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A juzgar por las relativamente irrisorias sumas declaradas para gastar por los precandidatos electorales de los distintos partidos políticos, puede pensarse que los mismos casi no se moverán de sus oficinas, que sus operadores trabajarán “ad honorem”, que sus cartelerías les saldrán casi gratis y que sus vehículos no utilizarán las naftas cuyos precios agobian al resto de la población.
En efecto, es de pública evidencia que, desde hace meses, ya están en marcha las campañas electorales con vistas a los comicios internos simultáneos del 18 de diciembre de este año. Nada importa que la ley disponga que en los comicios internos la propaganda electoral no puede exceder los sesenta días, plazo que se reduce a treinta cuando se recurre a los medios masivos de comunicación social. Aparte de que los precandidatos demuestran así su escaso apego a las normas, de las que deberán ocuparse al sancionarlas o ejecutarlas si son elegidos, la premura conlleva que el gasto electoral sea mucho más elevado y fuerte la tentación de aceptar donaciones de cualquier origen, así como la de retribuir favores en el ejercicio de la función pública.
En el Paraguay, el voto sale bastante caro, incluso en las elecciones internas de los partidos tradicionales: los 70.023 precandidatos de 43 partidos y agrupaciones políticas dijeron que recaudarán y gastarán unos 87.000 millones de guaraníes en total, de los cuales 35.528 millones corresponden a los de la ANR y 13.800 millones a los del PLRA. Ciertas declaraciones juradas de ingresos y gastos de campaña, cuya falsedad supone la comisión de un hecho punible y que ya deben de estar en manos de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), hacen presumir que las sumas en juego serían mucho mayores. De entrada, es llamativo que los fondos propios de los precandidatos lleguen a 85.130 millones de guaraníes, en tanto que las donaciones no superen los 1.708 millones: algunos de ellos manifestaron, incluso, que no las recibirían. Por tanto, se diría entonces que son personas adineradas, dispuestas a invertir gruesas sumas para tener primero el honor de ser candidatos y, después, el de legislar o gobernar a nivel nacional o departamental.
Entre los precandidatos a la Presidencia de la República, la escala de gastos electorales se extiende desde los casi 1.274 millones de guaraníes del liberal Martín Burt hasta los seis millones mensuales que desembolsaría su correligionario Efraín Alegre. Al gasto de este último se sumaría de hecho el de cien millones de guaraníes de su compañera de fórmula Soledad Núñez. Como puede notarse, la diferencia es enorme, algo que, con buena voluntad, podría atribuirse a que el presidente del PLRA no necesitaría invertir mucho, pues confiaría en el apoyo del aparato partidario antes que en una costosa propaganda, entre otras cosas. El precandidato colorado Santiago Peña declaró gastos de 500 millones de guaraníes, solventados con su propio bolsillo, aunque se desplazará en vehículos, aviones y hasta un helicóptero de su empleador Horacio Cartes. Estos aportes no monetarios tendrían que haber sido cuantificadas estimativamente, ya que entre los gastos electorales se incluyen los de transporte. También, seguramente, el expresidente ha de consignar detalladamente esos aportes en sus rendiciones particulares de cuentas.
La declaración fidedigna de los ingresos y las erogaciones de campaña tiene que ver no solo con la honestidad de los precandidatos, sino también con que la ley prohíbe aportes individuales mayores al equivalente a diez mil jornales mínimos y con que en las elecciones internas el límite máximo de los gastos electorales equivale al 5% del jornal mínimo por cada elector habilitado en la circunscripción electoral por la que se postule un candidato o una lista de candidatos. La violación de este límite acarrea una multa igual al doble de la cantidad excedida, sanción que, como es obvio, puede eludirse ocultando datos. Como la verificación de las rendiciones de cuentas nunca ha llevado a descubrimiento de irregularidades ni a sanciones, con toda seguridad que la legislación en la materia será pisoteada una y otra vez en las próximas elecciones.
Conste que el control del financiamiento político está estrechamente ligado a la necesidad de impedir que el dinero sucio influya en los procesos electorales, incluidos los de carácter interno, que en los dos mayores partidos suelen ser muy disputados. Están prohibidas las donaciones de los penalmente condenados, en particular con relación al narcotráfico, al lavado de dinero, a la trata de personas, al terrorismo, al tráfico de armas y al contrabando. El serio inconveniente radica en que la prohibición no afecta las contribuciones de quienes solo estén procesados y bien podrían resultar absueltos mediante el tráfico de influencias de sus candidatos.
Desde 2020, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) puede fiscalizar los fondos empleados en las campañas internas, así como controlar la actividades de los candidatos individuales, con la cooperación de la SET y de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), sin perjuicio de las facultades propias del Ministerio Público. En última instancia, todo dependerá de este control cruzado. Por de pronto, algunas de las declaraciones juradas referidas generan dudas acerca de su veracidad, de modo que es preciso que los organismos de control se esfuercen por investigarlas. Las finanzas juegan un gran papel en las elecciones internas, sobre todo en las de la ANR y en las del PLRA, incluso ya desde la confección de las listas para los cargos plurinominales. Resulta de capital importancia transparentar los comicios internos desde sus prolegómenos, especialmente para impedir que el dinero mal habido incida en sus resultados y, por extensión, en el de los comicios “externos”. En otras palabras, el crimen organizado no debe decidir quiénes conducirán las instituciones del país. Por evitarlo, los organismos de control deben husmear a fondo en los gastos que realizan los candidatos electorales.