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El hecho de que el Ministerio de Justicia haya resuelto sumariar a unos veinte guardias y funcionarios e intervenir el penal de Tacumbú por quince días, tras la fuga de dos presos, la muerte de un tercero y el estallido de un motín, demuestra la inutilidad de medidas similares tomadas en las últimas décadas, tanto allí como en otras penitenciarías. En 2016, la entonces ministra Carla Bacigalupo llegó a declarar por diez meses el “estado de emergencia pública en todos los establecimientos penitenciarios y centros educativos”, lo que iba a permitir incorporar guardias y adquirir bienes sin los procedimientos normales. Empero, nada cambió: aún se recuerdan la masacre perpetrada en 2019 en la cárcel de San Pedro, la fuga de 76 reclusos de la de Pedro Juan Caballero el año siguiente y el sangriento motín desatado en 2021 en la de Tacumbú, con la participación –en todos los casos– de miembros del crimen organizado. No hace mucho, el comandante de la Policía Nacional, comisario general Gilberto Fleitas, habló de la impunidad reinante en las penitenciarías, hasta el punto de encargarse asesinatos a ser cometidos dentro y fuera de sus muros, en el marco de disputas mafiosas. Las prisiones siguen siendo antros de corrupción.
Los sucesivos Gobiernos han sido incapaces de crear las condiciones para que las penas privativas de libertad readapten a los condenados y protejan a la sociedad, como quiere la Constitución. Esta dice que las personas “detenidas” y las “condenadas” deben estar recluidas en lugares distintos, pero ocurre que solo cuatro de los 18 centros penitenciarios están destinados exclusivamente a reos condenados. En enero último, el Ministerio de Justicia informó que más del 70% de los 15.000 reclusos no están condenados, el porcentaje más alto en Sudamérica. La judicatura será morosa o impondrá la prisión preventiva con ligereza, pero lo cierto es que la indiscriminación entre procesados y sentenciados, así como entre criminales y ladronzuelos, contribuye a que las cárceles se conviertan en una suerte de universidades del delito o de centros de reclutamiento para “soldados” de la mafia. A ello se suma el hacinamiento: la penitenciaría de Tacumbú puede acoger hasta a 1.500 internos, pero tiene alrededor de 2.100, pese a que el Código de Ejecución Penal prohíbe que su número supere la capacidad máxima certificada del respectivo establecimiento.
Claro que el hacinamiento no afecta a todos de igual manera, aunque el Código de Ejecución Penal diga que “no se permitirá ninguna forma de discriminación por razones de sexo, raza, nacionalidad, lengua, religión, condición social o filiación política”. Es bien sabido que el dinero sucio juega un papel decisivo en cuanto a las condiciones de reclusión; tan sabido es que de ello se ocupó también la serie documental de Netflix emitida el año pasado bajó el título “Dentro de las prisiones más duras del mundo”, que incluyó a la más importante de nuestro país y no precisamente para halagarla. Allí se maneja mucho dinero, incluso con la compraventa de drogas, favorecida por la arraigada corrupción del personal carcelario. A propósito, el entonces director Jorge Fernández se refirió en 2019 a los “pasilleros” que entran y salen por delitos menores: “se hacen delincuentes por el tema de la droga, roban para comprarla; son casi mil internos bajo un tinglado, ese es su mundo; se les hace limpiar el lugar y después se quedan ahí y comen; están al día a día, para armar cualquier lío”. Los “vip” no soportan condiciones infrahumanas ni consumen crack, sino algún estupefaciente de mucha mejor calidad, gracias a la nada gratuita ni altruista comprensión de quienes deberían vigilarlos.
Dada la magnitud del problema, es absolutamente imposible que el penal de Tacumbú sea saneado en el ridículo plazo de dos semanas, de modo que cabe esperar que se repita la historia de siempre y no solo porque, como afirmó el referido exfuncionario, “acá no hay un lugar donde se estudie para ser director de una cárcel: uno lo va aprendiendo acá”. Por cierto, sus dichos hacen recordar la confesión del actual ministro de Justicia, Édgar Olmedo, expresidente del Instituto Paraguayo del Indígena, al asumir el cargo: “No tengo experiencia en organismos de seguridad”; empero, esperaba adquirirla gracias a los asesores, que “para eso están”.
Así nos va: la ineptitud, la negligencia y –no por último– la corrupción, se conjugan para perpetuar un calamitoso sistema penitenciario, que no sirve para readaptar a los reclusos ni para proteger a la sociedad; al contrario, lo que hace, repetimos, es capacitar en el crimen y proveer de efectivos a la mafia. Pero nada de esto quita el sueño a los que mandan, ahora embarcados en sus respectivas campañas electorales. La cárcel de Tacumbú, en fin, ha vuelto a hacer honor a su pésima fama mundial, para vergüenza de las personas decentes de este país. En síntesis, las autoridades no controlan a los delincuentes que están libres y mantienen en zozobra a la población, y ni siquiera lo hacen con quienes están entre rejas.