La Municipalidad debe recoger la basura y cobrarles a los morosos

La Municipalidad de Asunción ha decidido dejar de prestar el servicio de recolección de basura a cuarenta empresas que adeudarían, desde hace años, el pago de la tasa correspondiente. Es saludable que intente forzarlas a pagar lo que deben, pero el procedimiento escogido resulta del todo irregular y contrario al interés general, ya que la ley dispone que las deudas por impuestos, tasas y contribuciones no pagadas en los plazos fijados son exigibles judicialmente.

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Dado que el Estado de derecho es incompatible con la arbitrariedad, las actuaciones de la administración pública deben ajustarse a la ley. En consecuencia, ningún organismo puede tomar medidas que no hayan sido autorizadas por una normativa o sean claramente absurdas, cuando ella otorga cierta libertad para decidir: una autoridad no puede hacer lo que le dé la gana. Y bien, la Municipalidad de Asunción parece ignorar la capital importancia de los principios de legalidad y racionalidad, según se desprende de que, por de pronto, haya decidido dejar de prestar el servicio de recolección de basuras a cuarenta empresas que adeudarían, desde hace años, el pago de la tasa correspondiente. Es saludable que intente forzarlas a pagar lo que deben, pero el insólito procedimiento escogido resulta del todo irregular y contrario al interés general. En efecto, el art. 177 de la Ley Orgánica Municipal (LOM) dice que las deudas por impuestos, tasas y contribuciones que no fueron abonadas en los plazos fijados en las leyes y ordenanzas son exigibles judicialmente mediante la ejecución de sentencia, previa notificación al deudor. Para promoverla, bastan la liquidación, la constancia escrita de haber sido notificada al deudor y el certificado suscrito por el intendente y el secretario municipal.

En otros términos, las deudas tributarias municipales tienen que ser cobradas exclusivamente por la vía judicial y no por la disparatada vía de hecho de permitir que la basura se acumule en las veredas o en las calles. La misma Municipalidad, que así atenta contra el medio ambiente que debe proteger, cobra una tasa para erradicar los residuos sólidos de los espacios de uso y dominio público, pero los peatones y los automovilistas se verán obligados a circular entre ellos frente a los inmuebles de los contribuyentes morosos, porque al intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR) se le ocurrió que cruzarse de brazos sería la mejor manera de obligarles a que se pongan al día. Y que se las vean sus respectivos vecinos cumplidores cuando la basura no retirada atraiga alimañas e insectos. La Municipalidad seguirá cobrando a todos la referida tasa, pero la salud pública correrá peligro y la estética urbana quedará maltrecha, porque su jefe creyó innecesario obrar de acuerdo a la ley, combinando la necedad y la ilicitud para dañar la calidad de vida de la población.

Serían nada menos que cinco mil las “cuentas catastrales” que adeudan 170.000 millones de guaraníes en total por el servicio de recolección de basura. El dato referido revela que, a causa de la corrupción o de la negligencia, sucesivas administraciones municipales permitieron una descomunal evasión tributaria. Conviene recordar aquí que la acción para el cobro de los tributos municipales prescribe a los cinco años.

Todo esto significa que, en vez de reducir el trabajo de los recolectores de residuos sólidos, el intendente debería movilizar a Benito Torres, su director de Asuntos Jurídicos, que para eso está. Además, sería bueno que considere que las tasas tienen que ser abonadas por servicios efectivamente prestados, sin superar su costo, de acuerdo al art. 168 de la Constitución. Son numerosos los contribuyentes en mora, pero son muchos más los que pagan sin recibir nada a cambio, siendo de apuntar que el cobro indebido de un tributo autoriza a exigir el reintegro. Es legítimo, en fin, negarse a pagar por no haber recibido un servicio, pero no así inducir a hacerlo mediante una omisión, castigando también a la comunidad, en vez de recurrir a la vía judicial prevista en la LOM.

La administración pública no se distingue por su apego a la ley y a la razón, actitud que debería inculcarse en el marco de la tan traída y llevada reforma del Estado. En consecuencia, la ciudadanía siempre está expuesta a la arbitrariedad. Conste que Asunción tiene una Defensoría Municipal, a cargo de Bernardino Martínez, de la que apenas se tienen noticias y no precisamente porque todo marcha bien: eso de abstenerse de recoger la basura de los contribuyentes morosos, algo que a todos perjudica bastante, podría ser un tema de su interés.

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