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Y también porque en la misma línea deleznable de justificar el abuso del dinero público se encuentra embarcado el movimiento Honor Colorado, de la Asociación Nacional Republicana, que propone como candidato presidencial a Santiago Peña, quien con desparpajo hace campaña mintiendo sobre que no usarán los bienes del pueblo para beneficio de su grupo.
La historia de Fátima Saucedo es la siguiente: con el simple mérito de ser un bachiller, fue contratada por la Entidad Binacional Yacyretá por favor de su padre, Aníbal Saucedo Rodas, un colorado que actualmente milita en el cartismo pero que empezó su carrera de privilegiado asalariado público en otras carpas, junto a Nicanor Duarte Frutos. Inclusive, en un muy difundido audio que circula en las redes, Fátima habla con una amiga del poder que tiene su padre.
Esta afortunada funcionaria entró por la ventana, como todos los paniaguados que se apropian en forma indebida de parte de los impuestos que debemos pagar los paraguayos, y desde 2003 liba ilegítimamente las mieles de un cuantioso salario, que actualmente está en el orden de los treinta millones de guaraníes mensuales.
Pero en lugar de retribuir con trabajo y dedicación al generoso pueblo paraguayo, Fátima Saucedo se ausenta sistemáticamente de la sede de sus funciones para servir al movimiento Honor Colorado, que de esta manera hace pagar a los ciudadanos sus cuentas por los servicios que recibe, como indudablemente son los que le presta, en el campo de la fotografía, la citada mujer.
Esto que es tan obviamente incorrecto, tan violentamente ilegal, tan profundamente indecente, es defendido por referentes de Honor Colorado, lo que confirma el nivel rastrero de abyección al que han llegado sus integrantes con respecto al patrón que tienen. Niveles de servilismo comparables a los de los más rabiosos stronistas.
Esta situación debe despertar las alarmas, ya que implica un riesgo serio para nuestra democracia, pues si un grupo semejante llega, por desgracia, a detentar mayorías parlamentarias, tendríamos a nuestra República completamente sometida a los caprichos de un patrón inescrupuloso.
Ese servilismo es el que explica la completa inacción del Ministerio Público sobre Saucedo, una institución ya totalmente cooptada por Horacio Cartes, a pesar de que la Coordinadora de Abogados ya presentó contra dicha funcionaria denuncia penal por la comisión de los presuntos delitos de estafa y cobro indebido de guaraníes.
El caso de Fátima Saucedo no solamente es uno que muestra hasta dónde se puede llegar en el camino de la degradación humana, sino que confirma la percepción ya general acerca de lo que en realidad es el grupo Cartes y su proyecto político: un cínico y desembozado intento de usar el Estado paraguayo para beneficio particular de sus integrantes y de hacer pagar al pueblo sus odiosos privilegios.