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Vale la pena recordar, en el literal sentido de la expresión, los nombres que recibieron la misma designación: Óscar González Daher (+) (exsenador y expresidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, condenado a siete años de cárcel por enriquecimiento ilícito y declaración falsa), Javier Díaz Verón (ex fiscal general del Estado, procesado por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero), Ulises Quintana (diputado ANR, procesado por asociación criminal relacionada con el narcotráfico y lavado de dinero), Horacio Cartes (expresidente de la República, senador vitalicio y aspirante a presidir el partido de Gobierno), Hugo Velázquez (vicepresidente de la República, aún en ejercicio) y Juan Carlos Duarte (exdirector jurídico de la Entidad Binacional Yacyretá). En esta vergonzante lista están representados los poderes Ejecutivo y Legislativo, un órgano extrapoderes, el Ministerio Público, y una entidad binacional; por ahora, solo resta la judicatura y no por falta de candidatos, como bien podrían serlo los jueces que estuvieron al servicio de un gran usurero como Ramón González Daher.
Es de subrayar que aquí figuran Óscar González Daher y Javier Díaz Verón, pues estuvieron al frente de unas instituciones que deben, precisamente, combatir la corrupción: el Jurado juzga el desempeño de los agentes fiscales y de los jueces que entienden en casos ligados a ese infortunio nacional, en tanto que el Ministerio Público tiene que promover la acción penal en defensa del patrimonio público. Resulta escandaloso que quienes los han dirigido hayan estado muy lejos de haberse destacado por tener las manos limpias, revelando así, con singular nitidez, hasta qué punto ha llegado la podredumbre.
En este contexto, se recuerda que los amigos Hugo Velázquez y Juan Carlos Duarte –exfiscal adjunto y exfiscal delegado en el Alto Paraná, respectivamente– fueron denunciados más de una vez por haber, supuestamente, extorsionado a comerciantes esteños en asuntos marcarios; que esta vez, según el Gobierno estadounidense, actuaron para obstruir, mediante un soborno de más de un millón de dólares, una investigación que afectaba los intereses financieros del primero. Cuando presidía la Cámara Baja en 2014, este sostuvo –tal vez con conocimiento de causa– que la mafia se había instalado en los tres poderes del Estado; días después, una comisión senatorial denunció los vínculos con el narcotráfico de los diputados Marcial Lezcano, Freddy D’Ecclesiis y Bernardo Villalba, así como de la “parlasuriana” Concepción Cubas de Villaalta; el Senado asumió la denuncia, pero el Ministerio Público se cruzó de brazos: D’Ecclesiis sigue siendo diputado y Villalba es senador suplente. En 2020, la exdiputada Cynthia Tarragó fue condenada en los Estados Unidos por lavado de dinero del narcotráfico.
En cuanto a Horacio Cartes, el Departamento de Estado lo acusó de obstruir una “importante investigación internacional sobre el crimen transnacional para protegerse a sí mismo y a su asociado criminal de un posible enjuiciamiento y daño político”, siendo presumible que el asociado haya sido su “hermano del alma” Darío Messer, hoy condenado en el Brasil; más aún, según la sanción estadounidense, “estas acciones permitieron y perpetuaron la participación recientemente documentada de Cartes con organizaciones terroristas extranjeras y otras entidades (...), lo que socava la seguridad de los Estados Unidos contra el crimen y el terrorismo transnacional y amenaza la estabilidad regional”. Son gravísimas las imputaciones que afectan al candidato a la presidencia del partido oficialista: en un mundo globalizado, la corrupción tienen efectos internacionales, razón de más para tomar en serio el combate contra ese flagelo, que no se detiene ni siquiera ante una pandemia.
En noviembre de 2018, tras una Cumbre de Poderes, el Ejecutivo presentó doce proyectos de ley relacionados, directa o indirectamente, con el narcotráfico, el terrorismo y la cleptocracia, a menudo estrechamente relacionados entre sí. Sin negar la conveniencia de reforzar o ampliar la legislación, lo decisivo es cumplir y hacer cumplir la que esté en vigencia: de nada sirve que el Código Penal o las leyes especiales castiguen ciertos hechos, si quienes deben aplicarlos se abstienen de hacerlo por temor o por haber sido sobornados. Cuando las normativas son letra muerta porque los controladores no son controlados por una ciudadanía atenta, los corruptos, los terroristas y los mafiosos pueden hacer lo que se les antoje, como parece ser está ocurriendo en nuestro país.