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A tanto ha llegado su “mala praxis”, que la Cámara de Diputados tratará hoy un pedido de interpelación para que el cuestionado responda a una serie de preguntas, entre las que figuraría la relacionada con la última presunta corruptela administrativa, constatada por la Contraloría General de la República: una licitación supuestamente amañada para contratar, por 50.367 millones de guaraníes, un servicio de limpieza e higienización de la firma Cevima SA, representada por Claudio Alberto Escobar. Este caso recuerda una de igual índole que en 2019 provocó el pedido de renuncia a Armando Rodríguez, antecesor del actual presidente. Si Marito actuó aquella vez como correspondía, ahora protege a quien está teniendo al frente del IPS uno de los peores desempeños de las últimas décadas, lo que es mucho decir tratándose de una entidad que nunca se destacó por su buen servicio.
Es de preguntarse por qué hace oídos sordos a los constantes reclamos de los asegurados y de sus parientes, cuyas penosas experiencias tienen que ver hasta con la pérdida de la integridad física o de la propia vida, en condiciones indignantes. Según una reciente y estremecedora denuncia de una mujer de nombre Daisy Recalde, su hermano David falleció en el Hospital Central al cabo de tres días, atado a una cama y pidiendo auxilio, sin recibir alimentos ni calmantes; murió en la víspera de un estudio de resonancia magnética, que no se pudo realizar antes porque en la Semana Santa no había especialistas para manejar el equipo, en “ese asqueroso lugar, donde abandonan y matan a gente inocente”, según sostuvo. Cómo no mencionar también aquí otro monumental escándalo, ocurrido recientemente, cuando médicos del ente extirparon la pierna equivocada al señor Ramón Samudio, de 78 años.
No se trata de simples anécdotas, sino de una demostración cabal de la práctica deshumanizada de la medicina, no menos condenable que los continuos escándalos administrativos escenificados allí, con la anuencia de los consejeros Ricardo Oviedo (Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social), Ludia Silvera (Ministerio Trabajo, Empleo y Seguridad Social), Miguel Ángel Doldán (Empleadores), Gustavo Arias (Trabajadores) y Roberto Brítez (Jubilados).
De hecho, al respaldar a Vicente Bataglia, el mismo que ordenó cerrar un quirófano del Hospital Central donde debían ser operados quienes estaban en una lista de espera debido a la pandemia, el Presidente de la República tomó partido contra los asegurados, sometidos a vejaciones diversas. ¿Debe suponerse que considera normal que, entre otros infortunios, quienes hacen forzosos aportes monetarios mensuales deban adquirir medicamentos de los que carece el parque sanitario de la entidad? Allí hay dinero para el mantenimiento de jardines, pero no así para comprar los equipos e insumos que necesitan quienes sufren de cáncer, la segunda enfermedad mortal en el país.
Por si fuera poco, el presidente confirmado, pese a todo, tiene el descaro de pretender un aumento de los aportes, esto es, que la colosal estafa sea aún de mayores proporciones, como si no le bastara con lo que hoy se paga solo para que el asegurado sea vilmente humillado. No tiene la decencia de renunciar y quien lo nombró desea que todo siga igual, aunque en su discurso inaugural del 15 de agosto de 2018 el Primer Mandatario haya expresado su anhelo de “que ir a un hospital en Paraguay no se convierta en un drama mayor que la propia enfermedad”. Debería saber que ir hoy a uno del IPS implica justamente eso, gracias también a la complicidad de los consejeros, razón por la cual todos ellos tendrían que irse a sus respectivas casas. Allí se atenta cada día contra la vida, la salud y la dignidad de los pacientes o de sus allegados, pero al Presidente de la República nada de eso le importa: está satisfecho con los desmanejos de Vicente Bataglia, lo que mucho dice acerca de su sentido de humanidad, así como del valor que le otorga a la eficiencia y la honestidad administrativas.
Si ya era de toda evidencia la escasa autoridad política de Marito, ahora resulta que también su autoridad moral está en entredicho, pues teniendo que optar entre los indefensos asegurados y su insolente victimario, prefirió quedarse con este. Su vergonzosa preferencia conlleva una afrenta a la sociedad toda, testigo impotente de las canalladas que se vienen perpetrando en la entidad previsional, debido a la corrupción, la negligencia y la ineptitud flagrantes. Pero el Presidente de la República no se inmuta, como si las constantes denuncias no respondieran a una trágica realidad que, por lo visto, persistirá hasta el triste final de su mandato. Se diría que tiene la conciencia blindada, impermeable a los reclamos de la gente de a pie, que hasta hoy no tiene la alternativa de contar con un servicio privado de seguridad social, bajo la supervisión del Estado, previsto en la Constitución. Sigue condenada a los atropellos del IPS, consentidos desde el Palacio de López, como acaba de verse una vez más.