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Es importante que la opinión pública no se deje engañar. Las grandes y verdaderas reivindicaciones paraguayas en Itaipú no tienen que ver con la tarifa, que apenas debe reflejar el costo de producción, no el precio final de la energía. Para que se entienda, Itaipú es una entidad sin fines de lucro y, como tal, debe cobrarles a Brasil y a Paraguay solamente lo necesario para hacer frente a todos sus costos, tanto de operación como financieros, prorrateados por la potencia generada y contratada. Esa es la tarifa. La diferencia que saquen a partir de ahí Brasil y Paraguay ya es cosa de ellos. Es sobre esto último que hay que pelear, no sobre lo anterior.
Dado que la deuda con el tiempo se fue achicando y ya está próxima a cancelarse completamente, por lógica derivación también debe hacerlo la tarifa. Eso no le perjudica a Paraguay, todo lo contrario, le beneficia y mucho. Hoy el país es dueño de la mitad de una de las mayores centrales hidroeléctricas del mundo ya casi totalmente amortizada, una fuente extraordinaria de energía limpia y renovable para potenciar su desarrollo. Cuanto más barata le cueste al país, cuanto menor sea la tarifa, mejor.
El problema no es ese, sino que, por interpretación del Tratado, en la práctica a Paraguay no se le permite disponer de su 50%, para abastecer su demanda interna y poder vender el resto, como sería lo normal y lo justo. Lo que ocurre hoy es que Brasil, cuyo sistema eléctrico está desmonopolizado, adquiere de Itaipú el sobrante paraguayo a precio de costo más una ínfima “compensación” y lo subasta entre operadores privados a precio de mercado mayorista, con lo cual se queda con la renta que debería corresponder a Paraguay. Es esto lo que hay que cambiar, es para esto que hay que renegociar el Anexo C y, paralelamente, realizar internamente las adecuaciones de infraestructura, legales e institucionales para aprovechar al máximo nuestra propia energía y para que sea Paraguay, no Brasil, el que subaste sus excedentes.
Pero en vez de ocuparse activamente de ello y de prepararse en todos los frentes para negociar con Brasil al cumplirse los 50 años de la puesta en vigor del Tratado en agosto de 2023, tanto el Gobierno como la oposición se enfrascan en la cuestión secundaria de la tarifa, a sabiendas desviando la atención y haciendo creer que allí se define poco menos que el destino de la Patria.
La tarifa de Itaipú era de 22,60 dólares el kilovatio/mes. Como el costo se redujo al reducirse la deuda, amparado en el Tratado, Brasil comenzó unilateralmente a pagar 18,95 dólares el kWm. El Gobierno negoció una tarifa intermedia de 20,75 dólares el kWm, con lo cual se generó un margen (por encima del costo real) de 220 millones de dólares para cada país. Según se informó, de ese monto en Paraguay supuestamente se destinarán 140 millones de dólares a obras de la ANDE y 80 millones a “gastos sociales”. El Gobierno también habla de una reducción de la tarifa eléctrica interna para fin de año, pese a que la ANDE debe 1.400 millones de dólares.
Nada de esto le favorece realmente al Paraguay. Para lo único que va a servir es para que Mario Abdo Benítez cuente con un fondo de uso discrecional en tiempo electoral, para alimentar el populismo, el prebendarismo y la corrupción, y para debilitar la posición paraguaya en la mesa de negociación a la hora de sentarse a negociar lo que efectivamente importa.
El que se ponga el énfasis en la tarifa denota que a muchos técnicos, burócratas y políticos, de distintos partidos, bandos e ideologías, les siguen interesando más las migajas y los privilegios que obtienen en las binacionales que los verdaderos derechos del país.