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El paquete de medidas “anticrisis” anunciado por el Equipo Económico tendrá un impacto insignificante en el alivio de la crisis que teóricamente se busca paliar y, en muchos sentidos, tenderá a agravarla. Con una inflación anualizada del 11,5%, una estimación de decrecimiento del -0,2% para el año, una sensible caída del consumo, un alto déficit fiscal, el endeudamiento público al límite y sin haber hecho reformas que pudieran haber elevado la competitividad de la economía nacional, las iniciativas proclamadas son una pequeñísima gota en el océano que solo agregan más gasto y ninguna racionalización, es decir, más nafta al fuego.
Las medidas más concretas son mantener el precio del pasaje del transporte público metropolitano hasta fin de año; agregar a 17.000 personas a los programas Tekoporã y Adultos Mayores; la realización de un pago extra de Tekoporã en el segundo semestre (en coincidencia con las internas coloradas); el congelamiento de la tasa de interés en la banca pública y la exoneración, reducción y refinanciamiento de impuestos, lo que se refiere fundamentalmente a la extensión de la rebaja de la base imponible del IVA a los sectores gastronómico, hotelero, de eventos y a alquileres de locales comerciales, y tal vez alguna otra acción de la Subsecretaría de Tributación que todavía no ha sido divulgada.
Luego se agregan otras que, o son meramente enunciativas, o corresponden a programas ya previstos en el Presupuesto y que, supuestamente, deberían estar ejecutándose con normalidad. Ellas son la construcción de 2.800 viviendas, el apoyo del MAG a 11.600 familias productoras y, en forma general y ambigua, la “creación de programas” por parte del MOPC para generar nuevas fuentes de trabajo y del MIC para “crear inversiones privadas para el sector público”. Según dijeron, ello sumará 50.000 empleos, pero no explicaron cómo llegan a esa estimación ni cómo se podrá hacer para corroborarlo.
Como se ve, todo es gasto y más gasto. Mantener el precio del pasaje a la par que sube el combustible implicará inevitablemente aumentar el subsidio al transporte de pasajeros, lo cual no es otra cosa que sacarle a la gente de un bolsillo para ponérselo en otro, con el agravante de que esta subvención en particular es pagada por los pobladores de todo el país, pero beneficia solo a los usuarios de Asunción y el Área Metropolitana. Lo mismo con los subsidios de Tekoporã y Adultos Mayores, que si bien tienen como objetivo asistir a personas en pobreza extrema, no siempre están correctamente focalizados, rara vez se cumplen los requisitos preestablecidos de las ayudas “condicionadas” y se prestan para el manejo político y electoralista a costa de los contribuyentes. Y en cuanto a la obra pública, aun cuando podría en teoría contribuir a reactivar, la ineficiencia y la corrupción hacen que eso sea muy relativo.
Pero al margen de todo ello, el gran defecto de este paquete de medidas, y en general de todos los que se han adoptado en la pospandemia, es que a sabiendas se hace la vista gorda ante la verdadera naturaleza de la crisis económica que vive el país. En parte ella se debe a factores externos, como la suba del combustible o las medidas monetarias en países desarrollados. En parte también se debe a la prolongada sequía y enormes mermas en la anterior campaña agrícola. Pero la base principal de la crisis es de naturaleza macroeconómica y tiene su origen en una disparada sin precedentes del gasto público, con una extraordinaria repartija de recursos estatales justamente en subsidios y egresos corrientes sin retorno.
Ello hizo que por primera vez en mucho tiempo se presentasen agudos desequilibrios monetarios, lo que se refleja en la tasa de inflación. Como hemos insistido muchas veces, el que haya más dinero en la economía no significa que haya más riqueza. Si hay más dinero que el equivalente a la producción de bienes y servicios, que es lo que ocurre en Paraguay debido al déficit fiscal y al tremendo despilfarro del sector público en los últimos ejercicios, inmediatamente ese dinero se desvaloriza, y es por eso que el Índice de Precios al Consumidor en el país se cuadruplicó desde 2019.
Esta situación ha obligado al Banco Central a multiplicar la tasa de interés de los instrumentos de regulación monetaria para retirar el excesivo circulante, ya no para reducir la inflación, pero al menos para contenerla. Es fundamental que así lo haga porque la suba de precios golpea duramente en especial a las capas medias y más pobres de la sociedad. Pero inevitablemente ello provoca contracción del crédito, caída de la inversión privada, pérdidas de empleos, caída del consumo, todo lo cual, a su vez, vuelve a desalentar la inversión y a impactar en el crecimiento y en el empleo, y así sucesivamente.
¿Qué hacer en las condiciones actuales de “estanflación” (estancamiento e inflación)? Hay una sola respuesta posible: atacar la causa, reducir el gasto público corriente. Es muy importante mantener y ampliar la inversión pública en esta coyuntura, pero los recursos deben salir del ahorro en otras áreas, porque de lo contrario el Banco Central tendrá que volver a retirar ese dinero para proteger su valor y continuará así el círculo vicioso. Este nuevo paquete de medidas es uno más de una larga lista de iniciativas del Gobierno y del Congreso que van totalmente a contramano con ese objetivo. Si los que toman las decisiones siguen pensando más en el calendario electoral y en satisfacer a su clientela que en el país, hay crisis para rato.