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Claver-Carone dijo que en el BID están convencidos de que “es el momento de posicionar al Paraguay en el centro de la economía regional y mundial”. Destacó que es una de las economías más abiertas y dinámicas de la región, que ha duplicado el volumen de inversión directa extranjera en la última década y es una de las dos únicas de América Latina que logró aumentar el flujo de las mismas durante la pandemia. Entre los factores de atracción mencionó los costos competitivos, la disponibilidad de mano de obra joven, la gran producción de energía hidroeléctrica y la cercanía geográfica y cultural con los grandes mercados de Sudamérica.
Esto va en consonancia con otras dos comentadas buenas noticias desde el lado externo. Una es la decisión de Gafilat de no incluir al país en la “lista gris” de los que no cooperan con la lucha internacional contra el lavado de activos y la otra es el resultado de la última revisión anual de la conocida consultora de riesgos Moody’s Investor Services, que no solo mantuvo la calificación de Paraguay en Ba1 pese al deterioro de las condiciones macroeconómicas, sino que elevó su percepción de estable a positiva, lo que lo deja a un paso de escalar del grado especulativo al grado de inversión, mejor que Brasil y muy por encima de Argentina.
No obstante, la propia Moody’s hace sus salvedades. Si bien reconoce los esfuerzos por mantener cierta disciplina fiscal a pesar de los fuertes shocks de los últimos años, deja claro que cualquier progresión hacia una categoría superior depende de la aprobación e implementación de una serie de leyes y reformas, tales como la del servicio civil, la de contrataciones públicas, las que completan el marco de prevención del lavado de dinero, las relativas a la Caja Fiscal y otras, para asegurar la sostenibilidad y mejorar la eficiencia del gasto público, así como potenciar nuestro perfil de crecimiento.
Y lo cierto es que poco y nada se ha avanzado en esos terrenos. En el campo macroeconómico, no se ha cumplido el cronograma de reducción paulatina del déficit hasta converger con el tope del 1,5% del PIB en 2024, el endeudamiento público supera largamente el 35% del PIB y los agregados monetarios están desbordados, con una inflación ya consistentemente anclada en los dos dígitos.
Hay un proyecto de nueva ley de contrataciones públicas, un área en que, según organismos multilaterales, el Estado podría ahorrar ente 2.000 y 4.000 millones de dólares al año, pero el mismo duerme en el Congreso. En cuanto a una nueva ley de la función pública, para mejorar el manejo de los recursos humanos en el Estado, solo existe un anteproyecto que está cajoneado hace años.
En el espinoso y políticamente difícil asunto de la Caja Fiscal no hay atisbos de soluciones ni de paliativos, pese a lo urgente y lo grave que es la situación. Según proyecciones oficiales del Ministerio de Hacienda, si no se toman medidas ahora, las que necesariamente serán impopulares, como cortar beneficios, ampliar y unificar años de aporte, eliminar pensiones de privilegio, ya en el siguiente período presidencial el déficit superará los 2.500 millones de dólares, lo que es una enormidad. Toda la ciudadanía tendría que pagar el doble de IVA solamente para solventar las jubilaciones de los funcionarios retirados.
También son urgentes las reformas en el campo energético, para el aprovechamiento de los recursos disponibles en Itaipú bajo nuevos términos con Brasil. Tanto para utilizar los excedentes paraguayos como para poder subastarlos a precios de mercado se necesitan internamente inversiones en transmisión y distribución eléctricas, así como adecuaciones legales y corporativas, que no pueden demorarse.
Este Gobierno todavía tiene casi un año de mandato, un tiempo considerable que no se debe desaprovechar. Si piensa menos en las elecciones y más en el país, todavía tiene mucho por hacer en todos estos ámbitos para afirmar la estabilidad y apuntalar el atractivo nacional para las inversiones genuinas, nacionales y extranjeras, única vía factible para la prosperidad y el desarrollo.