Cargando...
Hablando del proyecto de ley que dispone que los clubes de fútbol y las firmas tabacaleras sean controlados por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, el vicepresidente de la República y precandidato a la Presidencia por el Partido Colorado en el 2023, Hugo Velázquez, anunció que buscará “bajar línea” a los diputados oficialistas que votan a favor del cartismo, haciéndose los “desentendidos”. Aquí se plantea un problema que se observa en los principales partidos políticos del país, de la falta de coincidencia entre los distintos grupos internos, cada uno de los cuales van por cualquier lado, dando la sensación de que sus organizaciones carecen de una determinada orientación institucional.
En la falta de autoridad de sus dirigentes hay algo más grave que falencias personales. El problema de fondo es la ausencia de verdaderos partidos, dotados de un ideario-programa que les sirva para “concurrir a la orientación de la política nacional, departamental o municipal”, al decir de la Ley Suprema. Los que tenemos solo sirven para la “formación de las autoridades electivas”, que luego actúan como les da la gana, sin guiarse por unos principios doctrinarios compartidos con quienes tienen el mismo carnet. Un partido oficialista buscaría cumplir con el programa de Gobierno que ofreció a los electores, pero, en realidad, gran parte de la ANR –presidida por un cartista– hace oposición. En el PLRA, la agria disputa entre efrainistas y llanistas no permite reconocer una línea política definida.
Las marcadas desavenencias en los principales “partidos” no deben inquietar solo a sus respectivos afiliados, pues se reflejan en el Congreso y afectan notablemente la tarea legislativa. Formalizando una situación de hecho, el reglamento interno de la Cámara Baja permite que los miembros de una misma organización política formen varias bancadas, una vez cumplidas ciertas condiciones. Como de hecho ocurre lo mismo en el Senado, el despiadado internismo se traslada al órgano colegiado y surgen variadas componendas, a menudo promovidas por el vil metal, que tornan impredecible el resultado de un proyecto de ley, de una interpelación o de un juicio político, con la resultante inseguridad jurídica. Tanto es el desorden –favorable a la corrupción– que la diputada Kattya González (PEN) tuiteó en la víspera de la elección de la mesa directiva, que “muchos (liberales) evidenciarán lo que son: infiltrados en la oposición”; el 22 de marzo, la “multibancada” acusó a diputados abdistas y cartistas de haberse aliado para salvar del juicio político a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez; el 9 de junio, la “multibancada” (!) sostuvo que llanistas, amarillistas y abdistas se confabularon con los cartistas para dejar sin quorum la sesión en que debía tratarse el proyecto de ley que aprueba el protocolo internacional contra el comercio ilícito de productos del tabaco y el que obliga a que las firmas tabacaleras y los clubes deportivos sean controlados por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).
Estos ejemplos muestran que en el Congreso puede pasar cualquier cosa: se forjan alianzas coyunturales entre facciones, sin que las “autoridades partidarias” tengan algo que decir. Si el presidente y el vicepresidente de la República creen necesario intimidar a los diputados de su propio sector es porque, en realidad, no existen partidos en sentido estricto, esto es, unas instituciones duraderas que busquen influir en la política estatal según ciertos principios doctrinarios, mediante la conquista de cargos públicos electivos. Los más antiguos son conglomerados unidos por el pañuelo, la polca y la tradición familiar, factor este último que está en decadencia por la ambición oportunista: ¿es probable, acaso, que el rival de Hugo Velázquez en las próximas elecciones internas simultáneas se haya hecho colorado porque el ideario de la ANR le pareció mejor que el del PLRA, tras compararlos detenidamente? Los partidos más nuevos, con electorados más limitados, son más coherentes en su accionar que los tradicionales.
El Paraguay necesita partidos en serio, en los que haya ideales comunes y no apetitos en conflicto; también, desde luego, que el oficialismo gobierne aplicando un programa y que la oposición controle, ofreciendo a la vez alternativas. El ideario del PLRA data de 1965 y la declaración de principios de la ANR de 1967: pasaron los años, pero las respectivas dirigencias no han creído necesario actualizarlos, por la simple razón de que no les dan importancia alguna. Así, la desidia y la ignorancia conjugadas conducen a la fragmentación y a las incesantes querellas domésticas, que nada tienen que ver con las políticas públicas que convendría aplicar: no hay debates interpartidarios, sino riñas intestinas ajenas al interés general. El sistema democrático requiere partidos bien constituidos, que atiendan las demandas ciudadanas, para no ser derribado por movimientos “antisistema”, como los surgidos en Sudamérica en los últimos años. Los actuales se parecen más a una bolsa de gatos.