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El documento, presentado a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, alude a la licitación –¡cuando no!– y objeta que el IPS no justificó la cantidad de 1.488 trabajadores requerida ni la necesidad de incluir máquinas criogénicas y robots, cuyas especificaciones técnicas eran tan minuciosas que limitaron la participación de oferentes en el proceso de contratación. Las referidas faltas de justificación impiden determinar la razonabilidad del gasto, en tanto que los requisitos limitantes hacen presumir que la licitación pública fue amañada a cambio de alguna contraprestación, fechoría esta en la que el IPS tiene una larga experiencia. Se recordará, por ejemplo, que a fines de 2020 y presidiendo el Consejo de Administración Andrés Gubetich, la Contraloría constató que para la compra –no justificada– de un sistema informático para el hospital regional y los centros asistenciales del Alto Paraná, se fijaron “requisitos que podrían ser cumplidos por un solo oferente”, violándose el principio legal de “igualdad y libre competencia”.
Uno de los consejeros de entonces –en representación del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)– fue precisamente el actual presidente Vicente Bataglia; los otros, que lo siguen siendo, fueron Ludia Silvera (Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social), Gustavo Arias (Trabajadores), Miguel Ángel Doldán (Empleadores) y Roberto Brítez (Jubilados); estos dos últimos ya ocupaban el puesto cuando estalló el escándalo protagonizado por el viejo amigo de la casa, Óscar Chamorro Lafarja, que provocó en 2019 la renuncia del entonces presidente Armando Rodríguez, a pedido del presidente Mario Abdo Benítez. Por su parte, el consejero Ricardo Oviedo (MSPBS) se habría estrenado ahora en el arte de la supuesta manipulación de licitaciones. El síndico de la Contraloría, Francisco González, ya había sido testigo de un amaño en la adquisición del sistema informático.
En otras palabras, las máximas autoridades del IPS han venido demostrando que les importan un bledo la atención correcta de los asegurados y el buen manejo de su dinero, ya que no les basta con maltratarlos de la peor manera, sino que también se ocupan de malgastar los aportes, por decir lo menos: destinaron más de 34 millones de guaraníes mensuales para el mantenimiento de los jardines del hospital de Encarnación, pero los fines de semana este nosocomio carece de un especialista en diagnósticos por imágenes.
Los involucrados en corruptelas como la comentada violan la norma de la Ley N° 2051/03, según la cual las bases de la licitación deben ser formuladas “con la mayor amplitud de acuerdo a la naturaleza específica del contrato”, con el fin de que “concurra el mayor número de oferentes, y ser lo bastante claras, objetivas e imparciales, para evitar favorecer indebidamente a algún participante.” En el mejor de los casos, el presidente y los consejeros del IPS que no hayan asentado su disidencia en esta adjudicación impugnada por la Contraloría, o son cómplices o tienen una ignorancia supina de la ley, incompatible con el cargo ejercido. Las llamativas actuaciones inducen a suponer que aquí hubo una colusión que el Ministerio Público debería investigar.
Como sea, el descubrimiento de este nuevo affaire debe inducirles a tener el decoro de renunciar, aunque más no sea a instancias del Presidente de la República, quien los nombró, o de las organizaciones a las que tan mal representan. Si no lo hacen cuanto antes, deben ser destituidos, porque son una verdadera vergüenza, una afrenta constante a la vida, a la salud y a la dignidad de los pacientes y sus familiares.
Es hora de poner fin al absurdo de que el asegurado pague una suma mensual solo para ser agraviado sistemáticamente, debido a la corrupción, la negligencia y la ineptitud, toleradas o practicadas desde el Consejo de Administración.