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Desde hace décadas, los gobiernos de nuestro país, incluyendo el actual, abandonaron a las poblaciones que habitan ciudades fronterizas. Ese desprecio es comprensible dado que muchos gobernantes de todas las esferas –según palabras de las más altas autoridades– participan del entramado criminal que afecta al país, con énfasis en esas zonas.
Los casos de Pedro Juan Caballero, Capitán Bado y Salto del Guairá son especialmente preocupantes, puesto que los asesinatos ya forman parte de la vida cotidiana de ciudadanos honestos que están abandonados, librados a su suerte por las autoridades que deben darles seguridad. Así lo indica el artículo 9 de la Constitución: DE LA LIBERTAD Y DE LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS: Toda persona tiene el derecho a ser protegida en su libertad y en su seguridad.
La renuncia a la soberanía que hace el Gobierno en favor del narcotráfico pone en riesgo la estabilidad institucional de la república, desde el momento en que tampoco las autoridades legítimamente constituidas pueden desempeñar sus funciones. El último atentado costó la vida al intendente de Pedro Juan Caballero, José Carlos Acevedo, y anteriormente, en otro episodio había resultado herido el hoy fallecido diputado Roberto Acevedo. Resaltan también allí otros resonantes crímenes, como el del empresario y presunto jefe narco Jorge Rafaat Toumani y el del exdiputado suplente colorado Carlos “Chicharõ” Sánchez Garcete, también vinculado con el narcotráfico. A todos esos crímenes deben sumarse los casos de sicariato comunes, como el que costó la vida a Haylee Carolina Acevedo, hija del gobernador del Amambay, Ronald Acevedo, y a otras tres personas.
La Policía Nacional, que debe dar protección a la población y a las propias autoridades, no cumple con eficiencia su misión de prevenir e investigar hechos ilícitos. Es porque está desbordada o complicada. La denuncia del gobernador Ronald Acevedo, hermano del intendente asesinado, manifestada personalmente al ministro del Interior Federico González, señala que la policía está totalmente a disposición de los jefes narcos y que nunca resolvieron ningún caso importante. A eso se agrega que poco o nada también se conoce de la actuación de los jueces y fiscales para desentrañar los graves crímenes.
Resulta indignante que el Departamento de Amambay forme parte de la ley especial de seguridad, a cargo del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI), y su brazo operativo la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), pese a lo cual sean los grupos criminales los que decidan sobre la vida y bienes de la gente. ¿Para qué las fuerzas de seguridad solicitan más recursos permanentemente, cuando que su actuación en favor de la seguridad de la población deja mucho que desear?
En cuanto al comandante en jefe, Mario Abdo Benítez, su silencio se hizo una pésima costumbre, aunque tal vez sea mejor así porque probablemente no sabe absolutamente qué decir ni mucho menos proponer soluciones, lo que indica la falta de rumbo de su Gobierno. Con su apatía fortalece aún más el accionar sanguinario de los grupos del crimen organizado.
Se equivocan las autoridades si piensan que el descontrol quedará solo en las zonas fronterizas. Los criminales han avanzado a lo largo y ancho de todo el país, lo que tiende a volverlo aún más ingobernable de lo que ya está siendo de por sí. La narcopolítica no se circunscribe solo a contar con diputados y senadores cómplices, sino que elimina literalmente a cualquier persona que no responda a su voluntad. En pocos días fueron asesinados un fiscal que investigaba el narcotráfico y un intendente que lo enfrentaba con la palabra.
La degradación de las instituciones y del respeto por la ley aumentan día a día. El Gobierno no gobierna, no descubre a los responsables de los atentados, o los denuncia de palabra pero no hace nada para enfrentarlos.
Los gobiernos olvidan que el Paraguay es un país donde deben imperar la ley y la soberanía exterior e interior. De nada sirve sancionar leyes, firmar convenios, realizar conferencias donde se asumen compromisos cuando no se tiene la convicción o la valentía de tomar decisiones en el campo, que cumplan con la obligación patriótica de hacer respetar la ley, protegiendo a la población, que hoy está en zozobra por culpa de criminales sanguinarios.