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Si cualquier persona o cualquier empresa privada recurren a un banco para solicitar un préstamo, les analizarán su estado de cuentas, su flujo de ingresos y egresos, su capacidad de pago, les estudiarán sus antecedentes, evaluarán el riesgo y, finalmente, les pedirán garantías suficientes para ser ejecutadas en caso de incumplimiento. Sin embargo, el gobierno de Horacio Cartes le “prestó” de un plumazo nada menos que 80 millones de dólares de fondos públicos a la Industria Nacional del Cemento, que en casi una década prácticamente no ha pagado ni los intereses y nadie se hace responsable.
Los desembolsos se iniciaron en 2014 y, luego de varias postergaciones con múltiples excusas, según el último calendario, la amortización debía comenzar en 2020. Aquellos industriales que chocan permanentemente en el país con problemas de financiamiento apropiado para sus proyectos de inversión se preguntarán con toda razón cómo una industria deficitaria e inoperante consigue 80 millones de dólares tan fácilmente con seis años de gracia. Pero, como si eso fuera poco, en el informe de la Contraloría General de la República que acaba de salir a luz nos enteramos de que en 2021 la INC no solamente no pagó un centavo de las cuotas vencidas, sino que ni siquiera previó los recursos para el “Fondo de Amortización para Reembolso de los Préstamos Bonos Soberanos”.
Los que sí están pagando religiosamente esos préstamos son los contribuyentes, ya que los mismos provienen de la colocación de bonos del Tesoro con garantía del Estado paraguayo. La justificación dada en su momento por el gobierno de Cartes fue la supuesta necesidad de transformar los hornos para uso de otro combustible de mayor disponibilidad y eficiencia, además de otras inversiones de adaptación y modernización tanto de las plantas de Vallemí como de Villeta. Pero pasaron casi diez años y las dos fábricas siguen tan vetustas como siempre, con permanentes interrupciones, la producción está muy por debajo de lo que prometieron y la empresa está en quiebra técnica y cesación de pagos, pese a que el cemento es un producto de alta demanda que se vende al contado, y que la construcción fue uno de los pocos sectores de la actividad económica que no se interrumpió durante la pandemia.
De acuerdo con los informes, se invirtieron 25 millones de dólares en obras civiles, montaje, instrumentación y control de equipos para la optimización del horno III de la planta industrial de Vallemí; supervisión técnica para montaje y puesta en marcha del enfriador de clínker; automatización y actualización de la sala de control, laboratorio de calidad y salas eléctricas de la planta de Vallemí, y montaje de caperuza del horno, conducto de aire terciario y comisionamiento de enfriador de clínker.
Llamativamente, según la información proporcionada, se destinaron otros 30 millones de dólares a fines sugestivamente parecidos, a saber: implementación del sistema de control y automatización de la planta de Vallemí; provisión y puesta en marcha de nuevos equipos y accesorios para la optimización del horno III y cambio de ventilador del horno, más otros 3,6 millones de dólares en la modernización del enfriador de clínker.
Adicionalmente, 18 millones de dólares fueron para la provisión, montaje y puesta en marcha de equipos para nueva planta de secado de puzolana de la planta industrial de Villeta; provisión, montaje y puesta en marcha de un nuevo molino de cemento y equipos auxiliares en la planta de Villeta, y 1,1 millón de dólares para la adquisición de sistema de envío de cemento. Las empresas adjudicadas para estos contratos fueron CIE (Hugo Aranda), FLSmidth (Sonia Pizzurno), CP (Claudius Peters), Engineering (Juan Andrés Campos Cervera) y Distripen (Hugo Núñez Torrás).
Sin embargo, según constata la Contraloría, no solamente la INC no ha tenido una mejoría sustancial ni productiva ni financiera, sino que no logra ni cubrir sus gastos básicos, no digamos ya generar recursos y rentas. Solo en 2021 arrojó una pérdida de 148.184 millones de guaraníes, equivalentes a 21 millones de dólares, lo que es una barbaridad para cualquier compañía paraguaya de cualquier tamaño.
El discurso de los defensores de las empresas públicas es que estas constituyen un patrimonio nacional. ¿Qué pasaría si los administradores de una empresa privada hicieran que sus accionistas invirtieran 80 millones de dólares y al cabo de unos años les dijeran que están en quiebra? Si los accionistas de la INC son los ciudadanos paraguayos, como nos quieren hacer creer, lo mínimo que merecen es que se les presente una lista con todos y cada uno de los responsables, con nombres y apellidos, para que asuman las consecuencias.