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A impulsos del líder de la bancada cartista, Basilio Núñez, la Cámara de Diputados volvería a ocuparse hoy de un proyecto de ley, presentado por los senadores Enrique Riera (ANR, cartista), Miguel Fulgencio Rodríguez (FG), Gilberto Apuril (PPH) y Abel González (PLRA), que busca satisfacer una insostenible exigencia de la Unión Nacional de Extrabajadores de la Itaipú Binacional Margen Derecha, ya rechazada por el Poder Legislativo en 2003 y por el Judicial en 2007. La indemnización en vista supondría desembolsar nada menos que unos 940 millones de dólares, en favor de 16.180 censados por una docena de organizaciones, entre ellos varios políticos colorados y 102 altos funcionarios de la citada entidad. Valga como ejemplo Carmen María Alderete –hermana del exdirector paraguayo del citado ente binacional José Alberto Alderete– agraciada con 27.656.800 guaraníes mensuales. El hecho de que la cifra inicial de “inscriptos” haya llegado a 27.759, entre los que había miles de nombres repetidos, muestra la total falta de seriedad de este intento de manotazo al dinero público, pretendido una vez más, aprovechando ahora el calendario electoral. Quieren darse una comilona en perjuicio de todos.
Milciades Areco, presidente de la Unión antedicha y miembro de un estudio jurídico que representa a 3.579 posibles beneficiarios, creyó oportuno aclarar con desparpajo que los fondos no saldrían del Presupuesto nacional, porque solo “es cuestión de poner unos puntitos más en el precio de la energía y listo: el dinero ya está allí”. Mayor descaro, imposible. Resulta claro que esos “puntitos” adicionales serían trasladados a la tarifa a ser abonada por el consumidor final, de modo que el dinero saldría en última instancia de su bolsillo y todo para satisfacer unas apetencias infundadas, sacando provecho de la “sensibilidad social” que desean demostrar no pocos parlamentarios, más bien interesados en sí mismos. Dado que aprovechará a una pequeña minoría, en perjuicio de la inmensa mayoría, la iniciativa parece insensata.
La opción para satisfacer la descabellada pretensión sería privar al país de importantes recursos financieros, lo que acarrearía serios problemas sociales. Itaipú Binacional y el Ministerio de Hacienda afirman que la suma total reclamada equivale a dos años de aporte de la entidad al Presupuesto nacional en concepto de regalías por los territorios inundados, a financiar durante 94 años el programa de becas universitarias y a construir once puentes internacionales, así como 3.400 Unidades de Salud de la Familia. Aunque sea evidente dónde radica lo “social”, los diputados que promueven este engendro –ya aprobado por la Cámara Alta– prefieren dar el gusto a quienes vociferan frente al Palacio Legislativo. Como si ya estuvieran enterados de los antecedentes y de los pormenores de esta cuestión, no han creído necesario tener un dictamen de las comisiones asesoras, ni invitar a los voceros del Ministerio de Hacienda y de la entidad binacional.
¿Saben los presurosos parlamentarios que se requiere el consentimiento del lado brasileño, que los potenciales beneficiarios no tuvieron una relación laboral con la entidad binacional, sino con las empresas contratistas o subcontratistas y que las acciones judiciales que plantearon ya fueron denegadas, incluso por la Corte Suprema de Justicia, haciendo así cosa juzgada? Es inadmisible que Itaipú Binacional y, al fin y al cabo, los consumidores de energía eléctrica, deban asumir obligaciones que habrían incumplido los “barones” de otrora, de infausta memoria. En verdad, nada deben, porque la responsabilidad solidaria fue eliminada en 2002, mediante la ley que aprobó un “intercambio de notas reversales sobre relaciones laborales y de seguridad social de los trabajadores de los contratistas de obras y locadores y sublocadores de servicio...”.
El delirante proyecto –inspirado en el populismo tramposo– atenta gravemente contra el interés general, razón por la que merece el condigno rechazo de la Cámara Baja. No hay por qué asumir deudas ajenas, mal que les pese a los “generosos” legisladores proyectistas, a costa de la población en general. Si se salieran con la suya, el Poder Ejecutivo tendría que vetar la iniciativa en su totalidad, de acuerdo a la opinión del Ministerio de Hacienda, encargado de reglamentar los pagos y los procedimientos en un plazo de 30 días, según el repudiable documento.
Es preciso impedir que los avivados y sus socios con fueros metan la mano en el patrimonio público: frustrar la costosa tomadura de pelo implicará atender el bien común.