre 150.000 y tres millones de guaraníes a los presuntos contrabandistas Carlos Alberto Montanía y Elsa Chamorro. Un detalle curioso es que los agentes estatales pedían a sus sobornadores la entrega de algunas bolsas de comestibles, entre otras cosas, para presentarlas como supuestas incautaciones: así ganaban dinero sucio y, al mismo tiempo, hacían de fieles cumplidores de la ley; es muy probable que la engañifa también sea empleada en otros sitios, de modo que bien podría suponerse que ciertas intervenciones aduaneras presentadas como exitosas no son más que la pequeña punta de un enorme iceberg delincuencial.
La recaudación ilícita, que en una sola noche podía llegar a decenas de millones de guaraníes y que fue denunciada por la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), presuntamente era compartida con varios colegas, hasta hoy desconocidos. Dado que no debería sorprender que también sus jefes –nunca investigados– participen en el festín cotidiano, es preciso que los controles internos de la Armada y de la Dirección Nacional de Aduanas sean mucho más rigurosos para desprenderse de los funcionarios corruptos. También habrá que poner bajo la lupa a los peces gordos del contrabando, que actúan tras las bambalinas de los “paseros” y que hoy, por lo demás, estarían aportando generosamente a las campañas electorales en curso. Ellos no necesitan transportar las mercaderías y coimear personalmente a marinos o aduaneros, pues les basta un telefonazo para que sus empleados sean bien atendidos, gracias a la debida contraprestación.
Es preciso que se haga entender, aplicando la ley, que el soborno y el contrabando no son delitos más o menos “respetables”, a los que la población debería acostumbrarse; los Códigos Penal y Aduanero no son meras hojas de papel a las que se pueda ignorar sin temor a las consecuencias. Este contubernio público-privado afecta la legalidad y destruye puestos de trabajo creados por quienes pagan impuestos, así que está en el interés general que sea reprimido con la mayor eficacia. No es de extrañar que prolifere este tipo de delitos, que siempre prosperan bajo el amparo de políticos poderosos. Nada raro, en efecto, si todo un senador, como el famoso “trato apu’a” Silvio Ovelar (ANR, cartista), afirma que las declaraciones juradas son “una bolaterapia”, lo que puede interpretarse, por ejemplo, como que el ambiente es propicio para continuar recibiendo los famosos “maletines” aduaneros, sin necesidad de declararlos.
No faltan –por el contrario, abundan– organismos para luchar contra estos delitos, sino la voluntad de hacer sentir a sus autores el rigor de la ley. En cuanto a la DNA, la Armada y la Policía Nacional, parece claro que mal podrían combatir el contrabando si tienen en sus respectivas nóminas a corruptos de tomo y lomo, respaldados en las altas esferas de los Poderes del Estado, según lo han reconocido los propios gobernantes.