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Si los síntomas hacen a una enfermedad, las señales que deja ver el Ministerio Público meten el mismo miedo que vivía la sociedad paraguaya durante el stronismo. Aunque la Constitución nacional de los tiempos democráticos nos dice que por definición la Fiscalía está al servicio y protección de la sociedad, sus intereses y patrimonios, la realidad que se siente desde hace un par de años es la desprotección, la ceguera selectiva que premia a los amigos, el garrote que despelleja a los enemigos y la indefensión, en líneas generales, de la ciudadanía.
En época del stronismo nada bueno se esperaba de la Fiscalía General, pero aún en las horas más oscuras, era lo esperable: vivíamos en una tiranía. Clotildo Giménez Benítez fue el último fiscal general que acompañó la sepultura de la dictadura, y se enterró con ella en una fosa que cavó a sus anchas. La Fiscalía General stronista era una simbiosis de profanaciones jurídicas para sostener los delirios dictatoriales de pensamiento único.
Clotildo usaba y abusaba de sórdidos artículos y leyes tan arbitrarias que parecían salir de las mismísimas cavernas prehistóricas: la Ley 209 de 1970, de supuesta “defensa de la paz pública y libertad de las personas” fue esgrimida como un enfurecido garrote que sirvió para acosar, exiliar, perseguir y apresar a todos los disidentes. La ley tenía 17 artículos, todo un abanico que podía ser usado tanto para justificar clausuras de medios de comunicación y apresar a periodistas, impedir un debate en un salón parroquial, prohibir el ingreso de un paraguayo al país, impedir la extradición de algún narcotraficante, dejar preso por tiempo indeterminado a cualquier ser vivo que se les opusiera y hasta declarar al comunismo como un enemigo nacional y mundial.
La Ley 209 le sirvió a Clotildo como el cómodo altar desde el cual sacrificaba la libertad de las víctimas de la dictadura. En julio de 1980 acusó al periodista de nuestro diario Alcibiades González Delvalle de violar la Ley 209. El mismo había escrito una serie llamada “¿Qué ocurre en los Tribunales?”, y el fiscal general extrajo un párrafo y lo denunció porque a su juicio, era “una proclamación formal a desobedecer la ley”. De nada sirvió lo que González Delvalle explicó al juez, el periodista terminó preso.
El problema con los “Clotildos” que tienen investidura de fiscal general del Estado no son las trayectorias que se fulminan, la credibilidad que se entierra, el prestigio que se pierde o la desvergüenza que corroe. No. El problema son las instituciones que se hunden, que dejan de ser creíbles, que olvidan su razón de ser. El problema son los organismos que se destiñen, que sucumben ante el descrédito y la falta de autoridad, entes que terminan erosionados por inconductas públicas, por cegueras judiciales, por ser la confirmación indubitable de que la justicia en Paraguay no es ni pronta ni barata y, peor aún, ni es justicia.
Cuando en unos meses Sandra Quiñónez abandone la Fiscalía –si es que alguna fuerza oscura no la mantiene en el cargo– es probable que lo haga con su propia “misión cumplida” en lealtad a Horacio Cartes, quien la puso en el cargo. Es también posible que en el libro del debe y el haber, su hermano militante cartista Domingo “Mingo” Quiñónez termine fortalecido como jefe de alguna seccional, que consolide espacios más importantes en la actividad política y quizá hasta tenga mejor pasar que el que disfruta hoy, sin sanciones morales y mucho menos judiciales. Es posible.
Lo que no será posible es que todos ellos salgan por la puerta grande sin cargar consigo la desesperanza ciudadana y un altísimo deterioro del tejido del Ministerio Público, uno de los más graves en época de democracia. Lo que no será posible es que se vayan sin arrastrar consigo la lava candente de las investigaciones dormidas, las impunidades, los corruptos sobrevivientes y fortalecidos que esta Fiscalía General no ha perseguido. Los casos de Darío Messer y toda su red de empresas, el avión iraní, el operativo Smart ninguneado por el fiscal Lorenzo Lezcano donde ya aparecían los narcos del operativo UltranzaPy, las tabacaleras con sus informes cajoneados, las denuncias de inteligencia financiera de lavado de dinero, las casas de cambio que siguieron operando para lavar dinero de crímenes, el anestesiado caso del diputado Erico Galeano, las cuatro carpetas abiertas contra Horacio Cartes, el atropello del local del PLRA y el asesinato de Rodrigo Quintana… Un largo e impune etcétera.
Es altamente probable que Sandra Quiñónez y sus leales se vayan sin siquiera despeinarse con un juicio político. Pero cuando toque la despedida, no serán los clarines del deber cumplido y el trabajo culminado; cargarán con la responsabilidad histórica del deterioro del Ministerio Público cuando más lo necesitaba el Paraguay y mientras todo sucumbía.