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La miserabilidad más humillante es que cada vez más las autoridades del ente previsional ensayan explicaciones irreverentes y alejadas del respeto, cercanas a la soberbia y al desprecio por la vida ajena. Si no tuvieran nada bueno que decir a la población, una sugerencia es que por lo menos permanezcan en silencio rectificando las calamidades que ocurren, que castiguen a negligentes y reparen las carnicerías inmisericordes practicadas por algunos galenos. Las últimas excusas ensayadas en ocasión del escándalo de una amputación, vertidas tanto en comunicados como en entrevistas del presidente del Consejo del IPS, el médico Vicente Bataglia –y refrendadas por su cúpula– son una afrenta a la razón y una trompada a la dignidad que se merece cualquier ser humano.
Mensualmente patrones y obreros destinan un enorme puñado de dinero con la esperanza de garantizar atención médica cuando falte salud y el planeamiento de un futuro razonable respaldado en la jubilación. En los últimos tiempos, los verdaderos financistas del IPS que deben utilizar los servicios de salud no han encontrado respuestas básicas y decentes ante el desamparo. La ausencia de insumos médicos para hacer frente a las enfermedades estacionales que están azotando a la población ha desnudado la podredumbre del sistema.
En contraposición a los sacrificados obreros sobre cuyos lomos descansa la previsional se tiene el desparpajo salarial y conductual del presidente y los consejeros del ente. Después de muchos años de tener presidentes con profesiones de economistas, ingenieros o administradores, el médico Vicente Bataglia encabeza la dirección con un salario de poco más de G. 34.000.000; lo acompañan consejeros que supuestamente están para representar y defender los intereses de los sectores que los designaron para ese efecto. El médico Ricardo Vicente Oviedo cobra unos G. 32.000.000 mensuales y representa la posición institucional del Ministerio de Salud Pública, el ente que baja las políticas sanitarias del Paraguay. Ludia Claudina Silvera López cobra unos G. 32.000.000 mensuales y está en nombre del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, velando supuestamente por las garantías de los trabajadores. Miguel Ángel Doldán Martínez cobra unos G. 32.000.000 y es el consejero que representa a los patrones, el que debería estar garantizando que rinda sus frutos en servicios el dinero que aporta mensualmente cada empleador para que sus empleados tengan la atención y medicación prometidas. Gustavo Arias fue puesto por uno de los gremios de los trabajadores y cobra G. 32.000.000 para, supuestamente, conseguir que sus símiles reciban el trato prometido, la medicación pagada y la jubilación financiada. Roberto Brítez Ferreira cobra G. 32.000.000 y representa a los jubilados y pensionados, aquel eslabón más débil que con el tiempo requiere de más cuidados médicos y mayor respaldo financiero a medida que avanza su vida.
Todos los anteriormente citados han fracasado exitosamente en defender la salud y la vida de los usuarios del IPS, y debieran irse sin esperar a que ninguna autoridad los defenestre. Hay una palabra que se llama DECORO, que equivale al comportamiento adecuado y respetuoso ante una situación: si todos han cobrado por un trabajo que no han realizado, deben renunciar. Y si no lo hacen, deben ser destituidos por quienes allí los pusieron, entiéndase el Presidente de la República, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, los gremios de empresarios, las centrales obreras y el gremio de jubilados.
Un principio básico de administración indica que no solo es indispensable sino es un imperativo cambiar el factor humano cuando este no produce los efectos deseados. Si realizando el mismo trabajo, con las mismas personas produce el mismo mal resultado, es hora del recambio urgente. La situación dentro del IPS ya no tolera un día más de desgobierno. Ya no son solamente falta de medicamentos, malos tratos, denuncias de amañamiento de licitaciones, sospechosas adjudicaciones, gastos multimillonarios en jardines, guardias de seguridad o quirófanos. NO. Las últimas denuncias tienen que ver con el desprecio a la vida de los seres humanos.
Negligencia es un camino y la muerte puede ser su resultado. Es el descuido u omisión en el cumplimiento de una obligación. Es la falta de cuidado y diligencia, es saber lo que debía ser hecho y no haberlo hecho. Todos los ejecutores y encubridores de una amputación sin consentimiento deben ser sancionados para que en el futuro, ni un solo asalariado del IPS se tome la atribución de jugar con la vida del prójimo sin considerar que al hacerlo puede estar mutilando, desfigurando, reduciendo considerablemente la calidad de vida humana. El artículo 112 del Código Penal penaliza hasta con diez años de cárcel la lesión grave.
Se debe poner un punto final a las trapisondas en IPS. Hace demasiados años allí tienen el perverso pasatiempo donde un puñado de seres humanos con poder, cargo y salarios juega con otros que viven en el umbral de la desesperanza y los gritos de auxilio sin respuesta. Sin castigos oportunos, permitiendo que sigan perpetrándose las malas acciones sin sanción alguna, solo más calamidades seguirán ocurriendo.