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Entre tantos ajustes e incrementos que se registran tras la suba del salario mínimo, uno infalible que se avecina es el aumento del aporte obrero-patronal al Instituto de Previsión Social (IPS). Desde el mes de julio, y tomando en consideración el piso salarial mínimo, el IPS recaudará más dinero por cada trabajador aportante: un total de 650.328 guaraníes, de los cuales el empleado pagará 229.528 guaraníes y el empleador 420.800 guaraníes. La tal dichosa cifra que se entrega compulsivamente cada mes por imperio de la ley no sería tan dolorosa de desembolsar si no fuera tan inútil a la hora de pedir socorro para la salud.
Asumida la crisis sanitaria que nos azota en las últimas semanas, donde los servicios médicos públicos y privados están sobrepasados por enfermedades respiratorias, una de las orfandades más miserables de la previsional es la falta de medicamentos básicos en el vademécum farmacológico. Si bien los patrones y los asegurados se ven compelidos a pagar sin protestar y hacerlo en fecha para evitar rebotar en los servicios, a la hora de recibir una retribución a cambio del dinero entregado, el estruendoso sonido del NO HAY suena inmisericorde para pacientes cotizantes y sus familiares.
Antialérgicos, antigripales, jarabes para la tos, analgésicos y antifebriles por igual están faltando en los dispensarios, sobre todo de las clínicas periféricas, de acuerdo a las denuncias de los trabajadores. Ya no se trata de medicamentos costosos para enfermedades de difícil tratamiento o sofisticadas prótesis para intervenciones: son simples remedios para curar enfermedades estacionales en niños, adultos y personas de la tercera edad. Esta carencia crónica, la falta absoluta de respuesta efectiva prometida a cambio de un dinero nos lleva a una realidad también indubitable: las actuales autoridades del IPS están estafando a obreros y patrones al tomar compulsivamente un dinero a cambio de ¡un servicio que NO están prestando!
Al igual que otros gobiernos anteriores al suyo, Mario Abdo Benítez también ha fracasado en lo que ya parece la imposible misión de convertir la institución en un servicio moderno, efectivo, realmente solidario, útil y libre de corrupción. El propio Presidente ya habrá tomado conciencia de que no hay mucho por decir, tanto es así que la única mención que acaba de hacer en su informe al Congreso fue recordar en una sola línea que han utilizado la entidad para abrir unos 16 puestos más de salud pública.
Desde este mes subirán los aportes, pero seguirán las carencias, las humillaciones y la impotencia. Largas esperas para estudios de todo tipo, o interminables peregrinaciones para marcar cirugías desde las más simples hasta las más complejas. Todo parece orquestado solamente para un brutal manoseo a los que menos tienen, pero más aportan.
Y en el rosario de carencias, postergaciones, vía crucis y maltratos resplandecen las eternas historias de corrupción. En los últimos días, una nueva cuenta ha agregado a su rosario la administración del titular de IPS, Vicente Bataglia, quien ordenó cerrar, a como diera lugar, un quirófano ubicado en el séptimo piso del Hospital Central. La mencionada sala es precisamente la que estaba ayudando a tratar de poner al día las postergadas cirugías durante la pandemia, pero nada de esto importó a los burócratas que lideran la previsional, ya que pidieron cerrarlo inmediatamente en los próximos días para dar entrada a una constructora.
Lo más llamativo de esta historia es que la licitación para la construcción data de 2020, pero el apuro es de 2022, casi dos años y medio después. Se trata de un contrato de 53.000 millones de guaraníes que están tratando de ejecutar contra viento y marea, desoyendo la urgencia de seguir adelante con las cirugías para dar respuestas a las miles que no se realizaron en la pandemia: algunas listas de espera de cirugías de urología, pediátricas y vasculares son tan largas que llegan hasta fin de este año y otras inclusive hasta el primer trimestre del año que viene. El apuro repentino de las autoridades del IPS da derecho a abrir un gran abanico de sospechas, más aún porque la firma adjudicada no es otra que una señalada por serios incumplimientos de contratos.
Marito aún está a tiempo de pegar un volantazo y honrar las necesidades de obreros paraguayos obligados a aportar por ley: recibir un descuento compulsivo mensualmente a cambio de un servicio que no se presta es solo una vulgar estafa. Si el Presidente de la República no quiere ser señalado como parte esencial y autoridad con voz y voto en este engaño, debe cambiar urgente de rumbo.