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Aunque sea obvio, no está de más recordar que la corrupción prospera gracias a la colaboración del sector privado: quien soborna peca tanto como el sobornado, aunque suela presentarse como víctima de una extorsión. Es necesario condenar al funcionario, pero el peso de la ley también debe caer sobre el particular, que a veces lleva el respetable título de “empresario” y hasta integra organizaciones gremiales que con frecuencia lanzan enérgicos comunicados contra el saqueo del erario. Pero resulta que la doble moral también infecta al sector privado, pues los sujetos obligados que infringen las leyes tributarias se valen de excusas para eludir al fisco. Alegan que solo así podrían sobrevivir al hecho de que otros no paguen impuestos o recurran al contrabando, esto es, delinquen porque otros incurren en una competencia desleal. Otro pretexto suele ser para qué pagar los impuestos si las recaudaciones se derrochan o se malversan, pero ocurre que la evasión fiscal castiga menos al Gobierno que a quienes deben recurrir a servicios públicos esenciales, como el sanitario y el educativo.
El modo más simple de eludir el pago de impuestos consiste en no emitir facturas, una omisión común en un país donde la economía informal es mayor que la formal: se estima que no lo hace el 60% de los comerciantes, práctica favorecida por los clientes que no acostumbran exigir comprobantes. Mucho más sofisticado resulta el ya difundido empleo de facturas “clonadas” usadas por más de un contribuyente, o bien falsas, por servicios nunca prestados, todo lo cual supone una clara intención defraudatoria, en connivencia con dueños de imprentas. Como se ve, son muchas las artimañas a las que recurren empresarios y empresas para eludir sus obligaciones tributarias.
La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) constató y denunció ante el Ministerio Público que en Asunción y en ciudades del departamento Central había nada menos que 22 “firmas” dedicadas exclusivamente a vender facturas falsas o “clonadas”: las proveyeron a 472 empresas contribuyentes registradas en la SET, por un valor total de 110.909 millones de guaraníes, a los que se podrían agregar 60.000 millones, según el agente fiscal Antonio Cabrera. Una suma pavorosa que dejan de abonar ciertos “empresarios” y empresas.
Es obvio que estas sumas habrían sido mucho más elevadas si el operativo “Facturación 3.0″, que incluyó ocho allanamientos, se hubiera extendido a todo el país; no obstante, ya son suficientes para advertir la magnitud que ha alcanzado este delito de guante blanco, que priva de considerables ingresos a un erario cada vez más afectado por el creciente déficit fiscal. Que haya “empresas” que se ocupan de proveer de los instrumentos del hecho punible implica que hay toda una industria al servicio de la evasión de impuestos, castigada con hasta diez años de cárcel cuando se comete en forma continua y mediante comprobantes falsificados. Es hora de que el Código Penal sea rigurosamente aplicado, pese a la dificultad que implica que la Ley N° 4673/12 imponga la prejudicialidad en materia de evasión fiscal: debe existir una resolución administrativa previa, apelable judicialmente; no obstante, el Ministerio Público ya puede actuar cuando la acción penal se funda en delitos autónomos, como la producción de documentos de contenido falso o la asociación criminal, presuntamente detectadas en el caso denunciado. Por este último hecho punible, un funcionario de la SET y un empleado de una firma importadora fueron condenados en 2018 a cuatro y a dos años de prisión, respectivamente.
Un gran evasor impositivo no es más honorable que un gran ladrón, así que debe sufrir las consecuencias de su fechoría, aunque sea un privilegiado contratista del Estado. En tal sentido, es plausible que también la sede luqueña de Engineering SAECA, empresa mimada por el Estado paraguayo, haya sido allanada, pues ello supone que esta vez no se tuvo en cuenta la entrañable amistad entre su dueño Andrés Campos Cervera y Jorge López Moreira, cuñado del presidente de la República, Mario Abdo Benítez. Según el empresario, dicha firma no estaría siendo investigada, sino otra contratada por ella, de lo que se desprende la conveniencia de conocer los antecedentes de un socio comercial.
Desde luego, la sociedad civil debe atender que el dinero de los contribuyentes sea bien administrado y exigir que los corruptos sean perseguidos, pero también es preciso que los operadores del sector privado estén al día con los impuestos y que los evasores sean sancionados. No basta con repudiar el contrabando masivo, entre otras lacras; también hay que poner en la picota a quienes, aparte de eludir al fisco, perjudican seriamente a los que se ajustan a la legislación tributaria. Es llamativo que las grandes organizaciones de empresarios no se manifiesten cuando se pone en entredicho a empresarios y empresas de renombre en algún hecho turbio, sino todo lo contrario. Precisamente, en los últimos días, el presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Enrique Duarte Luraghi, expresó su preocupación porque tuviera estado público un informe de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), pero no demostró preocupación por el descomunal contrabando que, entre otras cosas, se denunciaba en el documento. El dirigente empresarial dio la impresión de querer simpatizar con cierta persona o sector antes que expresar su repudio hacia una actividad ilegal supuestamente condenada con fuerza por el gremio que preside.
Del combate a la corrupción deben participar todos, sector público y sector privado, la ciudadanía toda, y no solo de boca para afuera, con discursos altisonantes, sino con medidas y actitudes firmes, aunque afecten a personas o intereses afines. De lo contrario continuará la farsa de aplicar la ley a ladrones de gallinas, bicicletas o pomelos, o encarcelar a quienes recurren también a la violencia para defenderse de los delincuentes, mientras siguen libres los ladrones de guante blanco. Es hora de desprenderse de las caretas.