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Ese Gobierno constató que los numerosos elementos que se le atribuyen, conocidos de sobra por el pueblo paraguayo, son suficientemente importantes como para situar a nuestro expresidente en la lista de indeseables, tal como ya lo hizo anteriormente con los expresidentes de Ecuador, Abdala Bucaram, y de Honduras, Orlando Hernández. En la semana que concluye, también realizó la misma designación con 60 altos funcionarios centroamericanos. Es evidente que para esto no existió presión mediática alguna, como lo quieren hacer entender algunos defensores del cartismo, sino que el Gobierno estadounidense puso en marcha su eficaz maquinaria investigativa, para adoptar, dentro de su ámbito, las medidas que cree convenientes.
En el caso del expresidente paraguayo, Washington señala la “obstrucción de una importante investigación internacional sobre el crimen transnacional”, desde la presidencia de la República, como hecho puntual, y es sabido que Sandra Quiñónez no ha impulsado investigación penal alguna al respecto. Es contundente también la referencia a “lazos con organizaciones terroristas”.
El caso del asesinato del militante liberal Rodrigo Quintana, en el marco de un asalto policial a la sede del Partido Liberal Radical Auténtico, es un ejemplo de cómo ese poderoso grupo, valido de fiscales complacientes, está impidiendo hasta ahora que los autores morales del crimen sean responsabilizados.
Los fiscales de Sandra Quiñónez también impiden llegar a los responsables de otros hechos deleznables, como el robo a las arcas públicas ocurrido con la excusa de la construcción del fallido Metrobús del área metropolitana.
Pero los encubrimientos de la fiscala general para beneficiar al “significativamente corrupto” Cartes y a su grupo son un rosario todo entero, cuyos detalles pueden llenar varios volúmenes.
La protección del contrabando de cigarrillos, lo cual puede presumirse a partir de los frecuentes decomisos de esas cargas ilegales sin evidenciarse una persecución penal firme, ha sido la norma. Los fiscales de Quiñónez cajonean en forma sistemática las investigaciones abiertas por la Secretaría Anticontrabando, lo cual favorece a los contrabandistas.
La jefa de los fiscales paraguayos fue puesta en conocimiento detallado del esquema criminal usado para el contrabando de cigarrillos –uno de cuyos principales productores es Tabesa–, por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).
Ni hablar del caso de Darío Messer, el “hermano del alma” del “significativamente corrupto”, para cuyo encubrimiento fueron utilizados personajes de dudosa reputación. El nivel de sofisticación con el que los fiscales tratan de diluir el caso es simplemente escandaloso.
Con su inacción, la fiscala general es responsable principalísima del lamentable y evidente deterioro de la seguridad pública en nuestro país, pues los criminales, hasta los asesinos y los sicarios, pueden actuar con impunidad, poniendo en peligro a la población. El hecho de que haya diputados que defiendan su continuidad en el cargo solo confirma que los mismos son cómplices del esquema criminal mediante el cual el “significativamente corrupto” Cartes se ha convertido en el poder hegemónico de nuestro país, al que ha degradado a la categoría de republiqueta bananera.
Esos diputados cómplices son los culpables de haber mantenido hasta ahora en el cargo a Sandra Quiñónez, a pesar de que cada minuto de permanencia de la misma en el puesto supone un empeoramiento de la situación, un deterioro de nuestra seguridad y una degradación de nuestro sistema de Justicia.