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La propia Moody’s lo deja muy claro al reconocer esfuerzos por mantener cierta disciplina fiscal pese a los shocks de los últimos años, pero vinculando cualquier posible progresión hacia una mejor categoría a las prontas aprobación e implementación de una serie de leyes y reformas, tales como la del servicio civil, la de contrataciones públicas, las que completan el marco de prevención del lavado de dinero, las relativas a la Caja Fiscal y otras, para asegurar la sostenibilidad y mejorar la eficiencia del gasto público, así como potenciar nuestro perfil de crecimiento.
Ante cualquier alarde triunfalista, hay que aclarar que Ba1 no es una buena calificación ni mucho menos. El ranking de Moody’s consiste en una escala de 21 rangos, donde AAA es el mejor y principal, con riesgo casi cero, y C es el peor e indica bancarrota y cesación de pagos. El rango Ba1, en el que está Paraguay, ocupa el lugar 11, del medio para abajo, y todavía se encuentra dentro del “grado de no inversión especulativo”, con la importante salvedad de que está a solo un escalón de pasar a la categoría inmediatamente superior, que es el “grado medio inferior”, a partir del Baa3, al que muchos llaman “grado de inversión” y es al que se aspira alcanzar.
No obstante, la calificación Ba1 es mejor que la de Brasil, catalogado por Moody’s como Ba2, y mucho mejor que la de Argentina, que es Ca, al borde del default, lo cual de alguna manera le da al país una ventaja comparativa y una buena imagen relativa que hace que sea visto con buenos ojos por agentes económicos del exterior interesados en esta región.
La importancia de las calificaciones otorgadas por estas grandes consultoras, como Moody’s, Standard & Poor’s, Fitch y otras, es que, nos guste o no, estemos o no de acuerdo, independientemente de lo que cada uno pueda pensar u opinar de ellas, indudablemente constituyen los principales marcos de referencia tomados por los bancos, las casas bursátiles, los inversionistas para adoptar sus decisiones e incluir o no a un país en sus portafolios.
El efecto de ello, por un lado, es la tasa de interés que se puede obtener en la colocación de bonos soberanos. Cuanto más alta es la demanda por tales bonos, lo que en gran medida se define por estas calificaciones, menor la tasa que habrá que pagar por esos títulos de deuda. La diferencia entre esa tasa y la que pagan los bonos de la Reserva Federal de Estados Unidos es la que se suele considerar para medir el “riesgo país”. Por otro lado, las calificaciones también son tomadas en cuenta por potenciales inversionistas directos a la hora de radicar capitales en proyectos que generen riqueza, empleo y crecimiento.
En ambos casos, si el rango es “especulativo”, como todavía lo es el de Paraguay, ello sugiere que los inversores tenderán a evaluarlo como una apuesta a la que eventualmente destinar una parte relativamente pequeña de sus carteras con la perspectiva de conseguir una buena ganancia si sale bien, pero con un porcentaje todavía importante de posibilidades de que salga mal. En cambio, si el rango es “de inversión”, las oportunidades que se le abren al país en cuestión pasan a ser muchísimo mayores y de mejor calidad.
Sin embargo, la realidad es que no se han hecho grandes avances en los puntos señalados por la consultora para llegar allí. Hay un anteproyecto de nueva Ley de la Función Pública que está cajoneado, lo mismo que la propuesta de una nueva Ley de Contrataciones Públicas, áreas en las que, según organismos multilaterales, el Estado podría ahorrar entre 2.000 y 4.000 millones de dólares al año.
De todos, lo más urgente y más complicado políticamente es la reforma de la Caja Fiscal. Según proyecciones oficiales del Ministerio de Hacienda, si no se toman medidas ahora, las que necesariamente serán impopulares, como cortar beneficios, ampliar y unificar años de aporte, eliminar pensiones de privilegio, ya en el siguiente período presidencial el déficit superará los 2.500 millones de dólares, lo que es una enormidad. Para tener una idea, toda la ciudadanía tendría que pagar el doble de impuesto al valor agregado solamente para solventar las jubilaciones de los funcionarios retirados. El panorama es gravísimo, pero, lamentablemente, ninguna reforma se ha planteado al respecto y, al contrario, lo que está en estudio en el Congreso es un proyecto de ley de “equiparación” que profundiza mucho más el problema antes que aliviarlo.
A juzgar por su revisión, los analistas de Moody’s confían en que Paraguay puede llegar al grado de inversión, pero para eso tiene que hacer los deberes sin más pérdida de tiempo, y no solo por la confianza que pueda despertar en inversores extranjeros y paraguayos, sino por el bien del país y de la enorme mayoría de sus habitantes.