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El Poder Legislativo ha recibido finalmente el proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación para el ejercicio 2023. Tal como se anticipó, es más de lo mismo y no presenta grandes novedades respecto a un eventual cambio radical en la orientación de las erogaciones públicas. La Corte Suprema de justicia (CSJ) hizo lo suyo, con un plan que está fuera del contexto de crisis económica y social profunda que vive la República. La nota característica este año será que los legisladores deberán definir los números en plena etapa proselitista, con un alto riesgo de populismo que podría poner al borde del colapso al Estado y la economía del país. Al mismo tiempo, es una brillante oportunidad para “quemar grasa” en el plan de gastos, donde existen numerosas alternativas y así dejar al Gobierno que asuma en agosto venidero una estructura más razonable.
El plan de ingresos y gastos fue elaborado en base a una estimación de crecimiento económico del 4,5% (inicialmente se proyectó un aumento del 5,2%), una inflación que se reducirá al 4%, una proyección de crecimiento del 9% en los ingresos tributarios, un déficit fiscal equivalente al 2,3% del Producto Interno Bruto (PIB), entre otros. El gasto total del Estado llegará a G. 105 billones que en la moneda norteamericana representa casi US$ 14.800 millones (crece 6% respecto a la ley del 2022). El proyecto incluye un nuevo endeudamiento aproximado a los US$ 1.400 millones, de los cuales US$ 1.000 millones serán ejecutados a través del Gobierno Central. De esta manera, la deuda pública se ubicará en el 37,8% del PIB, muy por encima del tope inicial fijado por las propias autoridades, del 30% luego extendida al 35% ante las necesidades surgidas de la pandemia.
En materia salarial no se contempla un incremento general para los funcionarios públicos, pero sí ajustes puntuales como para los docentes (del 16%, 8% en marzo y 8% en julio) y el ajuste para aquellos que ganan el mínimo conforme al incremento establecido en el salario mínimo legal. El documento del Ejecutivo incluye un total de más de 316.000 cargos públicos, tanto en la Administración Central como en la Descentralizada, con un aumento de 1.750 cargos que se incorporarán fundamentalmente en las Fuerzas Públicas y el Ministerio de Salud Pública. Finalmente, de cada G. 100 recaudados por el fisco, 70 irán a cubrir remuneraciones del funcionariado y el resto será absorbido totalmente por las deudas y el déficit que registra actualmente la Caja Fiscal.
El gobierno habla de casi US$ 1.000 millones que serán destinados a las obras públicas, financiadas fundamentalmente con nuevos endeudamientos, incluida la emisión de bonos con garantía del Tesoro por un valor de US$ 548 millones. Como puede apreciarse, la estructura se mantiene casi intacta, aunque existen numerosas opciones para evitar gastos innecesarios y el ritmo galopante del endeudamiento.
Sería bueno que el Poder Ejecutivo dé a conocer la cantidad de personal contratado que tiene el Estado. Extraoficialmente, se habla de unas 50.000 personas que se encuentran en este segmento y que anualmente representan un enorme gasto para la ciudadanía. El fuerte rumor es que muchos de ellos son solo operadores políticos. Este sector puede ayudar a ahorrar mucho dinero no renovando estos contratos innecesarios. Al mismo tiempo, permitirá suprimir la mal llamada “desprecarización laboral” que en muchos casos solo ayuda a sumar zánganos al Estado.
Tampoco se ha escuchado de proyectos que incentiven al sector privado a invertir en las obras públicas, de tal manera de revertir esta costumbre fácil de endeudar a los paraguayos para destinarlo a obras, que por cierto en muchos casos son estrictamente necesarias. ¿Cuántos proyectos serán financiados de esta manera? Sería bueno que el Poder Ejecutivo responda este interrogante.
Un barril sin fondo, conocido por todos los administradores públicos, son los llamados beneficios extraordinarios abonados al funcionariado, muchos de ellos insultantes para cualquier trabajador del sector privado, establecidos bajo la dudosa legalidad de contratos colectivos. Un exministro señalaba con una gran certeza que recortando parte de las remuneraciones extraordinarias y ciertos beneficios se podrían ahorrar fácilmente al estado hasta US$ 200 millones al año. Al mismo tiempo, se evitan las inauguraciones de “obras”, que conllevan pagos de viáticos y uso de vehículos y combustibles del Estado, muy de moda en estas épocas de proselitismo electoral.
Estas son apenas algunas sugerencias, que sumadas a otras como la no renovación de vehículos lujosos para autoridades e instituciones, la eliminación de la corrupción en las contrataciones públicas, hasta la reducción al máximo de gastos por bocaditos, solo por citar algunos, podrían traer alivio al Estado y por ende a toda la ciudadanía. Las autoridades gubernamentales deberían extremar esfuerzos para ingeniarse en introducir todos los cambios que sean necesarios a fin de racionalizar al máximo los gastos estatales y brindar el mejor servicio a la ciudadanía. Con ello también se evitará la solución fácil que buscan muchos sectores bajo el argumento de que la presión tributaria paraguaya es baja y es inevitable la creación y el aumento de impuestos.
Los legisladores tendrán este año una gran responsabilidad: o mantendrán la esperanza de un presupuesto y una economía ordenados o si tendremos que afrontar una nueva tormenta como la del año proselitista del 2012.