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Con el guiño del Poder Ejecutivo y de las autoridades de Petropar, quienes, evidentemente, se arrodillan ante presiones sectoriales sin importarles ni los intereses del fisco ni el patrimonio de la empresa estatal que “administran”, los senadores José Ledesma y Carlos Zena (PLRA) presentaron un proyecto de ley para establecer “precios promocionales” (subsidios) de combustibles que, según admiten los propios proyectistas, no saben ni cuánto van a costar, ni a quiénes van a favorecer, mucho menos a quiénes van a perjudicar, ni si es suficiente la fuente de financiamiento, ni en qué están ya asignados los recursos que se piensan extraer del Presupuesto para costear la iniciativa, ni si la misma se encuadra dentro de la Constitución Nacional, ni cuál será el verdadero impacto y en qué plazo, ni cuáles sus consecuencias, todo eso sin considerar la injusticia de beneficiar en lo inmediato a una minoría de la población a costilla de toda la ciudadanía.
El proyecto de ley “que crea el fondo transitorio de estabilización de precios de venta al público del gasoíl tipo III y nafta de 93 octanos de Petróleos Paraguayos y le autoriza a establecer precios promocionales en la comercialización de dichos combustibles” es prácticamente un calco del que se tuvo que dejar rápidamente sin efecto en abril, cuando la situación era todavía más volátil e incierta que ahora, por improcedente, infinanciable, inservible e ilegal.
La diferencia es solo semántica. Mientras aquel proyecto le permitía a Petropar vender hasta 30% por debajo de su costo, este le faculta a establecer “precios promocionales”, con la única y evidente intención de eludir el artículo 107 de la Constitución Nacional, que taxativamente prohíbe “el alza o la baja artificiales de precios que traben la libre concurrencia”.
Además de ello, adolece exactamente de los mismos defectos que hacían a aquel inviable. El principal es que tiene un alto costo y un mínimo efecto. Petropar tiene menos del 20% del mercado nacional de combustibles y una muy limitada red de distribución, con solo 220 estaciones de servicio de las 2.400 que hay en el país, la mayor parte ubicadas en el área metropolitana de la capital. En su momento se calculó que el subsidio podría llegar en el mejor de los casos a un máximo de 500.000 vehículos y motos, mayormente de la zona central, apenas una quinta parte del parque automotor.
Los pretendidos “precios promocionales” alcanzarán a una cantidad muy restringida de consumidores, pero, en contrapartida, les proporcionarán una ventaja desleal a los servicentros del emblema estatal frente a sus competidores de emblemas privados. Con ello, los que sí saldrán rápida y desproporcionadamente beneficiados serán los operadores de los surtidores de Petropar, muchos de ellos políticos del Partido Colorado, o sus testaferros, que tendrán en sus locales largas filas de clientes hasta agotar sus stocks, todo ello a cuenta del fisco en época electoral.
Los proyectistas designaron como fuente de financiamiento la mitad del aporte intergubernamental que debe hacer Petropar este año a las arcas fiscales, establecido en 54.519 millones de guaraníes por el Presupuesto General de la Nación 2022. Pero ellos mismos reconocen que no saben si ello va a ser suficiente y tampoco saben qué programas estatales se quedarán sin esos fondos y habrá que recortar.
Tampoco señala el proyecto de cuánto será la “promoción”, pero el Gobierno les prometió a los gremios de transportistas que rebajaría 560 guaraníes el litro los precios de Petropar. Mensualmente se consumen en el país 125 millones de litros de gasoíl tipo III y 64 millones de litros de nafta de 93 octanos. Si Petropar llegara con una rebaja de 560 guaraníes por litro a tan solo el 30% de ese volumen, la mitad del aporte intergubernamental, suponiendo que pudiera disponer de ello, se le esfumaría raudamente en un par de semanas. En síntesis, Petropar no tiene los recursos. El propio presidente de la estatal, Denis Lichi, lo reconoció implícitamente al declarar que “el subsidio es actualmente la única vía de llegar a una reducción”.
La estructura de costos de la importación y distribución de combustibles, y especialmente del gasoíl, es bastante transparente, no hay demasiado margen para jugar con los precios, más allá de algunos pequeños ajustes que se puedan hacer. Es simple cuestión de revisar los números, no hay demasiados secretos. Cualquier reducción que se haga por debajo de ello se contrapone a la Constitución a costa de toda la ciudadanía y de las otras múltiples prioridades que tiene el Estado.
En su reciente discurso en el foro “Invest in Paraguay” el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, repudió la “demagogia irresponsable” y aseguró que en Paraguay “la intervención del Estado está dirigida a crear igualdad de condiciones, a amparar a los más vulnerables, pero nunca a sustituir el esfuerzo privado y la libre competencia del mercado”. Esta es una buena oportunidad para actuar en consecuencia.