Cargando...
Lo que suele ocurrir en el Alto Paraguay en materia de la precaria atención de la salud de la población, ya no asombra a nadie, situación que también se reproduce en otros lugares del territorio nacional. Ahora, una adolescente debió ser trasladada vía aérea desde Fuerte Olimpo hasta Asunción, para que al cabo de más de veinticuatro horas le fuera extraído un feto sin vida, mediante una operación quirúrgica que no pudo realizarse en el Hospital Regional, porque se requerían estudios laboratoriales previos que allí resultaban imposibles. En el otro extremo del país, un hombre mordido por una serpiente tuvo que ser llevado desde General Díaz (Ñeembucú) hasta el Hospital Regional de Pilar, en un vehículo privado, porque el centro de salud del municipio estaba sin un médico de guardia, los sueros antiofídicos habían vencido y la ambulancia se hallaba en la capital del departamento. El hombre terminó internado en Corrientes (Argentina), por decisión de su esposa. En Ciudad del Este, pacientes de la Unidad Oncológica del Hospital Regional protestaron por la falta de medicamentos e insumos –no se recibirían todos los requeridos mensualmente– y exigieron que también se atienda en horas de la tarde, dada la gran demanda de atención médica. Según el doctor José Samudio, jefe de dicha dependencia, el 70% de los enfermos debe someterse a una radioterapia, un tratamiento que –cuándo no– solo se puede brindar en Asunción.
Estas lamentables noticias publicadas solamente en los últimos días, que coinciden en la falta de atención médica en el lugar de residencia del doliente, sea cual fuere el lugar fuera de la capital, ilustran una calamidad que atenta contra el derecho a la vida, inherente a la persona humana. El sistema sanitario que sufre la población –tan desastroso como el educativo– convierte en una burla sangrienta el mandato constitucional de que el Estado proteja y promueva la salud, así como el de que nadie sea privado de asistencia pública para prevenir o tratar enfermedades, pestes o plagas. La corrupción, la ineptitud y la indolencia que suelen reinar en el órgano competente tienen masivas consecuencias letales: se muere por falta de remedios, de médicos o de camas de terapia intensiva: de estas últimas, en el Alto Paraguay no hay una sola, por dar un trágico ejemplo. La pandemia ya terminó, de modo que no pueden seguir atribuyendo a esa causa la falta de infraestructura, medicamentos e insumos para justificar la desastrosa situación del eternamente abandonado sector.
Entretanto, el ministro de Salud Pública y Bienestar Social, Julio Borba, está analizando “concienzudamente” si será o no candidato a senador en los próximos comicios generales, y, mientras tanto, ya está embebido en las actividades propias electorales con sus correligionarios. Dada la indignante situación que reina en el sector que le toca atender, lo mejor sería que renuncie cuanto antes para dedicarse exclusivamente a la campaña electoral y evitar así caer en la tentación de emplear los recursos humanos y materiales del Ministerio, incluso de cara a los comicios internos. Habría recibido un ofrecimiento en tal sentido, lo que induce a preguntarse si se estimó que su gestión es tan brillante que atraería votos, o más bien que el Presupuesto que administra y el plantel con que cuenta podrían ser de mucha ayuda, de entrada, para Fuerza Republicana. No sería arriesgado buscar la respuesta en este último factor, que representa más de 8,223 billones de guaraníes y unos 62.700 asalariados, entre funcionarios y contratados.
Resulta que el drama sanitario no es de reciente data. En tal sentido, tuvo razón el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, cuando no hace mucho habló en Coronel Oviedo de una “deuda histórica” con el sistema sanitario, expresión reiterada poco después por el ministro Borba. Ahora bien, esa deuda no la tiene el pueblo paraguayo, sino la casta política que a lo largo de los años lo ha venido esquilmando mediante el robo y el clientelismo desaforados, incluso en tiempos de pandemia. En la misma ocasión calificó de mentiroso a quien prometa que la salud pública sea “infalible” en cinco años. No se pretende tanto: bastaría con que, al menos, los pacientes puedan ser atendidos en sus lugares de residencia, sin tener que ser trasladados a la lejana Asunción o al extranjero, porque allí donde viven no se puede realizar un análisis, inyectar un suero antiofídico o proveer un medicamento paliativo para el cáncer, la primera causa de muerte prematura en el país.
A propósito, al asumir la Presidencia de la República, Marito prometió avanzar hacia un Sistema Único de Salud, con acceso y cobertura universal, con un enfoque en la medicina preventiva, cercana al ciudadano, para que “ir a un hospital en el Paraguay no se convierta en un drama mayor que la propia enfermedad”. Pasaron casi cuatro años y, aunque no haya prometido un sistema sanitario “infalible”, los tristes hechos permiten afirmar que mintió descaradamente. La salud pública continúa siendo una vergüenza en nuestro país.