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Las estadísticas sirven para eso, entre otras cosas. Permiten contrastar los porcentajes de participación de tales o cuales sectores en determinada actividad y comparar esos porcentajes con los niveles nacionales. Si las cifras son consistentes no habría mucho que decir. Pero estas cifras no son consistentes, hay una sobrerrepresentación colorada en la magistratura y en la fiscalía con respecto a los números reales de pertenencia política en nuestro país.
Existe una probabilidad matemática de que la inconsistencia mencionada sea resultado del azar, pero las circunstancias documentadas de las irregularidades en los procesos de nominación de fiscales y jueces no permiten descansar en el sosiego de dicha probabilidad.
Lo más probable es que los concursos para integrar la magistratura y la fiscalía con un número desproporcionadamente alto de afiliados colorados hayan sido amañados para favorecer ilegal e ilegítimamente a “correligionarios”.
La afiliación colorada es el principal título que esgrimen y usan los sinvergüenzas y, evidentemente, es el título que sirve, lo que explica cómo tantos burros e ignorantes ostenten en nuestro país el título, el cargo y la responsabilidad de juez o fiscal. No aludimos a que, bajo esas circunstancias de selección, los colorados sean los únicos burros e ignorantes, ya que si otros partidos priorizaran ese “mérito” de sus correligionarios ocurriría la misma cosa. Pero la batuta actual la maneja la ANR.
Y ese resultado también es consistente con la manera en que esos jueces y fiscales colorados se han comportado generalmente en los años que llevan en funciones. Hay un patrón de conducta de todos ellos, que se sintetiza en garantizar la impunidad de sus padrinos políticos, cosa pública y notoria a la hora de revisar la lamentable actuación que la magistratura y la fiscalía tienen con respecto a la corrupción en el manejo de la cosa pública y, de hace bastante tiempo a esta parte, en una asombrosa lenidad con actividades del crimen organizado.
Así tenemos a peligrosos narcotraficantes y asesinos beneficiados con arrestos domiciliarios, permisos médicos, sobreseimientos provisionales, extinciones de causa y un largo etcétera de artilugios de impunidad que cimentan el aumentado poder de los bandidos y la creciente inseguridad de la ciudadanía.
Jueces y fiscales colorados hacen caso omiso de la ley. Tan abierto es el sistema de favores por el que llegaron torcida e indebidamente a los cargos que deshonran, que hasta votan en las internas del partido que les promueve y protege, a sabiendas de que está expresamente prohibido por los textos indubitables de las leyes.
Tan tranquilos están que no les mueve vergüenza alguna una vez que han sido pillados. Están absolutamente seguros de que serán protegidos por su partido, por la Corte Suprema y la Fiscalía General, también cooptados hace rato por los buscadores de impunidad.
Nada va a pasar con estos sinvergüenzas. Van a seguir siendo jueces y fiscales a pesar de ser simples mandaderos de los capos colorados, a pesar de ser violadores desembozados de la ley, a pesar de ser protectores de lo peor de nuestra sociedad.
El pueblo paraguayo no debe esperar nada de una Corte Suprema y de una Fiscalía que están comprometidos en mantener este sistema putrefacto de jueces y fiscales sometidos a un partido político, en lugar de mostrar aunque sea un resto de decencia y republicanismo.