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Todo indica que, en efecto, también la Dimabel ha sido infiltrada por el crimen organizado, lo que –obviamente– debería inquietar en grado sumo a los organismos de seguridad, empezando por el Consejo Nacional de Inteligencia, uno de cuyos miembros es el ministro de Defensa, Gral. (R) Bernardino Soto Estigarribia. Más aún, también debería preocupar a los de países vecinos, pues el tráfico de armas se ha convertido en una próspera actividad regional, controlada en gran medida por el Primer Comando da Capital (PCC): valga el dato de que el 27 de febrero de 2018, la policía brasileña incautó 40.000 balas destinadas a una “favela” de Río de Janeiro, gran parte de las cuales estaba contenida en bolsas con el logotipo de la Dimabel. En una ocasión, fusiles del ejército nacional aparecieron incluso en poder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), de modo que el arco de la clientela sería bastante amplio.
La vieja historia continúa, pese a los periódicos cambios en la cúpula de dicha Dirección. Su sede fue allanada el 5 de octubre de 2021, luego de que armas incautadas al Comando Vermelho, y que debían haber sido distribuidas por los militares, volvieron a ser decomisadas en un procedimiento fiscal-policial. Días después, el Poder Ejecutivo nombró como nuevo director al Gral. Aldo Daniel Ozuna, sin mayores resultados favorables para el patrimonio público y la seguridad interna, según surge de los hechos mencionados. Conste que tienen como “asesor de sus asesores jurídicos” al Cnel. Gustavo Dávalos, investigado en el marco del operativo A Ultranza Py, dado que un club de fútbol que preside habría sido auspiciado por la firma Total Cars, perteneciente al supuesto narcotraficante prófugo Sebastián Marset. Por cierto, el exdiputado Juan Carlos Ozorio, también involucrado en dicho operativo y hoy en prisión preventiva, llegó a encabezar nada menos que la Comisión de Defensa Nacional, Seguridad y Orden Interno de la Cámara Baja, encargada de analizar todo proyecto de legislación militar y, por tanto, la referida a la Dimabel. Todo parece un chiste morboso.
El Gral. Ozuna admite que hay municiones que acaban en manos de la mafia, pero se lava las manos aduciendo que su Dirección no controla las armerías de las unidades militares a las que son entregadas, esto es, no existe un sistema de trazabilidad para saber dónde se produjo la sustracción. Con el fin de saberlo, se busca comprar el año venidero una máquina para que el “código QR” se grabe en las vainillas y no solo en las cajas, como hasta ahora. Es plausible que, después de tantos años de “fugas”, se haya dado al fin con la sencilla solución del grave problema: se podría así responsabilizar a los comandantes de las unidades militares afectadas, lo que podría inducirles a que refuercen el control interno. Solo restaría controlar también la planta industrial de Piribebuy. En Paraguarí, no lejos de esa ciudad, fue detenido a inicios de este mes un militar que intentaba vender proyectiles de la Dimabel: curiosamente, prestaba servicios en la lejana División de Infantería asentada en Lagerenza (Chaco), lo que revelaría las profundas conexiones que tiene el sucio y peligroso negocio que gira en torno a los elementos manejados por esa unidad de las Fuerzas Armadas.
Coincidiendo con su comandante en jefe, el Gral. Ozuna declaró que “tenemos que entender que el crimen organizado ha permeado inclusive en nuestras instituciones y la lucha contra eso estamos haciendo nosotros mismos”. ¡Menos mal! Habría que empezar por limpiar la casa, incluyendo la castrense, para liberar al país de la garras del crimen internacional, que agrede a los paraguayos valiéndose de su propio Estado, para mayor escarnio. En particular, es hora de que la Dirección Nacional de Inteligencia del Comando de las Fuerzas Militares, que cuenta con una División de Inteligencia Interna, se ocupe de detectar los tentáculos mafiosos dentro de la propia milicia: el uniforme verde olivo no debe seguir siendo mancillado por los criminales.