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En promedio, solo en Itaipú Paraguay tiene unos 20 millones de megavatios/hora por año de energía limpia y barata que actualmente no usa y que, por imperio de la interpretación del Anexo C del Tratado, se ve obligado a ceder a Brasil a cambio de una ínfima compensación. Para tener una idea, todo el consumo nacional es de 19 millones de MWh al año.
En vez de prácticamente regalar esa gigantesca mina de oro, ya se tendría que haber construido la infraestructura y desarrollado los incentivos correctos para utilizarla en todos los rincones del país, en las casas y negocios, en las industrias y también en el transporte, público y privado. A estas alturas no solamente debería estar ya avanzada la migración del sistema de buses, sino que debería haber un tren eléctrico y, por qué no, un monorriel elevado de pasajeros.
Si no es así, no es por falta de recursos, como muchas veces quieren alegar. De acuerdo con estimaciones del sector privado, con 1.000 millones de dólares se completa la mutación a electricidad de toda la flota del transporte público de pasajeros, tanto urbano como interurbano, incluyendo el transporte escolar.
Si consideramos que, a un altísimo costo a fondo perdido se emperraron en llevar adelante contra viento y marea el metrobús a gasoíl, a sabiendas de que era impracticable, como quedó más que evidenciado, y que, también contra viento y marea, se construyó la no prioritaria avenida Ñu Guasu, despojándole al ferrocarril de su valiosa franja de dominio, queda claro que recursos hubo más que suficientes. Con mayor razón si consideramos que el saldo de la deuda pública se incrementó en más de 10.000 millones de dólares en la última década, el 60% de ello durante la actual administración de Mario Abdo Benítez.
Entonces no es un problema de recursos, sino de visión estratégica. Si nuestros gobernantes y políticos hubiesen tenido la visión, el coraje y la honestidad para hacer lo que le convenía al país en vez de someterse a intereses sectoriales, sindicales, y hasta al posible soborno directo o indirecto de Brasil y Argentina, principales beneficiarios de que Paraguay no use su energía, hace rato el transporte público debería ser mayormente eléctrico, por sobrados motivos económicos y ambientales.
Para ello necesariamente se requieren incentivos del Estado en una primera etapa, debido a la alta inversión inicial que todavía demanda la movilidad eléctrica. Un bus eléctrico cuesta aproximadamente 350.000 dólares, 2,5 veces más que uno diésel. Sin embargo, el costo de operación y mantenimiento es 70% menor, aun sin tarifas eléctricas preferenciales. Significa que con una adecuada financiación a largo plazo, a unos quince años, la transformación es perfectamente viable y conveniente. Y si es necesario utilizar fondos públicos a baja tasa de interés, ¿no es acaso eso preferible a subsidiar el pasaje por tiempo indefinido para sostener un sistema obsoleto, contaminante y dependiente de los vaivenes del precio internacional del petróleo?
Mas allá del veto o no, lo preocupante es que no exista todavía un marco legal que establezca esa visión estratégica y a señalar el rumbo hacia donde debemos apuntar. Eso sugiere que no lo consideran suficientemente prioritario.
Hace casi 40 años que Itaipú produce energía con las aguas del río Paraná y hace 25 que lo hace Yacyretá, pero, tristemente, han pasado ocho gobiernos durante la época democrática y ninguno ha tenido la visión y el patriotismo para maximizar radicalmente el aprovechamiento de la mayor riqueza natural de los paraguayos. Se han conformado con cobrar altísimos salarios y con recibir y repartir migajas, en vez de utilizar esa riqueza para el desarrollo del país. Irrefutable prueba de ello, digan lo que digan, es que, siendo formalmente dueños del 50% de dos de las principales hidroeléctricas del mundo, todavía hoy menos del 18% de la matriz energética nacional es eléctrica. Si no hay una decidida política de electrificación y una verdadera voluntad de implementarla, como no parece haberlas, todo seguirá igual.