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¿Qué hace que los motociclistas irresponsables violen impunemente las leyes de tránsito sin que los agentes del área hagan la vista gorda? ¿Les está permitido, acaso, circular a más de 100 km por hora, sobrepasando raudamente a los automovilistas, poniendo en peligro la vida de los demás conductores, la de los transeúntes y la suya propia? ¿Tienen autorización para no respetar los semáforos, pues mientras los demás esperan, ellos pasan tranquilamente la luz roja? ¿Tienen permitidos los niños, especialmente en las ciudades del interior, manejar esos biciclos, sin cascos, como si no existieran agentes de tránsito? Esto sin contar que algunos llevan consigo a más de dos personas, incluyendo a niños, en vehículos sin luces, sin usar chalecos reflexivos, y adelantándose por la mano derecha. Pues bien, todo esto constituye nuestra realidad cotidiana, lo que hace que el Hospital de Trauma y otros estén rebasados porque los “motoqueiros” accidentados ocupan la mayoría de sus camas.
El director del Hospital de Trauma, Dr. Agustín Saldívar, con el apoyo de varias entidades, lanzó una campaña denominada “Motokeiro eñatendéke”, para “cambiar el comportamiento” de estos conductores y concienciarlos. La iniciativa es saludable, dada la proliferación de accidentes provocados por estos desaprensivos que, como señalamos, violan las normas de tránsito en todo el país, en las narices de los agentes encargados de velar por su observancia. Es comprensible que el promotor de la iniciativa sea el Hospital de Trauma, dado que solo la semana pasada registró seis víctimas mortales entre los conductores de esos vehículos. Por cierto, salvar la vida a un accidentado grave, mediante un mes y medio de tratamiento, le cuesta al contribuyente 300 millones de guaraníes, al decir del Dr. Saldívar. La situación no ha mejorado desde 2019, cuando la Organización Mundial de la Salud ubicó al Paraguay en el octavo lugar entre los países del mundo con más fallecidos a causa de accidentes que involucraron a motociclistas. Los datos son alarmantes desde hace largos años, pero no se toman medidas efectivas para poner coto a esta calamidad, que también se refleja en el número de quienes quedan inválidos o en estado vegetativo: entre 80 y 100 personas por año, según informó en 2017 el entonces director del citado hospital, Aníbal Filártiga.
Habría que empezar por lo elemental, esto es, que la Policía Municipal de Tránsito y la Patrulla Caminera verifiquen, mediante un control aleatorio en la vía pública, si los conductores tienen la licencia otorgada por la Municipalidad respectiva. Desde luego, su posesión no garantiza que el portador haya aprobado un examen psicofísico, uno teórico sobre reglas de tránsito, uno teórico-práctico sobre mecánica y uno práctico de idoneidad conductiva, previstos en la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial. Es presumible que la enorme mayoría de los motociclistas con licencia jamás se sometió tan siquiera a una de estas pruebas, teóricamente indispensables. Pero ocurre que a las Municipalidades les interesa mucho más recaudar que atender la integridad física de las personas, siempre amenazada por los conductores ignorantes o irresponsables. Tampoco se ocupan ellas de constatar, mediante la revisión técnica obligatoria y periódica, si los vehículos cuentan con ciertos dispositivos mínimos de seguridad, también referidos en la ley citada; por tal motivo, no son pocos los accidentes causados por motocicletas destartaladas.
La nueva campaña emprendida es necesaria, pero insuficiente para prevenir los siniestros derivados del desconocimiento o de la simple voluntad de vulnerar las normas de tránsito: el motociclista que pone en riesgo la vida propia y la ajena, por el motivo que fuera, debe ser sancionado, aplicando incluso el Código Penal. Es necesario hacerle entender, con acciones punitivas, que no puede seguir actuando en la vía pública a su antojo, sin perjuicio, cabe reiterar, de que las instituciones y sus agentes hagan lo que les compete en aras de la seguridad vial. En nuestra capital, es común ver a los agentes de tránsito recorriendo en motocicletas las calles internas de los barrios para “cazar” a algún conductor de automóvil por el motivo que fuere y aplicarle una multa, pues parece que la consigna es “recaudar para la corona” o para ellos mismos, más aún en época electoral. Les sería muy fácil detectar a los motociclistas infractores apostándose en los semáforos, o en las vías más concurridas donde pasan a alta velocidad tejiendo entre los automovilistas, sin que nadie los detenga. El verdadero drama es la tolerancia que se tiene con estos irresponsables conductores.
En consecuencia, en esta trágica cuestión, no queda otra cosa que aplicar con firmeza las sanciones que correspondan, para combatir este drama que tanto afecta a la salud y al dinero públicos. Por su parte, las municipalidades y la Policía Caminera deberían darles un baño de eficiencia y honestidad a sus agentes.