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En un país no extenso, con relativamente pocos habitantes, sin lugares montañosos o poco accesibles, es inconcebible que las autoridades admitan que existen zonas donde no pueden intervenir para imponer la ley. Solo puede pensarse que quienes así se manifiestan para justificar la falta de acción, o fueron vencidos por la cobardía o ganados por la complicidad de quienes viven al margen de la ley.
Tras un tiroteo entre dos grupos de “campesinos sin tierra”, que el último jueves causó dos muertos y varios heridos, el agente fiscal Lucrecio Cabrera afirmó que la reserva forestal de Marina Cue (Canindeyú) es un “lugar liberado”, porque ni el Ministerio Público ni la Policía Nacional cuentan con los recursos humanos y materiales suficientes para “poner orden” en esa zona. Tan es así que el primer órgano, que tendría solo dos agentes fiscales y un vehículo operativo, se ve obligado a “juntar policías de otros lados” para realizar sus intervenciones en el área donde el 15 de junio de 2012 fallecieron once labriegos y seis policías, al cabo de un enfrentamiento armado.
Así, entonces, desde hace al menos diez años, el Estado no se halla en condiciones de ejercer allí el monopolio de la fuerza legítima que le corresponde, debido a las carencias del órgano que ha de procurar que los hechos punibles de acción pública no queden impunes y del que debe preservar el orden público legalmente establecido: ni el primero –el Ministerio Público– ni el segundo –la Policía Nacional– han creído necesario reforzar notablemente su presencia; tampoco lo ha estimado así el Congreso, que sanciona el Presupuesto nacional.
Por cierto, la expresión “lugar liberado” es bastante desafortunada, ya que Marina Cue puede ser calificada más bien como “tierra de nadie”, donde impera la ley del más fuerte, debido a la ausencia estatal. Se habla mucho de ella cuando se discuten cuestiones sanitarias o educativas, pero resulta obvio que también es preciso mentarla con relación a la inseguridad y ni qué decir al cautiverio que sufren desde hace años el policía Edelio Morínigo, el ganadero Félix Urbieta y el exvicepresidente de la República Óscar Denis. Todo indica, entonces, que hay otras zonas del norte de la Región Oriental que escapan al control del Estado, pues aún no se ha podido impedir que una banda criminal siga matando y secuestrando a sus anchas.
La reserva forestal en cuestión está “liberada”, asimismo, de la actuación de otras entidades estatales, como el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) y el Instituto Forestal Nacional (Infona). En efecto, el 23 de septiembre del año pasado, una comitiva interinstitucional no pudo ingresar al sitio, dado que la ruta fue bloqueada por uno de los bandos en conflicto, liderado por Adalberto y Néstor Castro, según se informó en la oportunidad. El grupo gubernamental no tuvo un acompañamiento policial que forzara el acceso de los funcionarios a un área que fue expropiada en 2021 a favor del Estado. Esto es, el dueño no pudo ingresar a su propia casa, así que la presidenta del Indert, Gail González Yaluff, tuvo que resignarse –vergonzosamente– a fijar una nueva fecha para buscar in situ una solución al viejo problema. Si esta muestra elocuente de prepotencia, similar a la registrada cuando se bloquean vías públicas en señal de protesta, no hubiera quedado impune, bien podría haberse evitado el referido incidente de mortales consecuencias, instigado por uno de los hermanos Castro, según el agente fiscal Cabrera.
La debilidad estatal alienta la prepotencia de los particulares; el empleo de la fuerza oportuna, dentro de los límites de la sana razón, contribuye a prevenirla. No se trata, en absoluto, de erigir un Estado policiaco, sino de asegurar la vigencia del Derecho en todo el país, para que no rija la ley del más fuerte, ni nadie se haga justicia por sí mismo. A fin de que el Estado cumpla con su obligación de proteger la vida, la libertad y los bienes de las personas, así como de hacer efectivos los mandatos legítimos de las autoridades competentes, es necesario que el Ministerio Público y la Policía Nacional se hagan sentir en todo el país: ninguna parte del territorio debe quedar en manos de grupos o individuos que actúen fuera del orden jurídico, imponiendo sus propias normas.
Es deplorable que estas disquisiciones no resulten ociosas, pero la realidad exige que se las recuerde en el Paraguay de hoy, donde hasta las cárceles se están convirtiendo en lugares “liberados” por sus ocupantes. No se debe permitir que los violentos lo conviertan en un país fallido.