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La cuestión de los “barrabravas”, como se les llama a quienes, en la mayoría de los casos, se comportan como vulgares delincuentes, ha sido como una epidemia que ha venido a empañar el deporte paraguayo, como también ha ocurrido y ocurre en diversos lugares del mundo. Su accionar ha crecido por la relativa impunidad de que gozan sus integrantes, ya que después de los desmanes cometidos solo van presos por tiempos relativamente cortos, para volver pronto a las andadas. Pocas veces la Justicia los ha condenado con sentencias ejemplares, como las de 16 y 15 años de cárcel aplicadas en 2013 a dos “barras” de Cerro Porteño que le dispararon en la cabeza a otro de Olimpia, y esta semana, con la condena de nueve años aplicada a otros cinco de los mismos clubes que en 2019 protagonizaron una batalla campal en la Secretaría Nacional de Deportes, que arrojó como resultado un muerto, heridos y destrozos varios. Este triste episodio arrojó 157 detenidos.
Puede decirse que los actos de violencia cometidos por “barrabravas” siguen siendo un insoluble problema de orden público. El amor al club y al fútbol solo les sirve de pretexto para dar rienda suelta a sus bárbaros impulsos, hasta el punto de que no pocas veces los dirigen contra hinchas de sus mismos colores, como incluso ocurrió durante un partido en el exterior del país. En realidad, son delincuentes –muchos de ellos juveniles– que, estimulados por el alcohol o el consumo de drogas ilícitas, despliegan su notable agresividad dentro y fuera de los estadios.
Para tener una idea de lo que viven tanto la gente pacífica que concurre a los estadios como los vecinos de las zonas afectadas por los disturbios que generan los violentos, se puede recordar que el último de los reiterados episodios delictivos en el mundo del “deporte” consistió en el ataque a tiros perpetrado en Lambaré contra “barrabravas” cerristas, en presunta venganza por el realizado el día anterior contra la sede del Club Olimpia, en cuyo transcurso uno de los atacantes fue herido de bala. A fin de advertir la gravedad del clima generado por los fanáticos en la Gran Asunción, vale la pena tomar nota de los dichos de los consternados testigos presenciales. Uno de ellos comentó que, “generalmente, los de Olimpia que viven en Puerto Pabla vienen custodiados”, para luego agregar que “vivimos con miedo”. Otro contó que se escucharon varios disparos y que lo ocurrido le daba “rabia”, porque los vecinos son “muy sacrificados”. Es intolerable que los aficionados a un club crean necesario contar con escoltas, que hasta se permiten dirigir el tránsito (!), y que se atemorice o irrite a una población ajena a sus disputas absolutamente irracionales.
La pregunta que se impone es qué están haciendo la dirigencia del fútbol, la Policía Nacional, el Ministerio Público y las secretarías nacionales de Deportes (SND) y de la Juventud (SNJ) para prevenir y contener la barbarie desatada, una y otra vez. Quienes manejan el deporte más popular no suelen ir más allá de unas formales palabras de condena a los incidentes del momento. Mientras tanto, ponen entradas a disposición de los “hinchas organizados”, de los que se ocupa la Ley N° 1866/02: sus datos personales deben ser registrados por los clubes y comunicados a la Policía Nacional, siendo las entidades deportivas solidariamente responsables por los actos ilícitos individuales que cometan en los estadios y en los lugares públicos que se hallan dentro de un radio de 500 metros de los estadios del área metropolitana de Asunción y de 200 metros de los del interior del país. ¿Algún club o dirigente ha sido afectado por alguna sanción? No lo recordamos.
El exviceministro del Interior Hugo Sosa Pasmor llegó a afirmar que, en realidad, se trata de “delincuentes organizados”, en tanto que el exministro Juan Ernesto Villamayor sostuvo que ¡22 jugadores obligan a movilizar a 2.500 policías! Sin los “barrabravas”, bastaría con 150. Además, los uniformados deben escoltarlos al concluir el partido para que no sean atacados por sus rivales, por lo que el hecho de que se requiera una dotación tan grande para precautelar la seguridad en los estadios y en sus alrededores implica necesariamente desproteger otros sitios. La violencia que ejercen los desaforados se extiende hoy mucho más allá de los espacios que regula la ley antes citada y no se limita a los días de fútbol, ya que los “barras” son alquilados hasta para actos políticos, como se denunció en la Argentina, y no debe descartarse que aquí ocurra lo mismo.
Como se ve, el problema que ocasionan estos inadaptados se extiende más allá de las manifestaciones deportivas, de modo que el Ministerio Público debe hacer mucho más de lo que está haciendo e imputar a quienes han convertido con frecuencia los eventos que otrora fueran una diversión segura para las familias en verdaderos campos de batalla, hasta con saldo de vidas humanas.
En septiembre de 2019 se anunció la instalación de una de esas habituales “mesas de trabajo”, con representantes del Ministerio del Interior, de la Asociación Paraguaya de Fútbol, de los clubes y de las federaciones de deportistas amateurs. Como era previsible, no tuvo el menor resultado. Ese es el problema. Si se continúa ignorando la gravedad de esta situación que crece como un hongo, pronto los eventos deportivos se desarrollarán sin público o cada vez se destinarán más agentes policiales –que se necesitan desesperadamente en otros lugares– para cuidar a los delincuentes disfrazados de “hinchas”.