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Los sucesivos intendentes y concejales de Asunción parecen ignorar que una de las funciones municipales es la de construir, mantener, limpiar y ornamentar parques y plazas, entre otros lugares públicos. Es que desde hace años se hallan en un estado deplorable, debido a la evidente negligencia de los responsables de que dichos sitios estén en buenas condiciones para solaz de la población, para lo cual se abona una tasa: no se trata solo de una cuestión de estética, sino también de higiene urbana, de defensa del patrimonio municipal y hasta de seguridad ciudadana, dado que no son pocos los desolados “espacios verdes” que están llenos de intrusos.
Un ejemplo elocuente del abandono culposo es el Parque General Bernardino Caballero, depredado por ocupantes que desde hace más de diez años han venido huyendo de las inundaciones para terminar adueñándose del lugar, ante la inacción de las autoridades. La Intendencia tiene el deber legal de preservar los inmuebles municipales, para lo cual puede dictar una “medida de urgencia”, como la recuperación o desocupación de los mismos, según lo dispone la Ley Orgánica Municipal, pero ni el actual intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR) ni sus antecesores han tenido el valor de precautelar unos bienes del dominio público usurpados con toda impunidad, en perjuicio directo de la generalidad de los asuncenos, de hecho privados del uso normal de sus instalaciones.
A diferencia de la también arruinada Plaza de Armas, donde se plantea un conflicto de competencias con la Secretaría Nacional de Cultura, el mencionado parque está a cargo exclusivo de la Municipalidad; no obstante, nada hace y hasta ha tolerado no solo que se haya convertido en un basurero de trece hectáreas y que las obras de infraestructura sean aún más deterioradas, sino también que sus ocupantes de mal vivir amenacen la seguridad de los pocos visitantes y de los atemorizados vecinos, sobre todo en horas de la noche: jóvenes drogadictos generan actos de violencia y recorren casas pidiendo comida, sin que la Policía Nacional intervenga. No se han realizado los proyectos de recuperación del parque, como los anunciados en 2013 por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y en 2017 por Itaipú Binacional; a estas alturas, resulta de lo más ridículo que el exintendente Mario Ferreiro haya prometido, hace cinco años, que la capital del país tendría allí un espacio equivalente al Parque Central neoyorquino.
Ante la inoperancia municipal, unos “Amigos del Parque Caballero” se esfuerzan por rescatarlo como sitio de esparcimiento, denunciar la existencia de un vertedero clandestino aledaño y resumir así el estado de cosas: “No es digno vivir de esta manera; y tampoco justo. Una situación que puede acarrear consecuencias insalubres para todos los vecinos. Cada tanto lo denunciamos, pero nunca hubo una solución real al respecto”. Nunca. El jefe de Gabinete de la Municipalidad, Federico Mora, tuiteó que se realizan tareas de limpieza tres veces al día y que existen “elementos sociales para comprender el todo que escapa al municipio”. No aclaró lo que aquí significa “el todo”, pero no sería arriesgado afirmar que los “elementos sociales” tendrían que incluir a los niños y adultos privados del uso regular de un bien del dominio público municipal, en gran parte privatizado en la práctica. Inclusive, la calle Manuel Gondra, que bordea el parque y que fuera acondicionada para servir de alternativa de ingreso al centro por el costado de la estación del ferrocarril, está a merced de quienes se convirtieron en ocupantes permanentes tras huir de las crecientes.
Los más de ocho mil funcionarios, contratados y jornaleros de la Municipalidad, a los que deben sumarse el intendente y los veinticuatro ediles, siguen siendo incapaces de proteger a los asuncenos: se cruzan de brazos cuando los derechos de quienes les pagan el sueldo y la dieta son vulnerados con todo desparpajo. Inútiles de marca mayor que, con toda certeza, no acostumbran sentarse en una plaza o en un parque; se entiende que así sea, pues sus respectivos asientos deben de ser más cómodos que un banco rodeado de baldosas rotas y de residuos sólidos. Si alguna vez fuera reparado el daño que se está causando día a día al patrimonio municipal, los costos no serán asumidos por sus autores ni por quienes toleran sus desmanes: serán los contribuyentes –víctimas de la incuria municipal– quienes correrán con los mismos. Y conste que hay un defensor municipal llamado Bernardino Martínez, nada recargado de trabajo, según parece.
Los problemas aquí descritos no son nuevos, lo que plantea la grave cuestión de cómo es posible que el actual intendente y varios concejales hayan vuelto a triunfar en los últimos comicios. Quizá convenga que la población asuncena ensaye una suerte de autocrítica, para que la próxima vez se subleve y los castigue en las urnas, de una vez por todas.