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Básicamente el proyecto pretende equiparar las asignaciones de los funcionarios jubilados a las de los funcionarios activos de acuerdo con la categoría respectiva, lo cual tendría un costo adicional inmediato de 422 millones de dólares solo en el primer año de aplicación, monto equivalente a casi la mitad del presupuesto del Ministerio de Salud Pública para 2022 y superior al total de los ingresos de la Caja Fiscal en 2021. Y estamos hablando solamente del adicional.
Los más preocupados deberían ser los propios funcionarios públicos, ya que son sus aportes los primeros que se esfumarán. Cada funcionario aporta un 16% de su salario para financiar las jubilaciones y pensiones de los retirados y herederos de hoy. Pero cuando ellos se retiren el día de mañana ya no habrá un centavo para financiar las suyas, mucho menos si se aprueban proyectos que hacen vito con su dinero y consumen cualquier ahorro que se pueda acumular.
Peor aún, en el caso de la Caja Fiscal, el número de aportantes ya ha llegado al máximo y se mantiene relativamente constante, como no puede ser de otra manera, ya que el Estado tiene un límite de contratación de personal. Pero el número de retirados crece permanentemente, por lo que cada vez hay menos aportantes por cada jubilado. Actualmente hay unos 300.000 funcionarios activos y unos 68.500 beneficiarios, de los cuales unos 10.000 son pensionados y herederos. La relación es de 4 a 1, es decir, hay cuatro aportes de 16% (64% de un salario) para financiar la asignación de cada beneficiario, y ese ratio tiende a empeorar rápidamente. La diferencia la tiene que poner el Estado, es decir, toda la ciudadanía.
A ello se agrega que hay jubilaciones de privilegio, como las de los militares y policías, que justamente cobran de acuerdo con su rango al momento de pasar a retiro; docentes y médicos, que se jubilan con pocos años de aporte, entre otras distorsiones. De no mediar reformas, esto representa una amenaza real a la sostenibilidad fiscal en un plazo mucho más corto de lo que se cree. Ya sin esta nueva ley la situación es crítica. Si encima se llegan a indexar las jubilaciones a los salarios de los activos, se volverá calamitosa.
En 2021 la Caja pagó a los retirados 517 millones de dólares y todos los aportes sumaron 354 millones de dólares, por lo que el Estado tuvo que cubrir un agujero de 163 millones de dólares. Para este año se estima que el déficit global crecerá a 224 millones. Y si nada se hace, aun si no se aprueba esta ley, las proyecciones oficiales indican que ya en el próximo período presidencial se habrán agotado todas las reservas y el déficit trepará a ¡3.000 millones de dólares!
Para tener una idea de lo grave que esto es, ese monto es tres veces el total de recaudaciones anuales por impuesto al valor agregado. Significa que habría que triplicar el IVA que pagan todos los consumidores del 10% al 30% solamente para cubrir las jubilaciones del sector público, sin que sobre nada para el resto de las prioridades estatales.
Y todo en un contexto ya de por sí sumamente complicado, con alto déficit fiscal, endeudamiento al límite, difícil escenario internacional, desequilibrios monetarios y una inflación que ya comienza a ser galopante. Pero pareciera que a muchos de nuestros legisladores todo esto les resbalase.
Por supuesto que habrá presiones y manifestaciones para forzar la aprobación de este proyecto, pero que se preparen, porque no solo es absolutamente inviable dar aumentos en una caja que ya está en grave saldo rojo y que tiene un déficit proyectado que asusta, sino que habrá que hacer todo lo contrario. Guste o no, será inevitable ampliar los años de aportes, cortar beneficios, eliminar privilegios, so pena de que, literalmente, el Estado se quede sin fondos, no digamos ya para pagarles a los funcionarios retirados, sino hasta para solventar los sueldos de los activos y para cualquier otra prestación a la ciudadanía.